El Gobierno endurece el trato penal a los terroristas y exigirá a Francia que los considere delincuentes comunes

El Consejo de Ministros aprobó ayer un conjunto de medidas de naturaleza penal, procesal, penitenciaria, de cooperación jurídica internacional y gubernativas para hacer más eficaz la lucha antiterrorista. El presidente del Gobierno, Felipe González, explicará estas medidas ante el pleno del Congreso, el próximo jueves. El ministro de Justicia señaló, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Gabinete que el Gobierno español exigirá a Francia que considere a los terroristas delincuentes comunes, y no políticos. Asimismo, se establecen agravantes especiales en los delitos cometidos por los terroristas contra miembros de las Fuerzas Armadas, o cuando se hace apología de la rebelión o el terrorismo.

El Consejo también aprobó la reforma de la Ley Orgánica de la Defensa, en la que serán modificados cinco artículos, lo que supone entre otras cosas un reforzamiento de las funciones del presidente del Gobierno y del ministro de Defensa en la dirección de las Fuerzas Armadas.Fernando Ledesma, expuso en la conferencia de prensa las líneas generales de lo que serán las nuevas medidas antiterroristas. El mnistro de Justicia recordó que algunas de estas medidas ya han sido puestas en práctica, y afirmó que el conjunto de las que van a someterse a la aprobación del Parlamento están previstas por el actual ordenamiento jurídico, y todas ellas tienen por objeto asegurar la paz y las libertades para los españoles. Ledesma afirmó que estas son las actuaciones propias de un Estado de derecho y que sólo en algunos casos significan la incorporación al ordenamiento jurídico de técnicas diferentes.

Respecto a las medidas de tipo penal, expuso que se establecerá una agravación especial para las penas previstas en los delitos cometidos por el terrorismo, incluso en los supuestos en que no concurran circunstancias agravantes. Serán también de especial agravación las penas derivadas de los atentados a las Fuerzas Armadas, y en los casos de ultrajes a la nación española y sus símbolos se considerará igualmente especial agravación cuando los autores de los delitos ejerzan cargos públicos.

Cuando se realice apología de la rebelión o del terrorismo a través de los medios de comunicación social u otras manifestaciones, se ejercerán todas las facultades de la legislación vigente. A tal efecto ya han sido cursadas instrucciones al Ministerio Fiscal. El ministro insistió en que serán culpables de estos hechos cuantos sean corresponsables de la difusión de tales apologías.

En materia procesal las medidas a adoptar facilitarán la persecución en España de delitos contra españoles cometidos por españoles o extranjeros en el extranjero. El ministro, para aclarar este extremo, puso como ejemplo la extorsión realizada en múltiples casos para la percepción del llamado impuesto revolucionario. Esta medida conllevará la reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial. También se ampliarán las facultades jurisdiccionales para aplicar la prisión provisional incondicional en los casos en que por delitos terroristas sea procedente.

Herrera de la Mancha

De acuerdo con las facultades reconocidas por la Ley General Penitenciaria, los ministerios de Justicia e Interior han acordado otorgar las funciones de custodia y vigilancia de la cárcel de Herrera de la Mancha a los cuerpos de seguridad del Estado. En este establecimiento serán concentrados los presos pertenecientes a bandas armadas. La custodia del mismo por las fuerzas de seguridad se establece con carácter temporal, y no supone que los funcionarios de prisiones sean relevados de las labores que les corresponden.El Gobierno reclamará a Francia la correcta aplicación del convenio de Ginebra de 1951 sobre el estatuto del refugiado. Según el convenio, tal condición debe negarse a quienes han cometido graves delitos comunes. El ministro afirmó que "los delitos del terrorismo son comunes y bajo ningún concepto pueden ser considerados como de tipo político. Los delitos en este caso atentan contra las finalidades y los principios de las Naciones Unidas". Se trata, en definitiva, afirmó Ledesma, de exigir de Francia, idéntico trato que concede a otros países y en concreto a La República Federal de Alemania.

Serenidad y firmeza

El ministro reiteró que el presidente del Gobierno hará mayores precisiones sobre estos temas en el Congreso, y concluyó diciendo que "estas medidas están tomadas desde la más absoluta y completa serenidad, con la firmeza que da la seguridad de que con ellas se está garantizando la democracia y que son en todo caso medidas que garantizan la paz, la tranquilidad de todos los ciudadanos y el cumplimiento riguroso del ordenamiento jurídico y de la ley, qué es algo propio de todo Estado democrático de derecho como el nuestro".Posteriormente, el ministro de Justicia en la conversación que mantuvo con los informadores, afirmó que el Gobierno ha reiterado varias peticiones de extradición a Francia realizadas por el Gobierno anterior, y que hasta el momento no han sido denegadas, pero tampoco se han obtenido respuestas afirmativas. Dijo también que el Código Penal tiene prevista la ilegalización de determinadas asociaciones. Respecto al trato diferenciado que se ha establecido para los atentados cometidos contra miembros de las fuerzas armadas, afirmó que el tema no ha sido consultado previamente con la Junta de Jefes de Estado Mayor.