Nueva recusación a los miembros del consejo de guerra que juzga hoy el asalto al cuartel de Berga
El consejo de guerra contra los presuntos asaltantes del cuartel de Berga se inicia hoy en Lérida. Ayer, a las cinco de la tarde, 17 horas antes del comienzo de la vista, los abogados defensores de los nueve presuntos miembros de ETApm y de Terra Lliure presentaron un tercer recurso solicitando la recusación de tres de los cinco miembros que componen el citado consejo. Los abogados consideran que los vocales recusados son "enemigos declarados" de la citada organización, aspecto contrario a su posible neutralidad en el juicio.
La vista oral, que se celebrará en el cuartel de Artillería de Lérida, "podría ser el último consejo de guerra contra civiles en tiempo de paz, de hacerse efectiva próximamente la reforma del Código de Justicia Militar", según han explicado los abogados defensores. Los procesados son Vicente Gorritxo Marticorena, de Plencia; Luis Lacasta Egea, de Pamplona; Xavier Urquijo Muruaga, de Bilbao; José María Iza Unamuno, de Vergara; Emilio Sagarzazu Mutuberria, de Fuenterrabía; Pablo Ibarretxe Azpetia, de Usansolo; María Arrate Elcoiribe Garitano, de Vergara; Carmen Barandiarán Santiago, de Pamplona, y Jordi Puig Planella, de Gerona.Para los tres defensores, los capitanes vocales del consejo de guerra -Alfonso Muñiz Rodríguez, José María Cardona y Salvador García Rey- han manifestado de "forma pública y reiterada su animadversión por todos aquellos que se declaran separatistas atentando de forma violenta contra la unidad de España". Los abogados recusan también al comandante auditor, Manuel Perucho Franco, ya que la vista se celebra en la IV Región Militar y el comandante Perucho Franco está destinado en la Auditoría de Guerra de la III Región Militar.
El quinto miembro del consejo, su presidente, el coronel José López de Sepúlveda, conocido por sus ideas liberales a través de diversos artículos periodísticos, no ha sido recusado por los abogados. Éstos presentaron otros dos recursos impugnatorios del consejo de guerra por presunta inconstitucionalidad y solicitaron que el caso pase a la Audiencia Nacional, órgano encargado de ver las causas relacionadas con bandas armadas.
El tribunal solicita para el caso de Berga 142 años de prisión para cada uno de los nueve procesados, cada uno de los cuales habría cometido, según el fiscal militar, siete delitos diferentes: utilización ilegítima de vehículo de motor, falsificación de matrículas, insulto a centinela, uso indebido de uniforme militar, robo con intimidación, tenencia ilícita de armas y detención ilegal.
Según el sumario, los preparativos del asalto se realizaron por medio de entrevistas previas de miembros de ETApm en Barcelona, el alquiler de un piso franco en Manresa, a unos 25 kilómetros de Berga, así como el robo de dos automóviles y de un vehículo todo terreno.
Sobre las 23.30 horas del 15 de noviembre, cuatro de los acusados desarmaron a dos centinelas que hacían la vigilancia en el exterior del batallón Cataluña IV, acuartelado en Berga. Otros miembros del comando se vistieron con ropas de los propios centinelas y otros uniformes militares e intentaron entrar en el cuartel. Después, de una cierta indecisión, sobre la 1.30 horas de la madrugada del día 16, otro centinela advirtió anormalidad en la puerta del cuartel y dio la alarma. El comando, compuesto por 13 personas, después de su frustrado intento huyó.
Posible renuncia a los abogados
A última hora de ayer un comunicante anónimo telefoneó a EL PAIS afirmando transmitir un mensaje de los acusados del asalto al cuartel de Berga. Anunció que por las mismas razones que les han llevado a recusar a tres de los cinco miembros del tribunal "nos vemos obligados a renunciar a alguno de nuestros abogados".
