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Democracia a la peruana y una exigencia de acuerdo nacional

Hace apenas tres años, Perú recuperó la legalidad constitucional y el pueblo ejerció el derecho de elegir a sus gobernantes. Se abrió así un importante espacio de libertades políticas que era fruto de la movilización popular y de las luchas por derechos democráticos para el conjunto de la sociedad y de las relaciones de ésta con el Estado. Importante también porque, de cara al futuro, las libertades políticas configuran un espacio democrático que, siendo un bien adquirido por el pueblo, debe ser irreversible y punto de partida para las relaciones sociales y activa participación del pueblo en el ejercicio del poder político.Pero la realidad, que es maestra de vida en la que no se miran los políticos que la soberbia quiere perder, demuestra que hoy en Perú no sólo no hay avance ni profundización democrática, sino que son esos propios espacios los que corren el riesgo de revertir a situaciones que se creían superadas y definitivamente sepultadas. Nadie pone en duda que el Gobierno del presidente Belaúnde proviene del voto popular y que es ese él fundamento de la legalidad de sus actos, siempre que su marco sea la sujeción y respeto a la Constitución. Son, en cambio, cada vez más vastos los sectores sociales que coinciden en cuestionar la eficacia y la legitimidad de los actos gubernamentales en materia económica de defensa de los intereses nacionales y coherencia para el respeto y promoción del espacio democrático.

¿Qué es lo que provoca este generalizado descontento social? Son muchos factores los que concurren a formar un desencanto colectivo, que es peligroso por las asociaciones simples que identifican la ineptitud para gobernar con la democracia, y también a estos incipientes y restringidos espacios democráticos con la democracia.

Una enumeración no excluyente debe señalar el programa político y económico puesto en ejecución, y que para nada ha tomado en cuenta la situación de extrema pobreza que afecta a más del 50% de la población. En efecto, el modelo económico de inspiración neoliberal puesto en ejercicio por la Administración belaundista ha prescindido de los costes sociales que

tales medidas podían derivar en los mayoritarios sectores de menores ingresos. ¡Que la crisis la paguen los pobres! ha sido la voz de mando de quienes, desde el manejo de la economía del país, han dicho una y otra vez que "hay que ajustarse los cinturones". ¡Cómo, si a nuestras hambrientas masas ya no les queda cintura!

Esta racionalidad fría e inhumana surge de la aplicación sumisa de los dictados de la banca internacional y del Fondo Monetario en la conducción de la economía y las finanzas. Concurren también en esta progresiva deslegitimación del Gobierno la ausencia de objetivos nacionales precisos, la falta de planes para proteger y promocionar la producción, la burocratización y la corrupción administrativa y, por último, la intolerancia para el diálogo político y el procesamiento de las demandas sociales.

Así, la inflación con recesión, la desocupación progresiva, el desabastecimiento del mercado interno, la caída de los sueldos y salarios reales, el confusionismo en la atención a las zonas afectadas por desastres naturales y las agudas deficiencias en la prestación de los servicios sociales básicos configuran un cuadro de crisis social y política que no se puede explicar con el fácil expediente de la causalidad estructural y la situación heredada.

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Por cierto, ambos factores existen, pero ellos no eximen al Gobierno respecto de opciones y orientaciones libremente escogidas y que no sólo han merecido un generalizado rechazo a su gestión política y económica, sino que lo han desacreditado e identificado como el elemento que tiende a crear situaciones que ponen en riesgo la estabilidad democrática. Hoy día existe en Perú una creciente protesta social que se trata de acallar con represión y rumores y sobresaltos de golpe de Estado, que, como la experiencia histórica demuestra, no se diluyen con declaraciones de fidelidad constitucional en vísperas, y menos resignando cuotas de los atributos del poder y la autoridad civil en los mandos militares.

En este cuadro no es la protesta social la que causa incertidumbre, sino el propio Gobierno el que con su repliegue, sus desaciertos y ambigüedades está alimentando el debilitamiento del espacio democrático y creando un ambiente que promueve intrigas y acciones aventureras y de desesperación. Es, pues, un hecho que la ineficacia gubernamental para atender y solucionar los grandes problemas nacionales afecta sustantivamente a la confianza popular en el régimen democrático y contribuye a fortalecer las opciones políticas que especulan con presuntas soluciones autoritarias, cualquiera que sea su orientación ideológica. Es claro que un Gobierno que ha minado sus bases de consenso no tiene derecho a reclamarse democrático, y es, por tanto, explicable la ironía de quienes, con crudo sarcasmo, califican las vehementes profesiones de fe de los más altos dirigentes gubernamentales como tragicómica expresión de una democracia a la peruana. Pero nada autoriza tampoco a que este pueblo sea sumido en los oscuros reinos de la antidemocracia.

