El Gobierno aprobó los proyectos de defensa del consumidor y sobre objeción de conciencia

Los proyectos de ley sobre defensa de los consumidores y objeción de conciencia junto con un real decreto que establece las reales ordenanzas del Ejército de Tierra, fueron aprobados ayer por el Consejo de Ministros. Los españoles que sean reconocidos como objetores de conciencia, según el texto que el Gobierno ha decidido enviar a las Cortes para su tramitación, quedarán exentos del servicio militar y estarán obligados a prestar servicios en actividades de utilidad pública que no requieran el empleo de las armas.

El proyecto de ley sobre objeción de conciencia regula la misma en tres aspectos fundamentales: su reconocimiento, la determinación de los sectores en que prestarán servicios los objetores y la fijación del plazo de tres meses de la entrada en vigor para la constitución del organismo que determina la aplicación de la ley.El reconocimiento de la objeción se encomienda a un Consejo Nacional de objeción de conciencia que presidirá un magistrado y en el que estarán representados como vocales los ministerios de Justicia y Defensa. También formará parte del mismo un vocal designado por el ministro de la Presidencia entre objetores que hayan cumplido la prestación de carácter social que sustituye al servicio militar. El ministro de la Presidencia determinará los sectores en que prestarán servicios y se señalan como prioritarios los de protección civil, mejora del medio rural, de la naturaleza y, del medio ambiente, asistencia y promoción a los sectores más necesitados, incluida la rehabilitación de alcohólicos y toxicómanos.

Estas actividades se realizarán preferentemente en entidades estatales, aunque también podrán realizarse en las que no lo sean, siempre que no tengan fines lucrativos y no favorezcan opciones políticas o religiosas concretas. En tiempo de guerra las actividades de los objetores serán necesariamente de protección y defensa civil. La prestación social sustitutoria será de un tiempo no inferior a 22 meses ni superior a 30. El proyecto también regula las penas en que incurrirán quienes rehusen cumplir las prestaciones que sustituyen al servicio militar o las incumplan. El enjuiciamiento de estas conductas corresponderá a la jurisdicción ordinaria.

Desaparición de antecedentes

La ley, según el proyecto del Gobierno, se aplicará, asimismo, a los actuales objetores mediante una serie de disposiciones que dejen sin efecto, con desaparición de antecedentes, las condenas de quienes las tuvieran por negativa a la prestación del servicio militar. Durante el tiempo en que los objetores realicen las labores que se les encomienden tendrán los mismos haberes que los soldados en filas y conservarán los mismos derechos laborales que el resto de los soldados.El proyecto de Ley general de Defensa de los consumidores, que fue presentado a los medios informativos por el ministro de Sanidad y Consumo, Ernest Lluch, enumera los derechos de consumidores y usuarios y protege especialmente los que guardan relación directa con productos o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado por las familias, la infancia o la tercera edad. La ley elaborada por el Gobierno entiende que merecen una mayor protección los sectores indicados, porque son los más indefensos. El, contenido de las reglamentaciones técnico-sanitarias se concreta a cuestiones clave como la utilización de aditivos, el control de productos tóxicos y sus mezclas, la prohibición de venta a domicilio de bebidas o alimentos, la exigencia inexcusable del Registro General Sanitario y el establecimiento y seguimiento de campañas y actuaciones programadas de control de calidad, como garantía de la salud.

El portavoz del Gobierno, en la ampliación de la referencia de lo tratado por el Consejo, manifestó que el Ministerio de Defensa explicará en conferencia de prensa el contenido de las reales ordenanzas del Ejército de Tierra.