Fernando Ledesma subraya la necesidad de que los fiscales se atengan a los criterios del poder ejecutivo

Las jornadas celebradas durante tres días por los miembros de la carrera fiscal han permitido contrastar criterios entre personas de ideología y trayectoria política plural, a fin de homogeneizar el funcionamiento del Ministerio Fiscal y dotarle de un papel más activo en defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y del interés público. En el acto de clausura celebrado en la noche del miércoles en un hotel de San Lorenzo de El Escorial, Madrid, Fernando Ledesma dejó claro que el interés público y social que los fiscales deben promover ha de ser aplicado, en un régimen democrático, según la interpretación del Gobierno.

Los 60 asistentes a las jornadas -entre quienes había ex gobernadores civiles del franquismo y altos cargos del sindicalismo vertical junto a antiguos miembros de Justicia Democrática- aplaudieron el discurso del ministro de Justicia, quien insistió una y otra vez en que no caben en un sistema sometido a la soberanía del pueblo interpretaciones por libre sobre lo que debe entenderse en cada momento por ese "interés público y social" al que los fiscales se deben.Fernando Ledesma resaltó la autonomía funcional del Ministerio Fiscal dentro del Poder Judicial, pero recordó que la defensa del interés público tutelado por la ley y la satisfacción del interés social no puede hacerse desde posiciones abstractas o uniformes, sino que, en un régimen democrático, ha de ajustarse a "la concepción del interés público y social respaldada por la mayoría electoral y expresada en la composición de los poderes, legislativo y ejecutivo".

El ministro de Justicia, que advirtió que prefería leer su intervención para expresar con mayor claridad lo que deseaba decir, no regateó explicitar el papel que al Gobierno corresponde en relación con el Ministerio Fiscal. "Que el poder legislativo o el ejecutivo realicen una determinada interpretación de conceptos que, como el interés público o social, necesitan de por sí ser interpretados, no supone, en consecuencia", dijo, "ninguna invasión de la autonomía funcional o de la independencia de otros poderes del Estado".

Sólo el pueblo es soberano

Las palabras del ministro de Justicia, muy claras en lo que se refiere a los fiscales, entrañaban también un mensaje para aquellas otras instituciones que han defendido su autonomía, o de alguna forma han intentado ejercerla, respecto a la mayoría parlamentaria y a su traducción ejecutiva, esto es, el Gobierno. "Todos los poderes derivan del pueblo y no caben, por consiguiente", dijo, "más poderes autónomos que los que expresan la soberanía popular". El Gobierno es, añadió, la "expresión institucional de la dirección política elegida por el pueblo español".Volviendo a la relación del Gobierno con los fiscales, Ledesma aseguró que el hecho de que "el Ministerio Fiscal asuma la defensa de los postulados sostenidos por el Gobierno no implica la sumisión de la institución al poder ejecutivo". Y para que no quedaran dudas a los presentes, Ledesma estableció las distancias necesarias entre un régimen democrático y uno dictatorial. "El recelo frente al Gobierno", dijo, "es comprensible en regímenes dictatoriales, donde el Ejecutivo emana del poder dictatorial y no representa sino el dictado de quien tiene sometida al silencio y la inacción a la voluntad popular. En tal situación, la oposición a las directrices emanadas del Ejecutivo constituye una elogiable actitud de insumisión a los deseos del poder político arbitrario y sustentado por la única razón de la fuerza".

En cambio, defendió que en un régimen democrático, donde la única fuerza es la razón y el Gobierno expresión de la voluntad popular, "la defensa de las actitudes del poder ejecutivo respetuosas con la legalidad constitucional no es, en realidad, sino la defensa de las concepciones y los intereses que el pueblo soberano ha hecho suyos; la defensa, en definitiva, de la trayectoria que, dentro del marco constitucional, ha elegido el soberano para su futuro".

No al fiscal 'de mesa camilla'

Durante las jornadas, aparte de varias excursiones por los alrededores de El Escorial, acompañados de algunas de las esposas de los fiscales, se planteó la necesidad de una mayor proximidad de los fiscales a los problemas de los ciudadanos. En la ponencia sobre la actuación de oficio, se expresó la conveniencia de que el fiscal tome la iniciativa. Fernando Jiménez Lablanca expresó la necesidad de abandonar la imagen del fiscal de mesa camilla, que esperaba a que llegaran las denuncias, y lograr una fiscalía más activa. Frente a estos deseos, quedó de manifiesto la falta de medios materiales y se pidió que la Policía judicial dependa también de los fiscales.

El fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón, informó a EL PAIS que durante las jornadas no se efectuaron votaciones y que los fiscales habían sentado las bases para un mejor funcionamiento de la fiscalía, que sólo será posible, según dijo, con la futura ley orgánica del Poder Judicial.