Costa Rica, la democracia más estable de América Latina, desprovista de ejército, corre el peligro de libanizarse

En los últimos dos años se registraron en Costa Rica seis atentados con explosivos; 10 personas murieron en un tiroteo con la policía; un industrial estuvo secuestrado por más de un año hasta que reapareció en Panamá; fue descubierto un arsenal valorado en medio millón de dólares; una supuesta terrorista murió acribillada a tiros en la celda de la prisión; se localizaron al menos nueve casas de seguridad y un avión se convirtió en rehén para obtener la libertad de siete derechistas encarcelados que rechazaron el canje.

A menudo, los únicos costarricenses involucrados en estas historias fueron los policías y los jueces. Sus protagonistas fueron en la mayoría de los casos salvadoreños y nicaragüenses, con algún que otro cubano o argentino. Esto ha hecho que en el país empiece a hablarse abiertamente del peligro de una libanización.En un juicio por terrorismo celebrado la semana pasada en Limón, únicamente eran de Costa Rica los representantes del aparato judicial: abogados, fiscal y jueces. El acusado, José Zambrano, condenado luego a nueve años de cárcel, es un salvadoreño ligado a los servicios de seguridad de su país. La víctima, José Medina, es un cubano-norteamericano que vendía armas a la guerrilla de El Salvador. Un diplomático de este país se salvó del juicio a cambio de la expulsión. La democracia más estable de América Latina y, sin duda, la más homologable a cualquier sistema de Europa occidental, es también una democracia desarmada, que en 1948 abolió el Ejército para impedir su injerencia en la vida política. Ese acuerdo, que sigue siendo válido para el 83% de la población, según encuesta reciente, ha facilitado, que a veces el país se convierta en escenario de batallas ajenas.

Su desarme unilateral y su tradición de asilo han hecho de San José una encrucijada donde se dan cita traficantes de armas, espías de todos los pelajes, guerrilleros de izquierda y combatientes que luchan contra el Gobierno sandinista. En esta ciudad de calles estrechas y gente pacífica, los guerrilleros de terceros países usan metralletas sofisticadas mientras las fuerzas de seguridad llevan aún carabinas anteriores a la segunda guerra mundial y, según sus ministros, deben repartirse un revólver por cada tres agentes.

Para impedir que se desate la guerra entre fuerzas tan encontradas, el Estado tiene 4.800 policías civiles y 3.000 guardias rurales, que tienen que vigilar las fronteras, custodiar los edificios públicos, atender las aduanas y garantizar la seguridad ciudadana. Algunos temen que un día haya ejércitos privados más numerosos que la policía.

Para atajar este riesgo, el Gobierno socialdemócrata de Luis Alberto Monge ha pedido donaciones a varios países. Estados Unidos entregó armas, Taiwan regaló equipos antimotines, Israel entrenó a la policía en servicios de inteligencia y tácticas antiterroristas, Venezuela aportó uniformes.

Cuando el Gobierno decidió, hace unas semanas, instalar baterías antiaéreas en su aeropuerto, en la refinería y en varias plantas eléctricas se pensó que tal vez era el primer paso hacia una militarización.

Lo cierto es que tales baterías son unas simples ametralladoras de 50 mm. que estaban en desuso desde la guerra de 1955.

Aunque en Costa Rica se viven las tensiones de toda América Central, es evidente que por su vecindad se sigue más de cerca la evolución nicaragüense. La presencia en San José de las oficinas centrales de la Alianza Revolucionaria Democrática (Arde), la organización que encabeza Edén Pastora, ha hecho que Managua ponga en duda la neutralidad de Costa Rica y que algunos agentes nicaragüenses hayan intentado eliminar aquí a sus dirigentes. El Gobierno ha justificado esta presencia por su política de asilo, que no contradice, según asegura, la neutralidad.

Lo que no ha podido, sin embargo, evitar el Gobierno es que el conflicto nicaragüense se haya trasladado con todo su encono a ciertos sectores de la sociedad costarricense. El grupo Costa Rica Libre, que apoya a Pastora, y Vanguardia Popular, coalición marxista que respalda a los nueve comandantes sandinistas, han protagonizado duros enfrentamientos en la zona de Upala, con varios muertos.

A esta ósmosis de conflictos ajenos se suma una grave crisis económica que ha afectado, sobre todo, a los sectores más pobres. El desempleo constituye un grave problema: 190.000 trabajadores están en paro, una cuarta parte de la fuerza laboral. La dimensión de la crisis la reconoce el presidente del Banco Central, Carlos Manuel Castillo, cuando señala que el país necesita una inversión de 9.000 millones de dólares (más de un billón de pesetas) para poder recuperar a finales de esta década el nivel de vida que tuvo en 1980. Lejos de lograr esos capitales, el Gobierno tiene enormes dificultades para hacer frente a una deuda externa de 4.000 millones de dólares (unos 600.000 millones de pesetas)

Estados Unidos tiene en Costa Rica el mayor programa de ayuda económica per cápita del todo el continente americano, pero no basta para un país que por mucho tiempo vivió por encima de sus posibilidades. Muchas voces, incluida la del arzobispo de San José, Román Arrieta, claman por una reducción de las desigualdades sociales, que no han hecho sino aumentar por efecto de la crisis. Si no se logra, aumentará el peligro de libanización y el Gobierno no podrá entonces acusar de ello exclusivamente a los agentes externos.