Divergencias entre Obras Públicas y Agricultura sobre la ley de Aguas

El actual Gobierno se comprometió hace muchos meses a presentar una nueva ley de Aguas antes de que finalizase el presente año. Dicha ley está, desde hace meses, prácticamente ultimada, pero roces y diferencias de opinión entre el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) y el de Agricultura (más una inferior parcela correspondiente a Industria y abastecimientos urbanos) ha hecho que, en la actualidad, una ley básica para el primer problema de ínfraestructura nacional, que representa el agua en sus distintos usos consuntivos: abastecimiento y saneamiento de núcleos urbanos e industriales, turísticos y de aprovechamiento agrícola, esté tropezando actualmente con dificultades de coordinación y ajuste de primer orden.La vigente ley de Aguas nos sitúa hoy, un siglo después de su promulgación, ante un probiema cuyas causas principales podrían ser, según el director general de Obras Hidráulicas, J. M. Hernández, las siguientes: principios legales, definidores del carácter jurídico, público o privado del agua, que no están adoptados en su ciclo natural, y segundo, la tecnología hidráulica, que resulta rudimentaria frente a la actual. La vigente ley sólo considera caudales fluyentes, mientras que' en el momento actual la mayoría de los caudales que se utilizan son regulados. El régimen rígido de preferencia en el otorgamiento de las concesiones, contrario a intereses actuales del país. El importante tema de la calidad del agua, que en la vieja ley apenas se trata. La estructuración legal de los usuarios en los aprovechamientos colectivos, que resulta insuficiente en la actualidad, y la extraordinaria profusión de textos legales complementarios de la anciana ley de Aguas.