La resaca de una noticia

LA SENTENCIA del Tribunal Constitucional desestimando el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley de expropiación de Rumasa no puede ni debe ser comentada hasta el conocimiento puntual de la misma, si se quiere hacer un análisis riguroso. Valga como primera reflexión que la sentencia debe ser acatada y aceptada, como es lógico, por todas las instituciones y personas dispuestas a que la convivencia política y civil de la sociedad española se desenvuelva en el marco del Estado de derecho trazado por la Constitución de 1978, que hoy conmemoramos. Acatamiento que no empece la crítica. Las consecuencias económicas y el alcance social de la expropiación de Rumasa, la gravedad de la medida tomada por el poder ejecutivo, el posterior desvelamiento de las irregularidades del holding, el exilio voluntario, el procesamiento y las declaraciones de José María Ruiz Mateos y las implicaciones políticas de la decisión admiten muchas valoraciones, todas ellas respetables. Una sentencia jurídica no tiene por qué levantar un coro de unanimidades. Pero la diferencia entre un sistema democrático y cualquier otra forma de organización política es el acatamiento por todas las fuerzas sociales y por los ciudadanos de las decisiones adoptadas por quienes tienen la legitimación para hacerlo.Al margen, pues, la sentencia misma, sobre la que entraremos cuando sea puntualmente conocida, merece una reflexión la insensata campaña que se ha puesto en marcha para desprestigiar al Tribunal Constitucional cuando se sugiere que su decisión es el resultado de presiones o intimidaciones del Gobierno o de otras instancias. De manera totalmente incongruente, esa ofensiva desestabilizadora incorpora a su innoble causa una absurda interpretación del adelanto realizado por EL PAÍS el pasado domingo, cuando la sentencia había sido ya firmada, era un hecho irreversible y sólo el anexo de los votos particulares demoraba su publicación. La historia del periodismo está repleta de primicias informativas de este género. Hoy ha sido EL PAÍS, y mañana será otro medio quien obtiene una noticia. Saltar de ahí a la histeria, reclamando cabezas y acusando nada menos que de perjuros -como algún colega ha hecho- a los magistrados del tribunal nos parece tan ridículo que resulta incomprensible.

No llegamos a comprender cómo puede desprestigiarse al Tribunal Constitucional porque un periódico obtenga una buena información. Antes contemplamos que está siendo desprestigiado de forma intencionada o irresponsable. A lo largo de las últimas semanas, EL PAÍS ha cerrado sus columnas a cierto tipo de presiones subliminales sobre el Tribunal Constitucional, que disfrazaban sus objetivos intoxicadores con apariencias informativas y que han recibido profusa atención en otros medios -en su derecho están, por lo demás- Sólo cuando la sentencia estaba firmada hemos adelantado el sentido del veredicto, su gestación y su fundamentación jurídica esencial, de acuerdo con las informaciones que seis diferentes personas de esta redacción han podido obtener y contrastar. En cambio, no salió en nuestras páginas el rumor, de intención claramente descalificadora, sobre la imaginaria entrevista que habrían celebrado el presidente y vicepresidente del Tribunal Constitucional y el presidente y vicepresidente del Gobierno para guisarse y comerse la sentencia, rumor que ha circulado por la Prensa española con asombrosa desenvoltura. E incluso las conclusiones de los dictámenes encargados por la familia Ruiz-Mateos a diversos abogados, lógicamente favorables a su cliente, han sido presentados como verdades jurídicas incontestables. La noticia sobre un hecho ya producido es algo deontológicamente bastante distinto de las elaboraciones periodísticas en las que las conjeturas son presentadas como informaciones y los juicios de valor suplantan a los juicios de realidad. Las noticias no desprestigian a nadie. Los bulos tratan de hacerlo, pero tampoco lo consiguen si quienes los lanzan son conocidos ya en el mentidero.

Si la sentencia del Tribunal Constitucional debe ser acatada, una de las formas de desacatarla es arrojar infundios y acusaciones gratuitas contra los magistrados. Una pelea menor y de amor propio entre profesionales de la información no debería tener la desmesurada consecuencia de afectar al prestigio de una institución básica de nuestra Monarquía parlamentaria.