Pujol reclama al Gobierno la adecuada financiación de la autonomía catalana

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, advirtió ayer al Gobierno central de que si no cumple con sus obligaciones para garantizar la financiación de la autonomía catalana, el Consell Executiu podría verse obligado a utilizar "unas posibilidades de acción y de presión muy serias, contundentes incluso". Aunque Pujol no lo especificó, se refería a la posibilidad de presentar recurso de inconstitucionalidad contra los Presupuestos del Estado para 1984 por no respetar la LOFCA (ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), que obliga a fijar en los Presupuestos los porcentajes de participación de cada comunidad autónoma en los ingresos del Estado por impuestos.

Pujol pronunció ayer un discurso en el Parlament como apertura del debate sobre política general de la Generalitat, que se celebra cada septiembre. En este contexto reclamó del Gobierno central el cumplimiento de los acuerdos de la Comisión Mixta de Valoraciones de febrero de 1982, que fijaba en el 1,5% la participación de Cataluña en los ingresos del Estado -lo cual elevaba a 126.000 millones - las transferencias que aquel año debía haber recibido la Generalitat-, y advirtió sobre aquellas medidas de presión. El presidente de la Generalitat, sin embargo, matizó que valoraba más el diálogo con el Gobierno central que un endurecimiento en las relaciones, que sería grave.

El presidente catalán señaló que el retraso en el acuerdo definitivo sobre las valoraciones económicas de los servicios transferidos -que nunca fueron aprobadas en las Cortes por la resistencia del PSOE, desde la oposición, primero, y desde el Gobierno, después obliga a la Generalitat a actuar con "mucha prudencia" en lo que se refiere a las inversiones previstas en sus presupuestos.

Voluntad de negociar

Pujol hizo referencia también a su voluntad de negociar con el presidente Felipe González la política autonómica del Gobierno central, después de la sentencia de la LOAPA. El encuentro entre ambos, fijado inicialmente para el día 5 de octubre, será aplazado posiblemente por "problemas de agenda" de uno y otro. "No deseamos convertir la LOAPA o su sentencia en un arma política", dijo Pujol; "queremos simplemente una cosa que creo conviene a todos: situarnos en la post-LOAPA".Basándose en la sentencia sobre la LOAPA, según la Cual las autonomías no han de ser iguales, porque sin diversidad no existiría verdadera pluralidad ni capacidad de autogobierno, Pujol anunció que planteará a Felipe González cinco grandes temas: que las leyes de base den un gran margen de acción legislativa y ejecutiva a las autonomías, que las actuaciones autonómicas no puedan ser controladas por la Administración central; que los acuerdos sobre valoraciones de febrero de 1982 son válidos; que las conferencias sectoriales no pueden incidir en el ámbito de competencias autonómicas, y que leyes como las de Reforma Universitaria, orgánica del Derecho a la Educación y del Tercer Canal de Televisión respeten las competencias autonómicas y la diversidad reconocida por el Tribunal Constitucional.