El Tesoro buscará en el exterior 350 millones de dólares para las autopistas nacionalizadas

La Dirección General del Tesoro será, a partir del año próximo y una vez que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para 1984, quien obtenga los recursos necesarios para llevar a cabo la refinanciación de la deuda externa de las sociedades concesionarias de autopistas que dependen directa o indirectamente del Estado. El objetivo de la Administración es mantener conversaciones con el resto de las sociedades que explotan autopistas de peaje para que, en el futuro, la demanda de recursos para financiar las obras de estas autopistas se canalice a través de una única oferta de papel, con aval total del Estado español. En 1984, la dirección General del Tesoro tendrá que salir en busca de 350 millones de dólares (52.500 millones de pesetas).

La nacionalización de las sociedades que explotan Autopista del Atlántico y la Astur-Leonesa, unido a la posición mayoritaria que tiene el Fondo de Garantía de Depósitos en las autopistas catalanas (ACESA) y en la que une Cataluña y Aragón (ACASA) ha obligado a que los responsables de la Administración se planteen las diversas alternativas existentes para refinanciar la deuda externa de estas cuatro sociedades, sobre la que reposa la mayor parte de la inversión realizada en la construcción de las autopistas. Para 1984 las cuatro empresas necesitan, según cálculos de la Administración, 350 millones de dólares.Las distintas alternativas que se planteaban consistían en mantener la actual estructura de salida individual al exterior, lo que encarecía ostensiblemente los costes financieros de las operaciones, o llegar a una fórmula por la que se ofreciera un único papel con las mayores garantías posibles. El deterioro financiero de las sociedades concesionarias de autopistas, excluidas las catalanas que tienen unos resultados positivos de explotación que deben destinarse en su mayor parte a enjugar las pérdidas que produce su filial ACASA, ha aconsejado optar por la segunda posibilidad.

Menores costes financieros

Hasta ahora, la mayor parte de las sociedades concesionarias de autopistas de peaje salían de forma individual a los mercados internacionales en busca de financiación y, al contar con el seguro de cambio, trataban de obtener dichos recursos en monedas con menores oscilaciones en los tipos de interés. Como al tiempo estas sociedades tenían reconocido el aval del Estado para, al menos, el 50% del montante de las emisiones que suscribían en el exterior, primaba el tratar de obtener mejores condiciones a corto plazo.A partir de que sean aprobados los Presupuestos Generales del Estado para este año, será la Dirección General del Tesoro la que busque directamente la financiación en el exterior, coordinando de esta forma la salida, no concentrando todas las emisiones en monedas sujetas a bajos tipos de interés. El aval del Estado se amplía al 100% de las emisiones, lo que despejará algunas incertidumbres sobre la seguridad de dichos créditos que empezaban a surgir entre algunos prestatarios internacionales. Se busca, en definitiva, reconocer de pleno una situación que estaba teniendo lugar de hecho en los últimos años.

Al tiempo se considera que el papel del Tesoro es bastante mejor que el de las autopistas y que, por tanto, se podrá lograr una rebaja sustancial en los diferenciales que los bancos extranjeros aplicaban a los créditos concedidos para la financiación de las autopistas españolas. El montante total de las emisiones que el Tesoro realizará en el exterior vendrá determinado por los informes que la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje haga sobre las necesidades financieras de cada una de las empresas, y le transferirá esa cantidad, en pesetas, al crédito oficial para que éste actúe como ventanilla y fiscalice cada uno de los pagos que se realicen.

En todo caso, esta decisión de unificar la salida al exterior parece sólo la primera parte de una operación en la que se acabarán englobando las necesidades financieras de todas las autopistas españolas, al tiempo que supone un paso más en la creación de la empresa nacional de autopistas que deberá absorber las participaciones que directamente, o bien a través del Fondo de Garantía de Depósitos, tiene el Estado sobre cuatro empresas concesionarias de autopistas.