Alfonso Guerra apoya el plan del MOPU a favor de los afectados de Promocisa
Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno, mostró su conformidad con el plan propuesto por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo para devolver a sus legítimos propietarios las cantidades entregadas a Promocisa a cuenta de unas viviendas que no se llegaron a construir, según el escrito enviado a la Asociación de Afectados de Promocisa por Carmen García Bloise, diputada socialista por Madrid y secretaria de Organización del PSOE.El escrito de Carmen García Bloise lleva fecha de 7 de diciembre y en el mismo se anuncia también la creación de una comisión encargada de elevar una própuesta definitiva a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Del plan redactado por el MOPU y presentado a Alfonso Guerra, que ofrece varias alternativas de solución, la más razonable para las personas afectadas es la que contempla la creación de una empresa pública que se encargue de terminar las viviendas, que luego saldrán al mercado para su venta. Los afectados podrán optar por recuperar su dinero o por acceder a unos de estos pisos, descontándose las cantidades ya pagadas a Promocisa.
Por otra parte, y según declaraciones del presidente de la Asociación de Afectados José Luis Mansilla, la reciente sintencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Madrid, por la que se condena a la compañía de seguros Eurofensa a devolver las cantidades pagadas por los compradores, no tiene ningún valor, desde el momento en que Eurofensa no existe desde abril de 1981, año en que la Dirección General de Seguros, ante las irregularidades de funcionamiento de la empresa, ordenó su liquidación como empresa.
José Luis Mansilla añadió que ninguna de las cuatro sociedades de seguros que trabajaron con Promocisa son solventes económicamente, "precisamente porque Promocisa tenía que buscar compañías poco escrupulosas. Éste es nuestro razonamiento, y por eso la actuación judicial de la Asociación va encaminada a demostrar la responsabilidad criminal de los directivos de esas compañías, no sólo su responsabilidad civil. Silos jueces consideran que hubo delito, no son las empresas como tales quienes tienen que devolver las cantidades entregadas, sino sus propios directivos, que responden con sus bienes personales".
