Vecinos de Labacolla impiden desde hace 20 días ampliar una pista de aterrizaje

Al igual que ocurriera con la ocupación de terrenos destinados a la autopista del Atlántico o a la mina de lignitos de Meirama, en Cerceda (La Coruña), los paisanos de Labacolla -una parroquia que da nombre al aeropuerto central de Galicia- han forzado con su presencia física en la obra la paralización de los trabajos en tanto no les sean abonadas las cantidades que la Administración acordó pagarles en su día.Un simple trámite burocrático derivado de la necesidad de que los propietarios acrediten su titularidad mediante la inscripción en el correspondiente registro es, en apariencia, el único punto de fricción que divide a los afectados y el Ministerio de Transportes, toda vez que ambas partes están de acuerdo en el importe de las indemnizaciones. El propio consejero de Obras Públicas de la Xunta, Ángel Mario Carreño, al que los afectados recurrieron como mediador, apoya las razones de los expropiados al asegurar, en carta dirigida al ministro de Transportes, que el porcentaje de fincas inscritas en Galicia en el registro de la propiedad "es mínimo".

Esta situación de hecho se reproduce en el caso de las 472 fincas afectadas por la expropiación de Labacolla, aeropuerto que actualmente canaliza el 80% del tráfico aéreo gallego y, previsiblemente, el único de la comunidad autónoma que la Administración calificará como de interés general.

De acuerdo con las líneas generales de una política que incluye la potenciación de un solo aeropuerto de carácter regional en cada comunidad, el Ministerio de Transportes inició en 1980 los trámites de urgencia, ocupación de los terrenos destinados a la ampliación de la actual pista de vuelo, la construcción de una pista de rodadura y la mejora de los sistemas de ayuda a la navegación.

Las negociaciones entre dos y Administración concluyeron con relativa rapidez, una vez que los primeros decidieron aceptar "como mal menor", según explica su portavoz, José Luis Quintela, el fallo del jurado provincial de expropiaciones favorable a la oferta de 400 pesetas por metro cuadrado hecha por el Ministerio. Las esperanzas de una rápida gestión en el pago de las indemnizaciones, sustentadas por el inmediato ingreso de las cantidades a abonar en la Caja General de Depósitos, se vieron, sin embargo, defraudadas en junio de este mismo año, cuando las empresas adjudicatarias iniciaron los trabajos preparatorios de la obra. Las quejas de los vecinos fueron atendidas entonces por el ingeniero jefe de expropiaciones de la zona norte, Antonio Rúa, quien prometió el pago en un plazo inferior a un mes.

Goteo interrumpido

El compromiso fue cumplido únicamente de modo parcial con el abono de 50 millones de pesetas sobre un total aproximado de 300 millones. "Pagaron", dice José Luis Quintela, "las fincas más pequeñas, en una especie de goteo que pronto se interrumpió".Cuando el rápido avance de las obras de relleno amenazó con sepultar las pocas casas habitadas de la aldea de Amarelle, los vecinos decidieron que la interrupción de los trabajos era el único camino para forzar a la Administración al cumplimiento de sus obligaciones de pago. El 26 de octubre un grupo de afectados cruzó sus tractores en el camino que recorrían habitualmente los camiones encargados del transporte de tierra para el relleno de la nueva pista, lo que impidió continuar la obra.

La presencia de la Policía Nacional, que intentó sin éxito la detención de los obstrucionalistas, noconsiguió variar la determinación de los vecinos, de Labacolla, que durante las últimas tres semanas se han turnado en retenes para impedir la continuación de los trabajos, pese al frío y la lluvia.

La comprensión hacia su postura que los afectados encontraron en el delegado del Gobierno, Domingo García Sabell, no tuvo paralelo, sin embargo, en la actitud del gobernador civil de La Coruña, Domingo Ferreiro, quien recordó en una nota oficial que la inscripción de los terrenos en el registro de la propiedad es un requisito imprescindible para el pago de las indemnizaciones.

Las personas afectadas insisten en que la ley de Expropiación Forzosa no incluye ese trámite específico y recuerdan que el jefe de expropiaciones, Antonio Rúa, se comprometió a aceptar declaraciones juradas de unos vecinos en favor de otros como garantía de propiedad.