Socialistas y comunistas franceses se reúnen para limar sus diferencias
Los dirigentes máximos de los dos partidos base del Gobierno de izquierda francés, socialista y comunista (el tercero, de presencia muy minoritaria, es el Movimiento de los Radicales de Izquierdas), se reúnen hoy para intentar superar las divergencias profundas que los separan al analizar la política del presidente de la República, François Mitterrand. A pesar de sus actitudes, contradictorias en lo fundamental, no parece llegado el momento de la ruptura.Cuando, en mayo de 1981, tras la victoria electoral de Mitterrand, los comunistas fueron llamados por este último para participar en el Gobierno, el Partido Comunista francés (PCF) y el Partido Socialista (PS) firmaron un contrato de gobierno.
Lo que ocurre, dos años y medio más tarde, es que aquel contrato, aquel programa, en lo fundamental, se ha revelado ilusorio e irrealizable. Y Mitterrand lo ha reemplazado por otro. A regañadientes, una mayoría de los socialistas digieren una política que, de ser conducida por la derecha, condenarían por reaccionaria. Pero los comunistas, sin abandonar el Gobierno, hacen de sus críticas el maná de cada día.
Por esto es por lo que el propio Mitterrand, sirviéndose del PS como intermediario, ha forzado esta cumbre, presidida por el primer secretario del PS, Lionel Jospin, y por el secretario general de los comunistas, Georges Marchais. Los objetivos de ambos son claros y opuestos. Jospin, corno Mitterrand, quiere que los comunistas se callen, por considerar que tanta crítica a la política gubernamental desacredita al Gobierno, a la coalición y al presidente de la República. Marchais, a su vez, dirá que va a callarse, pero al mismo tiempo continuará haciendo de la contestación el alimento de su identidad.
El PCF desaprueba lo más definitorio de la política interior y exterior de Mitterrand. En el plano interior denuncia la política económica, la social y la industrial. Los comunistas desearían una estrategia de crecimiento económico y no quieren oír hablar de pérdida del poder adquisitivo y maldicen que el Gobierno se haya negado a subvencionar a tumba abierta las minas nacionalizadas, con 6.000 millones de francos de pérdidas en 1983. En el terreno diplomático, el PCF está siempre más al lado de la política de la URSS que de la de Francia.
Extradición a Italia
En otro orden de cosas, Francia accedió ayer a la demanda de extradición, presentada por Roma, de Elisabeth Grasso, militante del Grupo Comunista Revolucionario y detenida en territorio galo el pasado septiembre. La acusación por la que está encausada en Italia es la de dar refugio a fugitivos, concretamente, a dos miembros de su organización que asesinaron a dos policías paramilitares en octubre de 1982.
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