Claras divergencias entre el presidente y los nacionalistas en tomo a las autonomías

Las minorías nacionalistas catalana y vasca plantearon el debate parlamentario sobre política general a partir de la situación creada por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA. El portavoz de Minoría Catalana, Miguel Roca, propuso que la política autonómica del Gobierno tenga en cuenta la propia personalidad de cada comunidad y como ejemplo paso la particularidad lingüística en la ley reguladora del Tercer Canal. Marcos Vizcaya, por el PNV, pidió una negociación que resuelva los problemas políticos de Euskadi sobre la base de una interpretación generosa del Estatuto de Guernica.

Al margen de las respuestas ofrecidas por el presidente del Gobierno en relación con otras cuestiones, destacó el contraste de la posición del presidente González con la de los portavoces nacionalistas. En el caso de Roca, las diferencias fueron menores. Reconoció que, desde el Gobierno, el tratamiento autonómico que corresponde a cada comunidad autónoma debe respetar la personalidad de cada pueblo. En cambio, Felipe González fue más tajante cuando aseguró que es necesario de una vez por todas separar e principal problema político del País Vasco, el terrorismo, de los restantes, porque, dijo, "a ETA le da igual un estatuto que otro".Ante el del reconocimiento, por parte del presidente del Gobierno, del hecho diferencial de cada comunidad autónoma, que puede dar lugar a que el nivel de competencias sea distintos en un caso respecto a otro, Miquel Roca preguntó: "¿Por qué el proyecto regulador del Tercer Canal ignora la particularidad lingüística de algunas comunidades cuando ésta define mejor que ninguna otra su propia identidad?". Felipe González contestó que en relación con dicho proyecto de ley el Gobierno había recogido el 95% de las sugerencias de la comunidad autónoma catalana.

El portavoz del PNV, que advirtió al Gobierno de su actitud como nacionalista vasco, hizo un cotejo entre lo prometido y no cumplido por el Gobierno y aseguró que el resultado produce el desencanto o, al menos, la disminución de la credibilidad. Recordó el escepticismo con que su grupo recibió la promesa gubernamental de llegar, en materia autonómica, "al máximo constitucional posible".

"Amargura" vasca

Ante la nueva situación creada por la sentencia sobre la LOAPA, Marcos Vizcaya expresó su "amargura ante tantos intentos de diálogos frustrados", y valoró la sentencia del alto tribunal como un palmetazo al intento, ya denunciado por el PNV y otras fuerzas políticas, de hacer una segunda lectura del Título VIII de la Constitución para reconducir u homogeneizar el proceso autonómico.

Felipe González contestó que la voluntad de acuerdo debe de ser compartida y no sólo ha de imputársele siempre al Gobierno, porque debe considerarse posible, aunque nunca se hace, que el problema proceda de la otra parte. Un fuerte aplauso desde los escaños socialistas rubricó estas palabras del presidente, como también cuando, con ademán enérgico, señaló que el Gobierno tiene los nudillos preparados para que el Tribunal Constitucional le dé todos los palmetazos que crea conveniente por extralimitación de sus competencias, pero que esperaba "que todos los tuvieran también».

En relación con la solución del problema político de Euskadi, insistió en la necesidad de separarlo del terrorista, puesto que la experiencia ha demostrado que son cuestiones distintas.

El presidente del Gobierno, como hizo también respecto a la intervención de Miquel Roca en los aspectos no autonómicos, negó a Marcos Vizcaya que se esté realizando una política vacilante y, en concreto, le pidió que mostrara una ley de asistencia letrada al detenido más avanzada que la proyectada por el Gobierno socialista, o una ley de asilo de otro país menos vacilante que el proyecto de ley español.