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TRIBUNALES

Empiezan a declarar los acusados de fraude en dos juzgados de primera instancia de Barcelona

El interrogatorio de los ocho presuntos implicados en el escándalo de, cohecho descubierto en los juzgados de primera instancia números 2 y 6 de Barcelona se unció ayer en la Audiencia Provincial de Barcelona. Los dos magistrados jueces Joaquín García Lavernia y Luis Lorenzo Penalva de Vega, que aparecen implicados en esta causa judicial, han sido citados a declarar el próximo 8 de octubre.

En la sesión de ayer declararon sólo tres de los implicados. La declaración se efectuó ante el magistrado juez Casto Fernández Fresneda, que fue nombrado instructor de la causa por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Coincidiendo con estas diligencias judiciales, el instructor de la causa ha decidido remitir al ministerio fiscal los números 599 y 560 de la revista Cambio 16, por si en los mismos se hubieran vertido conceptos injuriosos o difamatorios.

En el número 599 y bajó el título, de "Historia de dos jueces", los periodistas Rafael Cid y José Díez Herrera informaron de las presuntas irregularidades detectadas en ambos juzgados, en base de unos detallados dossiers, que les fueron facilitados y que posteriormente servirían de base a la querella interpuesta por el fiscal general del Estado. En el segundo número de la revista, Cambio 16 y bajo el título "La faena de los dos jueces", se daban nuevos detalles relacionados con los dos magistrados, quienes aparecían en la portada del semanano vestidos de toreros.

Siguen en sus destinos

Mientras continúan estas diligencias judiciales los dos magistrados implicados siguen al frente. de sus respectivos juzgados, Carlos Lorenzo,Penalva de Vega, desde hace un tiempo, se ha visto obligado a despachar no sólo los asuntos del juzgado número 6 sino también los del 2, ya que su titular, García Lavernia, sufre una dolencia cardiaca.Esta querella, que fue instada por el fiscal general del Estado, fue remitida el 6 de mayo pasado a la Sala Segunda del Supremo, por ser esta sala la encargada de la instrucción de las causas contra jueces y magistrados, En la querella se acusaba de presunto delito de cohecho a los dos jueces antes citados y a los profesionales del Derecho Juan Magri Barrera, Gloria Viñals Gabanch, Fernando Sánchez Sánchez, Pedro Truyas, Antonio Capmany y Luis Lorenzo Penalva Vega.

Se aseguraba, en el texto judicial, que los dos magistrados podrían haberse puesto de acuerdo con estos profesionales para nombrarlos interventores, comisarios o depositarios en los procedimíentos de quiebra, o de suspensiones de pagos, recibiendo a cambio unas comisiones que podrían haber ascendido a 9.377.468 pesetas.

En el texto de la querella se especificaban los nombramientos presuntamente irregulares que se habían cometido con ocasión de las suspensiones de pagos de Constructora Joaquín Brustenga, Industrial Boyer, Mundo Ediciones, Inmobiliaria Grupo Mundo, Tomas Prat e Hijo, Hilaturas del Sureste, Esmaltes Pinturas Barnices, entre otras.

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