Por la paz en la escuela

La confrontación política genera con frecuencia simplificaciones e imágenes deformadas de la realidad. Probablemente yo he adquirido fama de ser un belicoso defensor de la libertad de enseñanza. Aunque estoy muy lejos profesionalmente del mundo educativo y me preocupa, por otra parte, seriamente la guerra escolar que se reinicia. No son buenos los traumas a que estamos sometiendo al sistema educativo. Es malo el clima de lucha que se crea en torno a la escuela. Y peor aún es que la batalla encierre ingredientes religiosos. ¿Por qué no podemos llegar a un pacto escolar como han hecho otras naciones occidentales con problemas parecidos a los nuestros? Siempre he defendido y seguiré defendiendo un acuerdo mínimo que descanse sobre las siguientes bases:a) Escuela pública: apartemos de ella todo lo que tienda a su politización. Evitemos que se convierta en campo de lucha entre partidos políticos, como desgraciadamente ha ocurrido en muchos casos en estos últimos años, con deterioro notable en su nivelde calidad. Las familias que necesiten o prefieran la enseñanza pública para sus hijos tienen derecho a obtener una educación seria, profesionalizada y despolitizada, para lo cual tanto la selección de profesores como del equipo directivo, igual que ocurre en toda la Europa occidental, debe hacerse- por procedimientos públicos que valoren objetivamente el mérito y capacidad de los candidatos, y no por elección política entre programas ideológicos enfrentados. Nuestra Constitución distingue claramente lo que son elecciones para puestos nolíticos- basadas en los nroara- mas que se presentan y en las mayoríás de votos-que se obtengan, y el acceso a la función pública, que se hará, dice en su artículo 103, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.

Fórmulas satisfactorias

b) Escuela privada: todos sabemos que el partido socialista es profundamente contrario a la escuela internamente homogénea, es decir, a la enseñanza con orientación o carácter propio, religioso, filosófico o pedagógico. Lo han proclamado siempre así y no les podemos tachar de incoherentes. Pero ya en este momento, el Tribunal Constitucional en su sentencia de 13 de febrero 1981, resolviendo su recurso contra el estatuto -de centros, ha definido que el derecho a crear y dirigir centros con ideario y la consecuente facultad de los padres para elegir un centro con ideario para sus hijos son exigencias constitucionales. Comprendo que en 1980 ustedes no hayan querido pactar sobre esta base. Pero producida la suprema interpretación del texto constitucional que indico, ¿por qué no buscamos fórmulas mutuamente satisfactorias? Ustedes crean y aseguran la existencia de colegios internamente pluralistas de los que les gustan en la medida necesaria para que acojan a los hijos de todas las familias que piensen como ustedes. Y, por otra parte, dejan al resto de los españoles. que quieren enseñanza internamente homogénea, cristiana, musulmana, marxista o neutra, que la tengan como desean para sus hijos. Sin trampas, claro. Por que si un padre quiere, por ejemplo, un colegio cristiano para sus hijos y lo elige, aunque por sus ocupaciones no pueda estar frecuentemente en el centro, ha de tener la garantía de que la dirección, el profesorado y la orientación pedagógica de la escuela responden a lo que eligió. ¿De acuerdo?

¿Acaso no es sensato lo que les propongo? Ustedes han ganado legítimamente unas elecciones democráticas. Tienen la fuerza de la mayoría. Pero todo tiene sus límites. La mayoría parlamentaria no puede válidamente aprobar una resolución que anule la democracia misma. Ni tampoco puede dejar sin contenido los derechos constitucionales de las minorías. Por muy equivocadas que puedan estar, a su juicio, las minorías. El derecho de errar es una de las notas características de las democracias.

c) La igualdad. El párrafo que dice: "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas..." es, como ustedes saben, de nuestra Constitución (artículo 9.2). Estaremos, por tanto, conformes con que las ayudas del Estado a los colegios no pueden ir exclusivamente dirigidas a aquellos intrapluralistas que- a ustedes les gustan y dejar de destinarse a aquellos otros que a ustedes les molestan. Porque los ciudadanos que acuden a unos y otros deben ser iguales (artículo 1 de la Constitución), y si no lo son, el Estado debe ayudarles para que lo sean (artículo 9.2). Lo dice también el artículo 14 de la Constitución, ¿recuerdan? 'Tos españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Es decir, los partidarios de las escuelas internamente pluralistas (ustedes) y los que desean la escuela homogénea tienen el mismo derecho a ser financiados por el Estado, sin que la financiación tenga tales condiciones que conviertan. en, ineficaz su derecho a elegir porque haga uniforme o insegura la oferta educativa que se les hace.

El contenido del modelo

Es verdad, que el 27.7 de la Constitución impone la intervención de la comunidad educativa en los centros sostenidos con fondos públicos en los términos que la ley establezca, y que tal intervención puede ser elásticamente regulada, como ha sentenciado el Tribunal Constitucional. Debe desarrollarse este precepto, pero, según la jurisprudencia de dicho alto tribunal, ¿no es jurídicamente correcto interpretar que el grado de intervención que legislativamente se establezca ni puede ser tan corto que anule el derecho de participación, ni tan extenso que deje sin efecto el derecho constitucionalmente consagrado a elegir y obtener efectivamente a lo largo de todo el proceso educativo el tipo de enseñanza por el que los padres han optado? ¿No es cierto que si no se garantiza que el director, los profesores y la línea pedagógica de la escuela responden al ideario del centro el derecho de los padres a elegir modelo educativo se verá vacío de contenido?

Por razones de justicia y como consecuencia de las prioridades que la justicia impone podemos y debemos admitir discriminaciones en las ayudas. Pero supongo que ustedes aceptarán que tale s discríminaciones financieras habrán de serlo en función de la renta de las familias, y no del tipo de centro que elijan. ¿No sería socialmente absurdo y regresivo que la familia acomodada que prefiere la enseñanza pública, universitaria o de bachilerato, por ejemplo, la reciba prácticamente gratuita, mientras que otra de pocos recursos que la desea homogénea, cristiana o marxista o del tipo que sea la tenga que pagar a precio de coste?

¿No es razonable lo que les sugiero? ¿No se respetan así sus derechos tanto corno los de quienes no piensan como ustedes? ¿Por qué no intentamos llegar sobre estas bases a un pacto, como ha ocurrido en otros países de Europa occidental, en cuya política han intervenido sus correligionarios y los nuestros? Un acuerdo con estas premisas, ¿no les parece que viene exigido por una concepción democrática y beneficiaría al sistema educativo en su conjánto? ¿No tenemos ya aceptadas estas mismas bases de convivencia en materia de prensa, de partidos, de sindicatos, respetando sus peculiares posiciones ideológicas y facilitándo es financiación pública sin privarles de su facultad de autodireción? ¿Por qué no aceptamos los nismos principios para la escuela?