Vuelve la censura

José Luis Romero, gobernador civil de Badajoz, ha ratificado su arbitraria decisión de impedir al periodista José María Pagador la entrada en las dependencias del gobierno civil y de negarle información procedente de fuentes oficiales. La Asociación de la Prensa de Badajoz se ha solidarizado con el redactor del diario Hoy (que ha recurrido ya a los tribunales en defensa de sus derechos) y ha condenado públicamente la actitud del gobernador civil, digno émulo de aquellos jerarcas del anterior régimen que dedicaban buena parte de su tiempo a intimidar a los periodistas locales -y a tratar de salir favorecidos en las fotografías de primera página de la prensa de la capital. Con esta arrogancia, José Luis Romero se confiesa dispuesto a reconsiderar esas medidas punitivas, a medio camino entre el castigo impuesto por un director de colegio a un alumno díscolo y la sanción aplicada por el responsable de una agrupación de partido a un militante hetedoroxo, si el periodista corrige su insolente actitud. Pero ocurre que el gobernador civil de Badajoz no es el prefecto de un internado ni el cabecilla de barrio de un grupo político, con poder suficiente para obligar al alumno a confesar sus pecados o al militante a hacerse la autocrítica, sino el titular de un cargo público pagado por los contribuyentes y sometido en su ejercicio a las normas de un sistema democrático.Algún día será necesario plantearse los problemas que crea a la racionalidad del Estado la supervivencia de la figura del gobernador civil en las comunidades autónomas pluriprovinciales, donde la representación de la Administración central es encomendada a un delegado del Gobierno. El nuevo diseño de distribución territorial del poder, que ha añadido un cuarto nivel autonómico a los tres previamente existentes (delegaciones periféricas de la Administración central, diputaciones y ayuntamientos), corre el riesgo de producir un hacinamiento disfuncional y oneroso de competencias por su empeño en conservar organismos superfluos. Pero el caso del gobernador civil de Badajoz resulta demasiado chusco para merecer los honores de suscitar ese debate. Ante esa intolerante pataleta, basta y sobra con recordar el artículo 9 de nuestra norma fundamental, según el cual "los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico", que incluyen entre sus mandatos la igualdad de todos los españoles ante la ley y el derecho de cualquier ciudadano a expresar y difundir libremente ideas y opiniones y a comunicar o recibir libremente información veraz, y se garantiza "la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos".

La prepotente actitud del irritable José Luis Romero resultaría una anécdota simplemente grotesca si no fuera porque el grupo socialista del Ayuntamiento de Badajoz ha respaldado esa insensata medida y porque el poder ejecutivo no ha intervenido todavía para rectificar tanta majadería. Hace sólo un año, sin embargo, los militantes del, PSOE realizaron una resonante campaña electoral para popularizar un programa de gobierno del que pueden extraerse algunas citas pertinentes al caso. "Los socialistas insistimos en el protagonismo de la sociedad. El Estado pertenece constitucionalmente a los ciudadanos. No corresponde a ninguna burocracia, ni civil ni militar. Cuando esto se olvida, los intereses burocráticos se anteponen a los verdaderos intereses públicos, los aparatos burocráticos crecen mas allá de lo razonable, se derrochan los recursos públicos, se debilita la creatividad de la sociedad y se tiende a llevar al ciudadano a una actitud pasiva de beneficiario o asistido". Se diría, sin embargo, que algunos políticos han cambiado drásticamente de opinión desde el 28 de octubre y han resuelto sustituir como objetivo de su gestión el bien de los administrados por el bienestar de los administradores.