El Parlamento, el Tribunal Constitucional y la movilización en la calle, tres frentes del Grupo Popular contra la LODE

La oposición conservadora va a iniciar la batalla contra el proyecto de Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODEI aprobado por el Gobierno de Felipe González, desde tres frentes distintos: el Parlamento, el Tribunal Constitucional y las manifestaciones y concentraciones en la calle, según declaró ayer a este periódico José Manuel Otero Novas, quien fuera ministro de Educación con Unión de Centro Democrático, actual vicepresidente del PDP y el hombre fuerte en materia de educación de la coalición que preside Manuel Fraga.

Por lo que se refiere al ámbito parlamentario, el Grupo Popular, primera fuerza de oposición a los socialistas, tiene previsto presentar hoy ante la Mesa del Congreso de los Diputados, antes de las 20.00 horas -en que expira el plazo de admisión de enmiendas- una enmienda a la totalidad de la LODE con texto alternativo, así como numerosas enmiendas al articulado de la ley socialista, algunas en nombre del grupo y otras a título particular, como es el propósito del activo diputado de Alianza Popular, Manuel Díaz Pinés.Una de las líneas maestras del texto alternativo de los populares consiste en privar al llamado consejo escolar -órgano integrado por representantes de todos los estamentos que intervienen en un colegio, desde los propietarios hasta los alumnos- de las dos máximas funciones que le atribuye la actual LODE, es decir, la capacidad Para elegir al director del centro y al profesorado, al tiempo que se le conmina a convertirse en garante del ideario -normas ideológicas y morales que se imparten a los alumnos-, general mente religioso, ya que la mayor parte de la enseñanza privada subvencionada con fondos del Estado está regida por órdenes confesionales.

Un segundo aspecto clave del texto alternativo, con el que se intenta eliminar otro de los principales puntos de fricción entre la Conferencia Episcopal y el Ministerio de Educación, consiste en sustituir la fórmula del pago directo del Estado a los profesores de los centros privados subvencionados, tal y como figura en el proyecto gubernamental.

El Grupo Popular propone, en su lugar, que el Estado pague al centro privado la misma cantidad por alumno que la que le cuesta ese mismo alumno en la escuela pública, y el director del centro reparta a su buen juicio de administrador el dinero recibido.En este mismo sentido, incluye una disposición adicional, que José Manuel Otero define como . mucho más avanzada y progresista que las medidas del PSOE", a fin de que durante un período de cinco años a partir de la inscripción de un alumno en un centro concertado, el padre de familia abone en su declaración de la renta una cantidad suplementaria para favorecer la gratuidad de la enseñanza, siempre que

disponga de unos ingresos anuales superiores a un millón de pesetas por cada miembro de la familia.

El modelo docente de Yugoslavia

Otra de las modificaciones que, introduce el proyecto de ley de la oposición conservadora es la obligación de que también exista un consejo escolar en los centros privados que no reciben subvención del Estado, y modifica los criterios de la LODE para la admisión de alumnos. En la ley del Gobierno prima la proximidad domiciliaria, la situación económica de la familia del niño, y el hecho de tener algún hermano estudiando ya en ese mismo centro, para tener prioridad de admisión. El proyecto alternativo pone como principal requisito la voluntad de los padres de que su hijo ingrese en ese centro, independientemente del barrio en que viva o de su situación económica.

En síntesis, "lo que nosotros planteamos en nuestra ley", asegura el ex ministro de Educación, "es, ante todo, garantizar el ideario del centro, porque nadie puede impedir que los cristianos queramos educar cristianamente a nuestros hijos en centros subvencionados por el Estado, y reforzar la libre elección del centro que, según la LODE, parece que va a ser un privilegio de los ricos".

"No queremos que se implante la autogestión en las escuelas, ni queremos que España se convierta en otra Yugoslavia", añade Otero, convencido de que José María Maravall "ha copiado la ley yugoslava y pretende trasladarla a nuestro país". También modifican en su proyecto el tratamiento, de la LODE para la escuela pública: "La LODE va a hundir las propias escuelas del Estado", prosigue, "porque allí se va a elegir directamente al director y a los profesores, y van a entrar de Reno los partidos políticos. El resultado final será", vaticina, "que no se formarán buenos alumnos, sino futuros activistas políticos".

No obstante, los portavoces del Grupo Popular afirman que no, van a conseguir modificar la LODE y menos aun sacar adelante su propio proyecto de ley, dada la mayoría parlamentaria de los socialistas. Tras criticar esta circunstancia -"es democrático, pero no es ético que la mayoría se imponga sobre la minoría", dice Otero-, aseguran que "la gente sabrá que nada más ganar las elecciones legislativas, anularemos la ley del PSOE y pondremos la nuestra". "No somos partidarios de traumatizar de esta forma la educación", manifiesta José Manuel Otero, "pero no nos queda otra solución. En cuánto Reguemos al Gobierno, lo primero que haremos será cambiar su ley por la nuestra".

"Expropiar las escuelas"

Al margen de hipotéticos proyectos futuros, el Grupo Popular ha redactado un recurso de inconstitucionalidad, que presentará ante el Tribunal Constitucional cuando la LODE finalice su tramitación en el Senado. "Basamos el recurso", señala el portavoz de los populares en los temas de educación, "en nuestra consideración de que la LODE viola la Constitución en cuatro supuestos: no respeta el ideario, como estableció la sentencia del Tribunal Constitucional a propósito del Estatuto de Centros Docentes; atenta contra el artículo 9, que garantiza la igualdad de los españoles para ejercer sus derechos, ya que según la LODE sólo podrán educar libremente a sus hijos los muy ricos, aquellos que puedan pagar colegios de élite, subvencionados al 100% con fondos privados; contraviene el derecho de los padres a elegir el centro decente de sus hijos, y, por último, a largo plazo anula la iniciativa privada, también consagrada en la Constitución". Para Otero, la LODE significa la expropiación de los colegios privados.

Estas objeciones son plenamente compartidas por Díaz Pinés, quien asegura que "el PSOE no quiere cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional", pero que ello revertirá en su contra, "porque nosotros ganaremos el recurso".

Finalmente, José Manuel Otero, que dijo haber consultado con "todos aquellos estamentos sociales partidarios de la libertad", entre los que se incluyen los representantes de la Conferencia Episcopal, advierte: "No vamos a permanecer con los brazos cruzados. Eso ya puede entenderlo todo el que quiera". Recurrirán a las movilizaciones sociales, "y no escatimaremos esfuerzos para que se oiga bien nuestra protesta. Realizaremos llamamientos a la opinión pública, concentraciones y manifestaciones, y ejerceremos todos nuestros derechos democráticos concluye, "para dejar constancia pública de nuestra indignación. El único límite es la Constitución. Lo demás, vamos a emplearlo todo".