La retirada de placas a la Guardia Civil fue debida a presiones de sindicatos policiales

La decisión del Ministerio del Interior de ordenar la retirada "inmediata" de las placas acreditativas que debían repartirse entre los miembros de los servicios de información de la Guardia Civil de toda España fije motivada por la presión de los sindicatos policiales ante el Gobierno, y no por el hecho de que, según algunas fuentes, las chapas llevaran grabada la palabra Policía.Esas polémicas acreditaciones, que motivaron hace una semana la protesta de los representantes sindicales de la policía, sólo llevaban grabadas en su anverso las palabras Guardia Civil y Servicios de Información; y en su reverso, el número personal del guardia. La postura oficial del ministerio intentaba esconder, pues, un serio conflicto de competencias entre estos dos cuerpos de seguridad.

El Ministerio del Interior envió a los servicios de información de la Guardia Civil unas placas acreditativas para repartirlas entre los investigadores que pertenecen a ese cuerpo de seguridad, quienes deberían exhibirlas a partir del 1 de enero (véase: EL PAIS del pasado día 12). La noticia, que evidenciaba una vez más el intento gubernamental de potenciar a la Guardia Civil, era un reconocimiento externo de las funciones de este cuerpo como policía judicial.

El pasado viernes se recibió una comunicación en todas las comisarías en la que el director general de la Guardia Civil José Antonio Sáenz de Santa María, explicaba que había ordenado la retirada de las placas.

Policía judicial

Los sindicatos policiales criticaron en su día al ministro y solicitaron la retirada inmediata del nuevo documento metálico. Esa placa acreditativa ha puesto de relieve las diferencias que existen entre los inspectores del Cuerpo Superior de Policía y los miembros de los servicios de información de la Guardia Civil, que en el fondo se centran en una. sola cuestión: cuál es la legítima policía judicial de las ciudades.Para los policías, la Guardia Civil debe operar tan sólo en los ámbitos rurales y nunca pisar las calles de las grandes ciudades, que deberían quedar reservadas para los inspectores; del Cuerpo Superior de Policía. Para los guardias civiles, su trabajo en las grandes ciudades se justifica por la existencia de órdenes judiciales, que legalizan sus actuaciones como policía judicial, por las normativas que les autorizan a actuar de paisano en cualquier punto del territorio, y por el argumento de que las ciudades son el refugio obligado de buena parte de los delincuentes que actúan en las zonas rurales.

Esta situación ha originado dobles servicios, con el consiguiente peligro de enfrentamiento entre inspectores y guardias, y el encubrimiento de ínformaciones, sobre todo las relacionadas con actuaciones terroristas. El enfrentamiento entre ambos cuerpos ha llegado a tal punto que ahora, en puertas de un conflicto colectivo en el seno de la policía, son muchos los inspectores que opinan que "si vamos a la huelga, los servicios de información de la Guardia Civil intentarán limpiar las calles de las ciudades para demostrar que ellos son la mejor policía judicial".