Terrorismo e información

CON LA frustración que acompaña irremediablemente a la cesión ante un chantaje y con las dudas que siempre arrastra cualquier decisión moral en situaciones complejas, EL PAÍS inserta hoy en sus páginas un comunicado de ETA-VIII Asamblea ya difundido en periódicos vascos y emisoras de radio y a cuya publicidad informativa condiciona la organización terrorista la devolución con vida de¡ capitán Alberto Martín, secuestrado hace más de una semana. Televisión Española informó ayer de la existencia, de ese mensaje, resumió los puntos esenciales de su contenido y se comprometió a transmitirlo íntegro, "por razones exclusivamente humanitarias", una vez que el secuestrado sea puesto en libertad. Sorprende, en cualquier caso, que haya sido el Consejo de Administración del Ente Público, y no su director general, quien haya refrendado ese acuerdo.La aceptación de un chantaje de ese tipo, que viola los principios básicos de la libertad de expresión, contradice los criterios del Gobierno, apoyado en este punto por la casi totalidad de las fuerzas democráticas, sobre la publicación de comunicados de los terroristas. La teoría de que, a la larga, la erradicación del terrorismo exige, como una condición necesaria, el rechazo de cualquier tipo de extorsión realizado por esas bandas criminales posee serios argumentos a su favor y no puede ser despachada a la ligera. Ni siquiera es seguro que ETA-VIII Asamblea considere suficiente la publicación del comunicado para respetar la vida del secuestrado, dado que también exige otras condiciones relacionadas con el juicio de Berga -"posicionamiento claro y concreto" de las instituciones y fuerzas políticas vascas- de irrealizable cumplimiento. A la inversa, pudiera igualmente darse el caso de que los terroristas, suceda lo que suceda, no se atrevieran a cumplir su siniestra amenaza. No creemos, por lo demás, que la publicación del comunicado en las actuales circunstancias pudiera dar lugar a que se exigieran responsabilidades penales a los difusores, amparados por la figura técnico-jurídica de una clara eximente.

La decisión de publicar o no el comunicado se enfrenta, así pues, con un dilema real cuyos términos compiten en carga negativa. Cualquier elección, por lo demás, tiene que partir del hecho de que los argumentos favorables, aunque sean más numerosos o resulten cualitativamente más importantes- que los adversos no hacen desaparecer las razones en contra, que continúan pesando sobre las conciencias. El rechazo de cualquier forma de extorsión terrorista, la defensa de la libertad de expresión, las dudas razonables sobre la eficacia de la cesión ante el chantaje, el respeto por la legalidad del Estado democrático (algo muy distinto del arrogante principio de autoridad retóricamente enarbolado por ciertos portavoces), la repugnancia ante el contenido del comunicado y la sensación de regalar una victoria psicológica a los secuestradores son factores que mueven a la negativa. Pero en el otro platillo de la balanza se halla, nada más y nada menos, una vida humana en peligro. Nuestra decisión de publicar el comunicado de ETA-VIII Asamblea, por muy criticable que pudiera resultar desde otros puntos de vista, procede exclusivamente de la valoración del drama del secuestrado, de la solicitud realizada por su familia y del deseo de contribuir -aunque sea con moderado escepticismo- a la posibilidad de salvar una vida. Porque mientras los terroristas de distinto signo han convertido el desprecio por la existencia humana en dogma teórico y en guía práctica de acción, para los demócratas, la vida de todas las personas, incluidos los violentos, constituye un bien sagrado.

