El empresario José Domínguez ingresó en Carabanchel acusado de supuesta malversación de caudales públicos

El empresario José Moisés Domínguez Saiz, implicado en el nuevo escándalo descubierto sobre Rumasa, ingresó el pasado día 28 de octubre en la prisión madrileña de Carabanchel por, orden del juez, acusado de "supuesto delito de malversación de caudales público", según supo ayer este periódico de fuentes judiciales. En este escándalo está también implicado el policía Juan José Medina, sobre quien se han confirmado nuevas pruebas que van más allá del entorno de Rumasa.

Existe constancia en el Ministerio del Interior de que el policía Medina se interesó por un informe sobre la vida privada del titular del departamento, José Barrionuevo, y de que entre la documentación hallada cuando fue detenido figuraban alrededor de 30 fichas fotográficas de miembros del desaparecido Servicio Central de Documentación (Seced), del almirante Luis Carrero Blanco, una de las cuales corresponde al actual jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, coronel Andrés Casinello Pérez.Estas pruebas, unidas a otros datos conocidos en las últimas horas, presentan cada día más complicado este asunto, que, al parecer, ha estado a punto de ser declarado "materia reservada", dada su complejidad. La reserva oficial, sin embargo, sigue siendo la misma. De momento hay dos detenidos: el propio Medina y el empresario Domínguez (véase EL PAÍS de ayer), ambos en situación de prisión. El primero, por gozar de régimen aforado, está en la comisaría de Carabanchel, donde permanece incomunicado; y el segundo, en la prisión de este mismo barrio madrileño. Las diligencias sobre este último las ha llevado el juzgado de Leganés.

El primero de los datos obtenidos por este periódico apunta a un encuentro que el empresario José Moisés Domínguez sostuvo semanas atrás en un puesto de bebidas de la Casa de Campo madrileña con un hijo de José María Ruiz-Mateos, al que le había dado cuenta de la situación del policía Medina tras su detención. El propio José María Ruiz-Mateos reveló a EL PAÍS desde Londres este encuentro y manifestó que inmediatamente lo puso, en conocimiento de su abogado.

El segundo dato gira en tomo al punto de partida de la incorporación del policía Juan José Medina, entonces destinado en la brigada de Interior, a las investigaciones sobre Rumasa. Fuentes policiales de toda solvencia indicaron que poco antes de la intervención estatal del holding de la abeja se recibió en la brigada de Interior un soplo sobre una operación de contrabando de alcohol, procedente de Andalucía, que se iba a llevar a cabo en Madrid en el mes de junio, y cuyo importe podía oscilar entre los 2.000 y 3.000 millones de pesetas.

La brigada de Interior, entonces dirigida por el subcomisario Mariano Baniandrés, encargó a Mediria la investigación de esta supuesta operación, cuya consumación se desconoce. Fue a partir de estas investigaciones sobre contrabando y fraude de alcohol cuando Medina comenzó a iniciar sus contactos, que le llevaron a indagar en otras áreas, siempre relacionadas de una forma u otra con su primitiva investigación. En esta dirección están, por un lado, las investigaciones sobre Rumasa, y por otro, las de ciertas actividades de tipo involucionista.

Otras implicaciones.

Precisamente el subcomisario, Baniandrés, en fechas en que todavía mostraba su apoyo público a Medina, hizo unas declaraciones a la revista Tiempo en las que revelaba que este policía "descubre una partida de muchos millones, dinero de Rumasa, con un destino sospechoso, que creemos es con fines involucionistas", y añade que "hay un asunto importantísimo y de suma gravedad que también estábamos a punto de averiguar. Un asunto de Estado que no puedo ni siquiera nombrar, pero cuya trascendencia es gravísima".

Lo cierto es que, al margen del escándalo descubierto en tomo a Rumasa, existen otras implicaciones, todas ellas relacionadas con el momento de su detención, que complican aún más la envergadura del caso. Concretamente, cuando se le detuvo le fueron ocupados tres clichés, donde aparecen más de 30 fichas fotográficas correspondientes a los miembros del antiguo Servicio Central de Documentación (Seced) de Presidencia del Gobierno, departamento creado por el almirante Luis Carrero Blanco y que estuvo dirigido por el ex coronel José Ignacio San Martín, actualmente en prisión por su participación en el 23-F.

Entre las personas que figuran en estas fichas se encuentra el actual jefe del Estado, Mayor de la Guardia Civil, Andrés Casinello Pérez. La mayoría de las fichas pertenecen a miembros de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de la Seguridad del Estado, lo que produjo, tras su descubrimiento, un gran revuelo en los ministerios de Defensa e Interior, con todo tipo de especulaciones sobre el destino de esas fichas.

En distintos despachos del Ministerio del Interior se tiene constancia, asimismo, del contenido de una cinta que incluye una grabación que la actual brigada de Interior le hizo en su día a Medina, en la que se revela el interés del citado policía por obtener de una segunda persona un informe sobre la vida privada del ministro del Interior, José Barrionuevo. Esta cinta está en poder de la policía, y su contenido ha sido puesto en conocimiento de los principales mandos del ministerio. Tanto su existencia como el descubrimiento de las fichas de los miembros del Seced fueron confirmados a EL PAÍS por un alto responsable policial, en presencia de un importante colaborador del ministro Barrionuevo.