¿Están contentos los empresarios con el Gobierno, socialista?

Las consecuencias de esta percepción -sin entrar ahora en si responde o no a la realidad- son variopintas: hay quienes utilizan el contento empresarial como síntoma de que el Gobierno socialista realiza una política económica moderada y aun conservadora; otros, especialmente desde la óptica sindical, lo utilizan como arma contra el Gobierno, al considerar -de modo tan simplista corno demagógico- que una política del gusto de los empresarios tiene que ir forzosamente en contra de los intereses de los trabajadores.Es importante una clarificación a este respecto, y a ello van dirigidas las reflexiones que siguen, sin ánimo, naturalmente, de agotar el tema.

En primer lugar, hay que preguntarse cuáles son los parámetros de contento o descontento empresarial. Simplificando mucho, podríamos decir que el empresario, para tener motivos de optimismo, necesita dos cosas:

1. Una situación, actual o previsible, de reactivación económica, en que la iniciativa privada juegue un papel preponderante.

2. Un clima de confianza.

Examinemos, someramente, el panorama que se nos ofrece en orden a la reactivación. La situación ole estancamiento en que nos hallamos es difícilmente superable si no hay un renacimiento de los }mercados y unas expectativas razonables de beneficio. En efecto, lo primero que hay que decir es que la falta de inversión por parte ole los empresarios tiene su profunda raíz en la debilidad de la demanda que la crisis económica mundial lleva consigo y en la espectacular disminución de los beneficios empresariales. Es harto elocuente el siguiente dato: entre 1973 y 1981, el porcentaje del beneficio neto sobre los fondos propios, según el último estudio de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) sobre 206 empresas, cayó desde el 23,4% al 3%. Este panorama es ajeno al signo de los Gobiernos que se han sucedido, y esta es, precisamente, una de las matizaciones que el empresario honesto no puede dejar de hacer: la crisis de las empresas es, ante todo, consecuencia de la crisis económica, y no culpa del Gobierno.

Ahora bien, ocurre que la contracción de los mercados obliga a poner especial énfasis en la productividad y competitividad de las empresas. Y aquí sí empieza a ser especial la dirección en que se mueven la política económica y la política laboral, decisivas en el comportamiento de los costes empresariales.

¿Contribuye la actuación de este Gobierno a crear confianza en el sentido expresado? Esta es la pregunta crucial, en cuya respuesta hay que hacer cuidadosas distinciones.

Luces y sombras

La primera de ellas consiste en separar lo que son actuaciones que directamente inciden en la vida económica -las que normal mente se engloban bajo la rúbrica de política económica- de aquellas otras que, sin afectar de manera inmediata a las decisiones empresariales a corto plazo, condicionan su papel en la sociedad futura o, expresado también en términos al uso, afectan a la filosofía misma de la libre empresa. Sobre la política económica en curso, podríamos resumir así el punto de vista empresarial:1. Los esfuerzos por dominar la inflación, como punto de partida para restablecer la posibilidad de crecimiento, merecen una valora ción positiva por parte de los em presarios.

Merece también una valoración positiva la actual preocupación gubernamental -por desgracia, inexistente hace meses y por ello no operante en 1983- de restar protagonismo a la política monetaria y acrecentar el peso de la política salarial y de la política presupuestaria.

2. Frente a lo anterior, el efecto combinado de la presión fiscal -que empieza a ser no sólo penalizadora del ahorro y de la inversión, sino también del trabajo- y del crecimiento desorbitado del gasto público -coincidiendo con cotas desconocidas de ineficacia en el funcionamiento del sector público- amenazan con echar por tierra los efectos de una política macroeconómica correctamente orientada.

El crecimiento de los gastos improductivos, el incremento en el número de empleados públicos, la frecuente politización de amplios sectores de la Administración y el progresivo deterioro en las cuentas de las empresas públicas son datos significativos de la falta de racionalidad del sector público, convertido hoy en el agente económico dominante.

Con este simple balance de aspectos positivos y negativos miente quien diga que los empresarios están contentos. Cuestión distinta es que los empresarios, con absoluta objetividad y al margen de valoraciones políticas, alaben cualesquiera esfuerzos que nos permitan, diferenciales de inflación y estructuras productivas capaces de alinearnos con los países que inician una cierta reactivación.

Hasta aquí lo que podríamos llamar diagnóstico de síntesis sobre la política económica. Pero subrayaba antes que en la confianza empresarial tienen un componente decisivo las expectativas de desarrollo futuro de la libre empresa. Y es aquí donde las incertidumbres, lejos de despejarse, se acrecientan. En efecto, al margen del crecimiento del sector público como agente económico, el panorama social dista mucho de ser tranquilizador.

Desde la óptica de las libertades, se predica un desarrollo de éstas, pero se sigue una política efectiva de creciente control estatal sobre instituciones y cuerpos sociales, de la que dan fe la constante aparición de pequeñas -o grandes- guerras entre el poder político y quienes no se someten al cercenamiento de sus libertades, sean individuales o colectivas.

Es en este terreno del papel futuro de la libre empresa donde el empresario no está, en absoluto, contento, espectador como es de otras facetas de la vida social en que la libre iniciativa sufre mermas, y también de parcelas de la propia vida económica en que se aprecian contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace.

Resumiendo, el clima de confianza no existe y, en su ausencia, el grado de satisfacción de los empresarios ante una determinada política económica será siempre relativo en el grado y poco eficaz en el relanzamiento de nuestra economía.

es secretario general del Círculo de Empresarios.