El terrorismo, ante el Congreso

HOY CONOCERÁ el Congreso los planes del Gobierno para mejorar la eficacia de las acciones emprendidas contra las bandas terroristas. Los crispados momentos y las emociones desatadas por el monstruoso asesinato del capitán Alberto Martín se hallan en los orígenes de la convocatoria de este pleno. Sin embargo, ETA no había cejado en su acoso desde la investidura de Felipe González. La larga y dolorosa lista de atentados y asesinatos de este período así lo testimonia.Es posible que el Gobierno socialista creyera al comienzo de su mandato que las puertas del infierno terrorista no podrían prevalecer contra la nueva mayoría. Tal vez esa confianza inicial les hiciera bajar la guardia o infravalorar los peligros en los primeros momentos. Cabe especular, así, sobre omisiones en el terreno de las presiones diplomáticas y errores en Ja reorganización de los servicios de información y policía. Las débiles esperanzas en una tregua de las diferentes ramas terroristas mostraron su carácter ilusorio al fracasar, en parte por culpa del propio PSOE, la iniciativa de Garaikoetxea de convocar una mesa de la paz.

Las informaciones disponibles dan fundamento para suponer que el Gobierno ha desistido de adoptar algunas medidas antiterroristas que a corto plazo sólo tendrían efectos propagandísticos, y que a medio y largo plazo serían contraproducentes. Sugerencias acaloradas de declarar el estado de excepción, reclamar la intervención militar o prolongar nada menos que hasta 20 días el plazo de detención preventiva antes de pasar al juez para los sospechosos de ser miembros de bandas armadas han estado sobre la mesa del Gobierno. También la ilegalización expresa de Herri Batasuna y de los partidos que forman la coalición, situados actualmente en una especie de limbo de alegalidad, ilegalización que sólo conduciría a una crispación mayor en el cuerpo social del. País Vasco. Finalmente, la guerra sucia -alguno de cuyos métodos parece estar usando el Gobierno- es un recurso prohibido a cualquiera que crea en la superioridad política y ética de los sistemas democráticos y que se halle comprometido en la defensa de sus valores. Pero además la experiencia señala que el terrorismo institucional -baste con el ejemplo de Argentina- no sólo rebaja a los que lo practican a la misma mísera condición moral de las bandas armadas, sino que les condena a una segura bancarrota política.

En cualquier caso, estas noticias que llegan -y que esperemos se confirmen hoy- de que el Gobierno ha decidido juiciosamente renunciar a las rentas de una escenificación espectacular pero inútil de la lucha antiterrorista no significan que pueda resistirse por completo a las presiones encaminadas a exigirle que confirme con gestos visibles -eficaces o no- su obvia voluntad de oponerse a las bandas armadas. Según parece, las medidas ideadas que hoy debatirá el Parlamento serán judiciales, penitenciarias, procesales y penales. En el ámbito judicial se ampliarían las excepciones al principio general de territorialidad de la ley penal, a fin de perseguir las extorsiones y acciones de los terroristas en el extranjero, y se tratarían de modificar las prácticas de extradición con otros países. En el terreno penitenciario, las precauciones adoptadas para garantizar la seguridad de los funcionarios pueden castigar indirectamente a los familiares de los reclusos y poner en cuestión los principios de la reforma penitenciaria. En el campo procesal, las medidas para aplicar el período máximo de prisión preventiva no necesitan, a nuestro juicio, modificación alguna de las leyes. En el ámbito penal, la equiparación del militar con la autoridad en casos de atentado permitiría utilizar el tipo penal agravado que se emplea cuando las víctimas son miembros de las Fuerzas de Orden Público. Los ultrajes a la bandera cometidos por cargos públicos serían sancionados más severamente. La realidad es que, a la postre, el Gobierno se encuentra con el hecho de que existen leyes más que poderosas -y algunas hasta dudosamente constitucionales para luchar contra el terrorismo, y que no se trata de modificarlas si no es para acallar la hidra golpista o la tribulación popular por la escalada terrorista. Pero sería un error peligroso que el Gobierno recorriera la pendiente del pánico en esta cuestión.

Esta pendiente se insinúa en la decisión de perseguir con mayor rigor, y bajo la expectativa de penas más severas, los llamados delitos de apología del terrorismo. Una vez más es preciso señalar que la indeterminación y vaguedad de ese tipo delictivo conculcan, a nuestro juicio, los principios constitucionales de legalidad y de seguridad jurídica. El Código Penal había considerado siempre la apología del delito -tal y como la define el artículo 566- como una simple falta. La elevación a delito sustantivo de "la apología pública" de las conductas o actividades de las personas "integradas en grupos o bandas organizados y armados y sus conexos" trata vanamente de encerrar dentro de los límites del derecho penal fenómenos Jurídico-políticos de difícil definición, y para cuya denuncia el ministerio fiscal carece de criterios fijos y seguros. Por lo demás, la experiencia de la llamada ley de Defensa de la Democracia enseña que no son este tipo de amenazas las que logran vencer al terrorismo, sino las que agitan sus aguas. El Gobierno no está obligado a ofrecer milagros en su lucha contra ETA, pero está, en cambio, obligado a no cometer equivocaciones en su respuesta represiva. Esperamos y deseamos que este sea el ánimo con que hoy comparece ante las Cortes.