El fiscal pide la condena de las abortistas absueltas en Bilbao y niega la eximente de estado de necesidad

La vista de diez (uno no se presentó en la sala) de los recursos de casación interpuestos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, que absolvió a nueve de los 11 abortistas juzgados en el denominado proceso de Bilbao, se celebró ayer ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En la vista, el fiscal mantuvo la tesis de que la vida humana en gestación es un bien absoluto, mientras que los abogados defensores alegaron la existencia de estado de necesidad, pidieron una interpretación de la ley conforme a los tiempos actuales y solicitaron la absolución de sus defendidos.

El fiscal José María Riera defendió en su intervención los mismos argumentos esgrimidos por el fiscal de Bilbao. Señaló que no se trataba de una tentativa irreal ni un delito imposible en los casos en que había dudas de que las mujeres estuvieran embarazadas, y que no existió estado de necesidad en los casos en los que los abortos fueron consumados.El fiscal dijo que las mujeres sabían perfectamente que el hecho que realizaban estaba penado por la ley y que en la sentencia recurrida no se excluyó que las mujeres estuvieran embarazadas, sino que decía que no está acreditado que el embarazo se hubiera producido.

Desmontó, desde el punto de vista católico, los requisitos necesarios para que se de el estado de necesidad, sin hacer alusión al indicativo social. Estos requisitos -que haya conflicto entre bienes protegidos, que se sacrifique un bien jurídico para evitar un mal mayor, que el mal que se cause sea menor al que se trata de evitar, que la situación no haya sido provocada por la persona que aduce el estado de necesidad y que esa persona no tenga necesidad de sacrificarse- no se cumplían, según el fiscal, ya que "la maternidad y lo problemas económicos no son incompatibles, el aborto no constituye solución a esos problemas y la vida del ser que va a nacer es un bien superior".

Hechos probados

Los defensores acusaron al fiscal de no respetar los hechos probados de la sentencia de la Audiencia de Bilbao y señalaron que la vida humana en gestación no es un bien absoluto. Añadieron que la afirmación de que "todos tienen derecho a la vida" contenida en la Constitución no debe entenderse con la inclusión del no nacido. En todas las constituciones de los países occidentales, excepto en Irlanda, se reconoce el derecho a la vida y el aborto no está penalizado.Los letrados pidieron una reinterpretación del Derecho de acuerdo con el momento histórico en que vivimos, ya que la próxima semana comienza a debatirse en el Congreso el proyecto de ley de despenalización del aborto en varios supuestos. Agregaron que los hechos ocurrieron en 1968 y entonces estaba penado el uso de métodos anticonceptivos y la esterilización.

Poco antes de la hora señalada para la celebración de la vista, casi un centenar de personas, entre las que predominaban las mujeres, se concentró en la plaza de la Villa de París, frente a la puerta principal del Palacio de Justicia. La manifestación había sido convocada por la Coordinadora Pro Derecho al Aborto, y a la misma asistieron, entre otros, Simón Sánchez Montero y dos miembros más del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España.

Las manifestantes desplegaron una pancarta en la que podía leerse: "Amnistía 11 mujeres de Bilbao. No más juicios por aborto", y entonaron, entre otros, lemas como "Nosotras parimos, nosotras decidimos", "Amnistía para la mujer", "Sexualidad no es maternidad".

En el momento de iniciarse la sesión, una veintena de mujeres pretendió entrar en el Tribunal Supremo, ya que la audiencia de la vista tenía carácter público, pero miembros de la Guardia Civil, que habitualmente realizan funciones de protección en el edificio, no les permitieron la entrada. Algunas abogadas que habían venido desde Vizcaya, y que pudieron entrar por su condición de letradas, tuvieron dificultades para obtener la toga que les permitía presenciar el juicio desde los estrados