El Gobierno autónomo rechaza las protestas catalanas contra el centro telefónico de Zaragoza

El presidente del Gobierno aragonés, Santiago Marraco, ha enviado escritos al presidente de la Compañía Telefónica Nacional Española (CTNE), Luis Solana y al titular de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, mostrando la oposición aragonesa a una posible modificación de la estructura actual de la Telefónica y que afectaría al centro con sede en Zaragoza.

La Generalitat de Cataluña y algunas instituciones de aquella comunidad autónoma se han mostrado contrarias a la división territorial de la CTNE por la que Tarragona, Lérida y Gerona dependen de la zona nordeste, cuyo centro está ubicado en Zaragoza. Según el consejo ejecutivo de la Generalitat, "al margen de las consideraciones estrictamente políticas, este hecho puede constituir un grave obstáculo en la estructuración de la red de comunicaciones en Cataluña".Por su parte el diario Avui en un editorial acusaba a Telefónica de ir contra Cataluña y afirmaba que "Ia dependencia de Zaragoza de esta serie de comunicaciones en gran parte del territorio de Cataluña tendrá como consecuencia inmediata que las comunicaciones entre abonados y la compañía no podrán hacerse en catalán, lo que constituye un atentado contra la lengua catalana".

En su escrito el Gobierno aragonés manifiesta que la Telefónica es un servicio público y que "forzar la estructura territorial para ceñirla a los estrictos límites territoriales de las comunidades autónomas puede ser contradictorio con los objetivos de criterios de rentabilidad y máxima economía para el usuario. El que Zaragoza sea un centro telefónico de este cuadrante peninsular del que dependa el servicio de distintas regiones, no implica merma alguna de los derechos de las distintas comunidades autónomas".

Por otra parte, el Gobierno aragonés entiende que "el desarrollo de una red de comunicaciones propias de una comunidad autónoma no debe afectar a una red estatal de telecomunicaciones como la de la CTNE que se basa en los principios de operatividad, economía, calidad y prestación de un servicio público". Por todo ello entiende que la actual situación del centro de Zaragoza "no debe modificarse por criterios políticos o territoriales" y anuncia que se opondrá a acciones que no sigan criterios de racionalidad.