Cesado el presidente de la Junta de Obras y el director del puerto de Cartagena

El Consejo de Ministros, acordó cesar a Mariano Carles Egea como presidente de la Junta de Obras del puerto de Cartagena, a propuesta del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU). Por su parte, el citado ministerio ha cesado como director del mencionado puerto a Antonio Andrey Peón, según una nota del MOPU hecha pública ayer.El MOPU señala que el origen de estos ceses está en las diversas anomalías habidas en el proceso de adjudicación de las obras del muelle de graneles que se construirá en la dársena de Escombreras, y responde al propósito del Gobierno de exigir en la actuación pública la máxima transparencia.

En el proceso de adjudicación de las citadas obras, a cargo de la Junta del Puerto, continúa la nota, se detectaron varias anomalías procedimentales que fueron puestas públicamente de manifiesto por las empresas eliminadas del concurso (todas las presentadas menos la adjudicataria) y que fueron examinadas por el director general de Puertos y Costas, quien, ante esta situación, se dirigió, por escrito y verbalmente, al presidente de la junta y al director del puerto, así como el secretario contador, advirtiéndoles de las graves consecuencias que podía tener para la Administración en el caso de que no se subsanasen de forma rigurosas dichas anomalías. A pesar de estas advertencias, la Junta volvió a confirmar la adjudicación provisional en un segundo acto administrativo (20 de septiembre de 1983), igualmente recurrido por las empresas rechazadas.

Nuevamente, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, al recibir ya los recursos de alzada de dichas empresas, comunicó por escrito (carta de 23 de septiembre) al presidente de la junta que debería aplazarse la adjudicación definitiva del concurso-subasta hasta que se resolviesen dichos recursos. Ello es debido a que se generarían obligaciones económicas para la Administración (lucro cesante y eventuales, indemnizaciones de las empresas adjudicatarias) en el caso de fallarse aquellos en favor de las empresas eliminadas.

Sin embargo, y a pesar de poder contar con 20 días para efectuar la adjudicación definitiva, el presidente de la junta convocó al comité ejecutivo de la misma (día 29 de septiembre), incluyendo en el orden del día la adjudicación definitiva, que fue aprobada.