Los socialistas pretenden acelerar el debate de la ley de Educación para que pueda entrar en vigor el próximo curso

El Grupo Parlamentario Socialista y el Ministerio de Educación están dispuestos a que el proyecto de ley orgánica del Derecho a la Educación (LODE) esté aprobado por las Cortes antes del 15 de marzo próximo, con el fin de evitar lo que consideran maniobras dilatorias del Grupo Popular y de los nacionalistas vascos con el fin de impedir que la ley pueda aplicarse el próximo curso escolar 1984-1985. El Grupo Popular ha anunciado su propósito de recurrir ante el Tribunal Constitucional, lo que puede retrasar la entrada en vigor de la ley al menos por espacio de seis meses a partir de su aprobación por el Senado.

Los intentos de demora se han materializado, según fuentes socialistas, en las largas intervenciones de Óscar Alzaga durante los debates de la ponencia, que ya han experimentado una prolongación fuera de programa de 10 días, y, más recientemente, en los plantes del representante del Partido Nacionalista Vasco, Iñigo Aguirre; del parlamentario de Alianza Popular Francisco Soler Valero, y del propio Óscar Alzaga, del Partido Demócrata Popular, ambos ex diputados de Unión de Centro Democrático.Francisco Soler Valero señaló ayer a EL PAIS que no volverán a integrarse a los trabajos de la ponencia de educación del Congreso mientras el Grupo Parlamentario Socialista no dé "alguna muestra de buena voluntad". La mejor muestra de esta buena voluntad, entiende Soler Valero, sería otra nueva prolongación de los debates de la ponencia, "porque cada línea de este proyecto de ley es vital", dijo el diputado aliancista, "y porque, sencillamente, no queremos ir a uña de caballo, como pretenden los socialistas".

Los tres diputados que han abandonado los debates de la ponencia se incorporarán nuevamente a las tareas parlamentarias del proyecto de ley de educación en su fase de comisión. Los protagonistas del plante entienden que el hecho de que las comisiones se celebren a puerta abierta y, por tanto, con presencia de periodistas, les dará la oportunidad de que sus discrepancias respecto a la LODE lleguen a la opinión pública, en contra de lo que ocurre en ponencia, donde, según Valero, "todo parece reducirse a un diálogo dé sordos, en el que ellos (los socialistas) se lo guisan y ellos se lo comen".

Sin embargo, para los socialistas, detrás de todas estas iniciativas del Grupo Popular se esconde el deseo de los democristianos del PDP y de los nacionalistas vascos de impedir que la ley de educación esté aprobada por el Parlamento antes del 15 de marzo. "Si las Cortes aprueban la LODE después de esa fecha", argumentó un portavoz del Ministerio de Educación, "no habría tiempo material para que pudiera aplicarse el próximo curso".

El Tribunal Constitucional

Los portavoces del Grupo Popular anunciaron en el pleno que debatió las enmiendas a la totafidad de este proyecto de ley que presentarían recurso de inconstitucionalidad en cuanto la LODE sea aprobada por el Pleno del Senado. Dado que se estima que el Tribunal Constitucional puede necesitar un mínimo de seis meses para pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la LODE, si la Cámara alta aprueba el proyecto más allá de mediados de marzo la ley no podría aplicarse para el curso escolar 1984-1985. De ahí los intentos de retraso de populares y diputados vascos, cuya coincidencia en las enmiendas al proyecto del Gobierno les han llevado a adoptar una posición conjunta, y las prisas del Grupo Parlamentario Socialista.

"Están intentando demorar la ley desde que entró en el Congreso", dijo ayer a este periódico el encargado de temas de educación del PSOE, Salvador Clotas. Después de que la LODE se viese en el Pleno del Congreso, los ponentes del Grupo Popular pidieron al presidente de la ponencia, el socialista Rafael Ballesteros, que se aplazase aproximadamente un mes la celebración de su primera reunión. "Alegaron entonces", recuerda Salvador Clotas, "la complejidad del proyecto de ley y el gran número de enmiendas que tenían que estudiar. Estaba claro que se trataba de una maniobra dilatoria, ya que las enmiendas de la oposición", añadió Clotas, "son conocidas desde el debate de la ley de centros docentes de UCD".

A los socialistas les resulta especialmente incongruente la postura de los diputados vascos, puesto que las únicas modificaciones importantes que la LODE ha experimentado en el trámite de ponencia han sido precisamente para descentralizar las competencias. Estas modificaciones introducen la creación de un nuevo órgano, llamado Conferencia de Consejeros, cuya misión es realizar, junto con el representante del Ministerio de Educación, la programación general de la enseñanza.