Este planteamiento nos lleva a referirnos a dos asedios adicionales que sufre el espacio democrático conquistado por el pueblo. Uno es la agresión que proviene de Sendero Luminoso, y el otro, la progresiva militarización de la sociedad como presunto remedio tanto para la incompetencia gubemamental como para, la insurgencia senderista.

Son varias las veces que hemos manifestado nuestra total discrepancia con Sendero Luminoso y la reiteramos ahora. Sus concepciones mecanicistas y absolutamente autoritarias del poder y de las relaciones sociales, sus posiciones mesiánicas y su rechazo a todo elemento de progreso, de cultura y de integración proveniente de nuestra acumulación histórica hacen de esta organización política un polo negativo y contrario a todo proyecto basado en la construcción de la nación, en el fortalecimiento del poder popular y en el asentamiento de la democracia, es decir, a to do proyecto que en esencia realice el socialismo.

Sendero, hacia el fascismo

Pero Sendero no sólo está destruyendo la credibilidad del proyecto alternativo socialista, sino que sus acciones y sus métodos hoy lo constituyen corno uno de los factores que más contribuyen a la desestabilización democrática y a dar aliento a proyectos fascistas supresivos de todas las libertades. Es más, es lo que busca; sabiendo, como sabe, que la depresión socioeconómica, la explotáción a los trabajadores y el secular abandono dé la región andina, que empujan a la desesperación y a la captación de adeptos fácilmente fanatizables, no desaparecerán con soluciones autoritarias, antes bien, aumentarán las contradicciones que coyunturalmente refuercen su fanática visión del mundo.

Esta perspectiva, en adición de nuestra vocación democrática, nos lleva a cuestionar frontalmente la progresiva militarización del Gobierno y la tendencia a generalizar situaciones y soluciones en las que la Constitución queda de lado, pues gobernar con suspensión de garantías constitucionales es simple y llanamente prescindir de la Constitución. No, no es con una inocultable bordeberrización del Gobierno ni con represión violatoria de los derechos humanos como la que aplica el llamado político-militar en Ayacucho como se combaten y liquidan problemas cuyas causas primeras están en la falta de integración histórico-cultural del país, en el atraso socioeconómico y en el secular abandono de las regiones del interior. Por lo demás, no recuerda la memoria histórica de América Latina un solo caso en el que la subordinación de la sociedad a los encuadres militaristas sirvió para la consolidación del Gobierno civil. Todo lo contrario, "así comenzó siempre el final...".

Pero reclamar a la actual Administración por la fragilidad de su comportamiento democrático, por las lecciones no aprendidas o por su torpeza para no rectificar políticas no deja de ser una actitud meramente declamatoria y defensiva. Muchos de los errores y del deterioro social en que vivimos son obra también de la inercia política, de la falta de iniciativas de las fuerzas opositoras acompañadas de movilización popular, del silencio de instituciones sociales cuya razón de ser es más bien la crítica, el ejercicio de la opinión independiente, el juicio moral y la sugerencia de alternativas.

Y allí donde la sociedad civil es débil son las tendencias represivas las que se hacen fuertes frustrando las posibilidades de democratización.

¿Cuál es entonces la salida? Casi no hay necesidad de decirlo, porque fluye de todo el análisis, pero una situación de grave crisis política y social como la que afecta a Perú hoy exige un acuerdo nacional para la defensa del espacio democrático, porque ese es el interés y la posibilidad del pueblo en la perspectiva histórica de acumular fuerzas y darle organicidad a su propia alternativa.

Opciones liberadoras

Por eso mismo -y sin renunciar al legítimo trabajo de avanzar en el desarrollo de opciones liberadoras como la que propugna la izquierda nacional y socialista- debe haber un acuerdo ahora, para impulsar un programa de satisfacción a las necesidades básicas, respeto a los derechos humanos y pacificación del país, en cuya ejecución quede obligatoriamente comprometido el Gobierno.

Un acuerdo nacional como el que proponemos convoca por igual a los partidos políticos, a las organizaciones sindicales, a los comités populares, Iglesia, colegios profesionales, instituciones empresariales nacionales e intelectuales, para realizar trabajos de articulación social y de capacidad de mediación y propuesta con los cuales conseguir contenidos positivos para la efectiva recuperación y fortalecimiento de los espacios democráticos. De esto se trata, de una defensa que permita reactivar la ofensiva de la movilización popular; sin ésta será muy difícil obtener una rectificación de las políticas gubernamentales. Y sin rectificación no quedará más que el barranco.

Enrique Bernales es senador de Izquierda Unida y secretario general del Partido Socialista Revolucionario Peruano.

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