La campaña de Obras Públicas contra pisos oficiales desocupados comienza a dar frutos
Tres personas han renunciado a los pisos que en su día les fueron adjudicados por la Delegación Provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) y que no habían llegado a ocupar. Comienza a dar frutos, así, la campaña de moralización emprendida por la delegación provincial, que ha iniciado la inspección de todos los pisos de construcción pública en Madrid y pueblos de la provincia en los que existe ni polígonos oficiales. Una de las personas que ha renunciado al piso es Julia de los Santos, funcionaria adscrita a la secretaría del propio director provincial.
La inspección de la Delegación Provincial se ha terminado ya en el polígono Puerta de Madrid, en Alcalá de Henares, donde de un total de 1.560 viviendas inspeccionadas, se han encontrado más de 200 casos irregulares, referidos fundamentalmente a ventas ilegales y pisos no ocupados.Santiago de la Fuente, director provincial del MOPU, firmó el pasado 7 de septiembre un oficio por el que se advertía a Julia de los Santos, administrativa adscrita a la secretaría del propio director provincial, que debía ocupar, en calidad de domicilio familiar, el piso situado en la calle de Faustina Peñalver, 13, que le fue concedido por el anterior director, Juan José Bertolo, en la fecha del 15 de diciembre de 1981, y que permanece vacío todavía. Desde esa fecha, otras dos personas, de las que se desconoce su identidad, decidieron voluntariamente presentar también la renuncia a sus viviendas.
15 días después de que se adjudicara a Julia de los Santos el piso de promoción pública de la calle Faustina Peñalver, Juan José Bertolo autorizó un permiso de no ocupación, basándose en el artículo 14 de la ley de Viviendas de Protección Oficial, que establece que los pisos deben ser ocupados en el término de 30 días después de la entrega de llaves, "salvo que medie justa causa .
Julia de los Santos declaró a este periódico que su salario como administrativa en la delegación asciende a unas 40.000 pesetas mensuales, lo que, sumado a las 80,000 pesetas que viene a percibir su esposo, completa unos ingresos familiares al mes de unas 120.000 pesetas. La familia habita un piso alquilado, modesto, en el número 9 de la calle de Gutenberg. Su situación de precariedad, según sus propias palabras, le llevó a solicitar y obtener la vivienda en cuestión, pero los médicos que atienden a su hijo Alfonso, que desde pequeño padece una minusvalía profunda que no le permite moverse por si mismo, le recomendaron que no se cambiara de domicilio en tanto aquél no mejorara. El caso de la funcionaria adquirió cierta trascedencia por la condición laboral de la implicada y porque dio origen a un escándalo que podía salpicar a las autoridades provinciales. El piso en cuestión fue ocupado, por el sistema de la patada a la puerta, por una familia que se consideraba más necesitada y que fue desalojada tras una denuncia.
