La deuda del sector eléctrico supera los 2,2 billones de pesetas

El Ministerio de Industria y Energía, con motivo de la subida de las tarifas eléctricas decretada por el Gobierno la pasada semana ha elaborado un informe sobre la situación de las compañías del sector y las previsiones de resultados para 1983, según informa Europa Press. En el documento se cifra la deuda del sector en 2.234.809 millones de pesetas y se estima que el dividendo equivaldrá al 9,88% neto para el accionista, lo que supone un 11,75% bruto si se tiene en cuenta la deducción del 16% en concepto de impuesto sobre rentas del capital. Sin embargo, Martín Gallego, secretario general de la Energía y Recursos Minerales afirmó que "el ministerio no ha elaborado ningún informe específico sobre el endeudamiento, amortización dividendos... de las eléctricas".

De acuerdo con los datos citados por la agencia, la Administración no prevé un cambio en la política de dividendos de las compañías eléctricas, pese a que el ministro de Industria, Carlos Solchaga, en varias intervenciones públicas haya expresado su preocupación por el deseo del sector de mantenerla a toda costa. Solchaga, en una conferencia de prensa cele brada el 9 de mayo, llegó a expresar su satisfacción porque Iber duero redujera sus dividendos con cargo a 1982 hasta el 7% cuando la media del sector fue del 10%.El estudio de la Administración cifra en 2.234.809 millones de pesetas la financiación ajena acurnulada hasta el año en curso con un coste financiero de 329.675 millones, teniendo en cuenta ya la depreciación de la peseta frente al dólar durante 1983.

Fuentes solventes del sector energético resaltaron que en el documento, y por primera vez, se reconoce como coste la globalidad del impuesto de sociedades que deberían pagar las empresas eléctricas, sin tener en cuenta las desgravaciones a la inversión. Estas desgravaciones se han venido deduciendo anteriormente en el capítulo de costes, redundando en beneficio del consumo, en lugar de favorecer la inversión.

Las mismas fuentes destacaron la importancia de una partida: los 300.558 millones de pesetas gastados por las empresas en combustibles, en un momento en que el Gobierno pretende reducir la dependencia nuclear en favor de otras fuentes de energía.

Por su parte, según denunció ayer Alianza Popular en un comunicado, el parón nuclear acordado por el Gobierno en el último Consejo de Ministros costará 40.000 empleos. Según la nota, detrás de la paralización de las obras de las centrales nucleares pertenecientes a la llamada tercera generación- se esconden oscuras razones de política inconfensable de partido. Para los aliancistas, la decisión del Gobierno es contradictoria con la política anunciada de generar empleos, ya que se reconoce implícitamente que el crecimiento económico no superará el 1,5% ó 2% en los próximos años, y la demanda eléctrica el 3,3%. Con estas tasas de crecimiento será imposible, dice AP, crear los 800.000 puestos de trabajo prometidos por el PSOE y el Gobierno.

Críticas a derecha e izquierda

Por su parte, Carlos Solchaga, ministro de Industria y Energía, declaró ayer en la clausura del Primer Salón Nacional de la Bici-Moto, que se ha celebrado en Valladolid, que "ralentizar o retener transitoriamente el programa de construcción de centrales nucleares es una decisión valiente y difícil; digo dificil porque desde la derecha, quienes representan determinados intereses, y desde la izquierda, quienes no tienen la madurez suficiente para entender lo que significa el papel de las industrias eléctricas en el conjunto de la economía nacional, va a criticar fuertemente al Gobierno", según informa L. M. de Dios.

El ministro afirmó que la paralización del programa nuclear se debe a que éste estaba basado en su totalidad en estudios que señalaban qué la demanda de energía eléctrica iba a aumentar el 6% en el período 1979-89. "En los años que han transcurrido esta demanda ha crecido, salvo en 1982, sólo en una tasa anual acumulativa del 1,5%. Este año está creciendo en un 4% pero por desgracia va disminuyendo en los últimos meses. El plan energético, para bien o para mal, prevé que la demanda eléctrica no va a crecer más allá del 4%. Si esto se produce, como indican los estudios, existe una parte importante del programa nuclear que no tiene cabida en España porque son inversiones redundantes que harían que las grandes empresas eléctricas estuvieran invirtiendo cantidades crecientes de dinero para algo que no iba a tener la tasa de rentabilidad adecuada".

Tras señalar que era necesario limitar el programa por estas circunstancias, Solchaga afirmó que "la parte del programa que está en tela de juicio y que se halla paralizada importa dos billones de pesetas, mientras que las inversiones realizadas son de 500.000 millones de pesetas; evidentemente es mejor un error de 500.000 millones que otro de dos billones". Solchaga indicó que el Gobierno había realizado su estudio con datos facilitados por las propias empresas y había adoptado la decisión de paralizar el programa nuclear "en base a argumentaciones serias y eficaces y no por consideraciones de sesgos ideológicos o de otra índole". "Pero, si la economía va por otros caminos distintos a los que indican lo estudios, tiempo habrá para revisar el programa al alza si esto fuera menester".