Las haciendas municipales, afectadas de forma importante por los ajustes presupuestarios de última hora

Los haciendas municipales, sobre todo las de los grandes municipios, se verán afectadas de forma muy importante por los ajustes de última hora que se han introducido en los Presupuestos Generales del Estado. En el próximo ejercicio sólo se destinarán unos 35.000 millones para la cobertura de los déficits contraidos por los ayuntamientos españoles hasta el 31 de diciembre de 1982. En febrero pasado, el Gobierno se había comprometido a liquidar esa deuda, que pesaba gravemente sobre la gestión de municipios como Madrid y Barcelona, y que, de acuerdo con las cifras barajadas entonces, podía sobrepasar los 100.000 millones de pesetas.

El recorte de las partidas presupuestarias destinadas a este fin, ha suscitado en los grandes ayuntamientos un nuevo motivo de preocupación que añadir al anuncio oficioso de que la participación de las corporaciones locales en los presupuestos generales del año próximo será del 7,2% con respecto a la actual cifra del 8%, cuyo mantenimiento propugnaba la Federación Española de Municipios. Los socialistas habían defendido hasta ahora, en los debates sobre los Presupuestos, un incremento progresivo de la participación de los municipios en los mismos, hasta equipararse a los niveles europeos, que doblan en muchos casos el porcentaje español. Ante esta situación, los ayuntamientos se verán obligados a recortar su presupuesto de gastos e inversiones o a incrementar las recaudaciones por impuestos.Miembros del Gobierno trataron de restar trascendencia a este recorte al afirmar que la cifra de 35.000 millones, que se estima como partida presupuestaria para cubrir los déficits de los ayuntamientos españoles, tiene sólo un carácter provisional y que en los presupuestos de los próximos años se incluirán partidas para asumir la totalidad de la deuda de las corporaciones locales.

Fue el ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra, quien el 15 de febrero de este año anunció, en una comparecencia en el Senado, la intención del Gobierno de asumir la totalidad de los déficits de las corporaciones locales desde 1979 hasta el 31 de diciembre de 1982. Tomás de la Quadra manifestó en aquella ocasión a este periódico que la cifra de la operación supondría unos 100.000 millones de pesetas.

La indiscreción del ministro de Administración Territorial, al adelantarse al anuncio correspondiente que debía de hacer el ministerio de Hacienda y al concretar la cantidad que le costaría al Estado la operación de saneamiento, provocó un pequeño revuelo en el Gobierno.

En mayo pasado, el Gobierno tenía preparado ya el proyecto de ley de medidas urgentes de saneamiento y regulación de las haciendas locales, que establece duras condiciones para los ayuntamientos que pretendan ser liberados de los déficits acumulados.

En el texto, en el que no se fija la evaluación del coste total de las subvenciones del Estado a los ayuntamientos deficitarios, se establece que a cambio de sufragar sus deudas, cada municipio deberá nivelar desde el año 1983 sus presupuestos, con aumento de impuestos y congelaciones de plantillas y sueldos. El Gobierno remitió a las Cortes el proyecto el 15 de junio pasado.

La finalidad de esta ley, de acuerdo con la exposición de motivos, es la de "posibilitar que estas corporaciones locales alcancen un mejor equilibrio presupuestario durante el periodo transitorio que resta hasta la entrada en vigor de la futura Ley de Financiación de las Entidades Locales". Una ley que aún no ha iniciado su tramitación parlamentaria.

Rehacer los presupuestos municipales

En los grandes ayuntamientos, y en especial en el de Madrid, no se disimulaba ayer -pese a la reserva mostrada por los portavoces de la corporación consultados-, el malestar producido por la decisión del Gobierno de cifrar en unos 35.000 millones las partidas presupuestarias destinadas a enjuagar el déficit de los ayuntamientos españoles. En muchos de ellos se esperaba que a lo largo del año 1984 se liquidarían la totalidad de los déficits y en esa confianza habían comenzado a preparar sus presupuestos para el año próximo.El ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra, no quiso ayer confirmar la cifra de 35.000 millones, pero sí reconoció que las partidas presupuestarias venían a significar aproximadamente la mitad de "las cifras estimativas que sobre la operación se dieron en su día y que oscilaban entre 100.000 y 70.000 millones de pesetas". El ministro precisó que la cifra acordada a este fin "tiene carácter provisional y es ampliable en próximos ejercicios presupuestarios". "La cantidad", precisó, "corresponde a la estimación que el Gobierno hace de lo que piensa que va a tener que destinar el próximo año a sufragar déficits acumulados de los ayuntamientos.

Esto no supone una restricción de la voluntad del Gobierno de sufragar la totalidad de los déficits de los ayuntamientos hasta el 31 de diciembre de 1982, que está tomada y se recoge en la ley de medidas de saneamiento".