Hacienda declara nula una de las últimas órdenes del Gobierno de UCD sobre provisiones para fondos de pensiones

Las sociedades que en el año 1982 declararon como gastos deducibles del impuesto sobre sociedades las cantidades destinadas a proveer fondos de pensiones con los que hacer frente a obligaciones contraídas con sus trabajadores en el momento de la jubilación, tendrán que variar sus planteamientos en este año y si quieren hacer provisiones serán con el recargo del pago del impuesto, según una orden ministerial de Economía y Hacienda recientemente publicada. Los grandes bancos nacionales destinaron el año pasado una importante cantidad de sus beneficios no distribuidos a este capítulo y fuentes de la Asociación Española de Banca Privada (AEB) señalaron que recurrirán contra la orden ministerial.

El entonces ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, dictó una orden -tras el triunfo electoral socialista en octubre del pasado año- que desarrollaba el reglamento del impuesto sobre sociedades, por la que se consideraban como gasto desgravable "las dotaciones que realicen los sujetos pasivos a una provisión para cubrir la responsabilidad derivada de los compromisos con su personal por complementos de pensiones de jubilación, viudedad y orfandad, siempre que por cualquier concepto resulten obligatorios y hubiesen sido asumidos de modo permanente".Algunos meses antes, el gobernador del Banco de España mandó una circular a toda la banca privada -la 16/1982, de 11 de agosto- en la que recomendaba que las entidades efectuaran las oportunas dotaciones a los fondos de pensiones, cajas especiales y seguros en beneficio de los empleados "por los compromisos adquiridos con su personal, en función de los cálculos actuariales pertinentes". El convenio colectivo de la banca privada que entró en vigor el 1 de enero de 1980 establecía la obligación de las instituciones financieras privadas de complementar las pensiones de los trabajadores -con antigüedad anterior a esa fecha- el 100% de los haberes percibidos.

El exceso de personal en el conjunto del sector financiero y la innovación tecnológica ha provocado que en los últimos ejercicios los bancos privados promocionaran la baja voluntaria de varios miles de trabajadores, acogiéndose a la jubilación anticipada. La circular del Banco de España tenía como objetivo presionar a la banca para que fuera constituyendo fondos especiales con los que cubrir las crecientes cantidades de recursos que se iban a necesitar en los próximos ejercicios, ante el auge de las jubilaciones anticipadas como fórmula para reducir costes laborales.

Los bancos, por su parte, presionaron en el Ministerio de Hacienda para que estos recursos fueran reconocidos como gastos necesarios y, por lo tanto, deducibles a la hora de hacer la declaración del impuesto sobre sociedades. El hecho de que se consideren desgravables estos gastos o no, significa que en el primer caso no hay que satisfacer ninguna cantidad por ellos y que, en el segundo, se encontrarían sometidos a un gravamen del 33%. Antes de que se hiciera el cambio de Gobierno el Ministerio de Hacienda introdujo en el Boletin 0ficial del Estado una orden aprobada el día 3 de noviembre de 1982 por la que se reconocía que estas dotaciones eran gastos desgravables.

Un mes más tarde, los principales bancos nacionales, al presentar el balance y cuenta de resultados del ejercicio, incluían en una de las partidas cantidades importantes destinadas al fondo de pensiones: el Banco de Vizcaya destinó 2.500 millones de pesetas; el Popular 833 millones, el Central hizo una provisión general a fondos especiales de 8.500 millones de pesetas, de los que una cantidad correspondían a provisiones para pensiones.

Los seguros contraatacan

Ante esta situación, y a la vista de que los bancos podían instituir y controlar ellos mismos una especie de fondos de pensiones, la patronal del sector del seguro, Unespa, entendiendo que con ello se esfumaba una parte importante del negocio futuro de las entidades aseguradoras -claramente vinculadas en su mayoría al sector bancario-, presentó un recurso de reposición contra la orden ministerial. A mediados del pasado mes de abril, el Ministerio de Economía y Hacienda estimó el recurso de Unespa declarando que la Orden de 3 de noviembre de 1982 "es nula de pleno derecho".Fuentes bancarias han señalado, aparte de que la AEB recurrirá contra la nulidad de la orden, la sorpresa en el sector porque se haya publicado la resolución del Ministerio de Economía y Hacienda el Boletin Oficial del Estado, ya que se entendía alcanzado un acuerdo para que no se hiciera pública antes del cierre del ejercicio actual.