Pero aunque los terroristas puedan ejercer con éxito su infame extorsión en el ámbito informativo, no lograrán hacer callar las voces que condenan su crimen y que ponen en evidencia la insensatez supina, de sus sanguinarias ideas. Los comunicados de ETA-VIII Asamblea de 7 y 13 de octubre constituyen, en este sentido, un paradigma de las falacias y de las contradicciones con las que los terroristas tratan usualmente de justificar sus brutales actuaciones. El cultivo del eufemismo (el secuestro es un arresto, y el secuestrado, un rehén alternativo o un detenido) y el retorcimiento de la expresión (al servicio de una altisonante y desventurada jerga doctrinaria) no consiguen ocultar las aparatosas grietas de una ideología que combina la demencia a la hora de captar la realidad con el doble lenguaje a la hora de formular juicios de valor. Resulta, así, que los comunicados protestan por el carácter. militar y el significado político del proceso de Berga, pero, a la vez, se jactan de la "estructura operativa" -sinónimo de comando armado que secuestró al capitán Alberto Martín y de su propia "dinámica armada político-militar". No acaban aquí las paradojas. Los terroristas, que se asombran de la dureza de las desorbitadas penas solicitadas por el fiscal, están dispuestos, sin embargo, a aplicar la pena capital al secuestrado en el supuesto de que instancias ajenas al caso -Televisión Eepañola, las instituciones y las fuerzas políticas vascas- no cumplan las condiciones que les son dictadas con la vida de un hombre como precio. De añadidura, las habituales denuncias contra los malos tratos que reciben los terroristas detenidos resultan conciliables con la tortura -moral o física- que el capitán Alberto Martín ha padecido en "el interrogatorio al que ha sido sometido" y del que ha salido con "un fuerte derrumbe moral". De creer a los terroristas, el juicio de Berga encierra un "trasfondo revanchista y coactivo" y constituye "un ajuste de cuentas" del Ejército. ¿Pero hay una coacción mayor que la que puede sufrir un secuestrado amenazado con la muerte? ¿Pero hay un ajuste de cuentas y un revanchismo más villano que ese secuestro? Quienes protestan contra la falta de garantías procesales en la jurisdicción militar ¿no reparan siquiera en la monstruosidad de que el capitán Alberto Martín sea, condenado a muerte por gentes que desempeñan, a la vez, el papel de raptores, legisladores, fiscales, jueces y verdugos? Los terroristas critican al Gobierno por el plan ZEN, ¿son tan ciegos que no comprenden que sus criminales acciones lo justifican? ETA-VIII Asamblea que dentincia la influencia del "poder militar" sobre el poder civil, niega, sin embargo, legitimidad democrática al Gobierno socialista y se autodesigna a sí misma como organización "político-militar".

Finalmente, el cinismo de ETA-VIII Asamblea raya en la desvergüenza al anunciar en su último comunicado, con mal disimulado júbilo, la existencia de sectores en las Fuerzas Armadas opuestos a las peticiones de indulto de los exterroristas que han renunciado a seguir el camino de la violencia. Hasta ahora, la antigua ETA Político-militar se había limitado a calumniar y a amenazar de muerte a los presos y exiliados que desean integrarse en la sociedad democrática. A partir de este momento, manifiesta además, obscenamente, su alborozo ante la idea de que "el Ejército no aceptará jamás la vuelta" de algunos implicados en el juicio de Berga que han llegado a la razoriable conclusión de que la violencia es un calle jón sin salida y de que España dispone de un sistema democrático que permite la expresión pacífica de cual quier opinión discrepante. Nunca se habían pronunciado las org anizaciones terroristas y sus afines con tan escalofriante descaro sobre sus verdaderas actitudes en tomo al drama humano de los presos y refugiados. Que da ya claro que la verdadera función que les asignan es la de continuar de por vida en las cárceles o en el exilio para servir de bandera y de carnaza a la agitación en favor de una amnistía constitucionalmente imposible y políticamente inimaginable mientras los excarcelados no renuncien de manera definitiva a la violencia y las bandas terroristas no depongan para siempre las armas. Por eso la decisión adoptada ayer por TVE y la inclusión en nuestras páginas del comunicado de los terroristas son apuestas por la vida y la libertad, frente a los chantajes de los extorsionadores.