Expolio antes del cambio

Los 2.000 expedientes ahora entregados voluntariamente por dos funcionarios del Cuerpo Superior de Policía son sólo "una mínima parte de la ingente cantidad de documentos confidenciales que desaparecieron desde las semanas anteriores a las elecciones legislativas hasta la toma de posesión del Gobierno socialista", según aseguraron ayer funcionarios policiales que en muchos casos fueron testigos del continuo traslado masivo de informes. "Por aquellas fechas, cada 24 ó 48 horas salía hacia la Comisaría General de Información una furgoneta con expedientes", han dicho.Las noticias sobre este expolio, comentadas incluso por Alfonso Guerra poco antes de la toma de posesión del Gobierno, fueron entonces desmentidas por mandos policiales, quienes simplemente afirmaron que estaban introduciendo los datos en ordenadores y, por tanto, sobraban los documentos escritos, versión que también fue dada a numerosos funcionarios que preguntaron sobre la cuestión. Sin embargo, policías que entonces se hallaban en destinos de responsabilidad han asegurado que gran parte de los expedientes fueron llevados directamente a una cámara de, combustión del Banco de España.

Este extremo fue conocido por funcionarios destinados en puestos clave de la institución policial, por lo que algunos decidieron impedir la destrucción de algunos informes, muchos de ellos relativos a dirigentes políticos socialistas y comunistas. En de terminados casos, algún agente filtró los expedientes al PSOE. En otros, los documentos fueron guardados en domicilios particulares. Este segundo caso es el del inspector de primera José Luis Rodríguez Zarco, quien ahora ha devuelto voluntariamente 2.000 expedientes que llenaban por completo un utilitario.

Esta entrega se efectuó la pasada semana de forma confidencial, tras la entrevista personal del comisario Sebastián Fernández Dopico con el director general de la Policía, Rafael del Río. Por este motivo, tanto Rodríguez Zarco como Fernández Dopico se vieron sorprendidos días después al conocer que el asunto había sido puesto en manos de la autoridad judicial. Según fuentes próximas a Rodríguez Zarco, habría sido muy difícil probar la existencia de los expedientes, en el caso de que Rodríguez Zarco hubiera decidido destruirlos. Por este motivo, en estos momentos se investiga las razones concretas por las que ambos funcionarios prefirieron comunicar a sus superiores la existencia de los expedientes y proceder a su devolución.

Según las mismas fuentes, tanto en la inicial sustración de los 2.000 expedientes como en su reciente entrega, Rodríguez Zarco se limitó a cumplir las sugerencias del comisario Fernández Dopico.