40 madrileños vuelcan cada día sus quejas y sinsabores en los recién estrenados teléfonos de la Oficina del Consumidor
![Amelia Castilla](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F83eab636-590a-4a48-ba33-a198b9cdc5a0.png?auth=a3f0808c02733da03621462833f77364ec49d13f8280591946c906beffc76a9c&width=100&height=100&smart=true)
La Oficina Municipal de Información al Consumidor, situada. en la madrileña calle de Sacramento, número 7, se ha convertido al cabo de 10 días de funcionamiento en un pequeño consultorio, al que llaman una media de 40 madrileños cada jornada, con la esperanza de que se solucione alguno de sus problemas cotidianos, o simplemente con la intención de ser escuchados por alguien. La función del servicio es, sin embargo, proporcionar a los usuarios la información, formación y orientación necesarias para que en el consumo y uso de bienes y servicios esté garantizada la defensa de la salud.Pese a los principios fundacionales de la oficina, que está integrada en la Dirección de Servicios de Consumo, del área de Abastos y Mercados, lo inverosímil y lo anecdótico se dan cita todos los días en los teléfonos que atienden los funcionarios municipales. "Oficina del consumidor, buenos días", responde una voz de mujer a todas las llamadas. A continuación se suele desarrollar un pequeño relato de sinsabores. El consumidor llama o se persona en la oficina, cuyo servicio es gratuito, con la intención de presentar una reclamación de índole diversa.
En un local de paredes blancas y estanterías metálicas y funcionales, un jefe de negociado, un inspector de abastos y dos auxiliares administrativas responden a todas las llamadas. Un jurista y un veterinario completan la plantilla de una oficina que está empezando a funcionar y que cuenta, por toda biblioteca, con los volúmenes que recogen la legiglación existente sobre consumo y alimentación, las ordenanzas municipales que regulan la comercialización de productos y el Boletín Oficial del Estado.
Problemas de todo tipo
El cuerpo de inspectores de abastos, integrado por 43 funcionarios, y una agrupación de la Policía Municipal, colaboran también con la oficina del consumidor en las misiones que se llevan acabo en los mercados y establecimientos de consumo.En muchos casos, los funcionarios recogen llamadas sobre problemas de difícil relación con sus competencias. Yolanda López llamó a la oficina del consumidor porque la tintorería Robles le había devuelto un traje de chaqueta en dos tonos de blanco completamente distintos. "Mire", le responde una de las auxiliares, "está a punto de crearse una asociación de tintoreros, que probablemente solucione todos los problemas que se plantean con estos establecimientos. Por el momento, lo único que podemos hacer, puesto que no existe ninguna reglamentación al respecto, es actuar como mediadores entre usted y el propietario de la tintorería y tratar de que se llegue aun arreglo".
Un ama de casa de Móstoles quiere presentar una reclamación porque ha comprado un edredón por 14.000 pesetas "que se ha quedado hecho un churro al lavarlo", sin que en la etiqueta se señalara ninguna contraindicación. Otra señora, que acaba de alquilar un apartamento, quiere presentar una denuncia contra su vecina, que se dedica a la prostitución. Ella asegura que se ve obligada a observar desde su apartamento "el desagradable espectáculo de la recepción de los clientes". Un ciudadano, que se niega a dar su nombre, quiere denunciar que acaba de ver a un perro haciendo aguas en una cesta de pan.
A veces cuestiones como esta: una emisora de radio acaba de prometer un premio para la primera persona que llame a la radio y facilite el precio de la gasolina normal; esa mañana hubo varias llamadas a la oficina del consumidor para conocer con exactitud el precio del combustible.
Desde la oficina del consumidor, cuyo horario es de 9 a 14 horas, ya se han levantado algunas actas de inspección a partir de las reclamaciones presentadas por fraudes alimentarios. Los encargados del servicio. se ponen en contacto, asimismo, Con las compañías o empresas sobre las que pesan reclamaciones, cuando la cuestión excede de las competencias municipales. La competencia directa del ayuntamiento se limita a la imposición de multas por infracciones como adulteración y encarecimiento ilegal de los alimentos.
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