Los grupos políticos harán una proposición conjunta sobre los símbolos autonómicos

Los tres grupos representados en la Asamblea autonómica de Madrid acordaron ayer elaborar una proposición de ley común sobre el himno, la bandera y el escudo que tendrá la Comunidad de Madrid. Esta proposición de ley definirá si los símbolos autonómicos pedidos por el Gobierno regional son aceptables o tienen que ser variados.La sesión de la Asamblea celebrada ayer comenzó con una declaración institucional en la que se condenaba el asesinato del capitán de Farmacia Alberto Martín.

Tras esta declaración, José López, en nombre del Grupo Popular, presentó una proposición no de ley por la que se pedía al Gobiemo autonómico que renunciara "a su indiscutible derecho a presentar un proyecto de ley de Bandera, Escudo e Himno". Esta renuncia sería el paso previo para el estudio de la documentación existente por parte de una comisión de parlamentarios. Esta comisión podría pedir cuantos informes considerara necesarios a organismos y estudiosos.

Joaquín Leguina, presidente del Gobierno autonómico, manifestó que el Gobierno regional había encargado la elaboración de los símbolos a personas autorizadas. "El consejo de gobierno quiere saber si esa documentación es utilizable por los grupos parlamentarios. Nuestra voluntad es la de no embarrancarnos en esta ley".

El portavoz socialista, Marcos Sanz, presentó una enmienda a la totalidad en el sentido de que deben ser los grupos políticos,. y no una comisión, los que -tienen que establecer los acuerdos pertinentes una vez asumida la parte del camino ya andada".

Lorenzo Hernández, en nombre del PCE, manifestó su satisfacción por lo que consideró una rectificación del PSOE en el procedimiento seguido e introdujo una enmienda a la enmienda socialista que deja más claramente expresado que serán los grupos políticos los que elaborarán una proposición de ley sobre los símbolos antes de que el tema sea sometido a trámite parlamentario.

Por otra parte, el Grupo Popular acusó ayer al Gobierno regional de cometer abuso de poder y realizar funciones que no son de su competencia con la promulgación de un decreto sobre régimen presupuestario de la Comunidad de Madrid, cuando el estatuto de autonomía establece que el tema será objeto de una ley que tendrá que aprobar la Asamblea.