Las deudas de los periódicos con la SS serán descontadas de las ayudas a la Prensa

El Gobierno descontará de las ayudas a la Prensa establecidas para este ejercicio las deudas que tengan los periódicos con la Seguridad Social o con los trabajadores, según ha declarado Francisco Virseda, director general de Medios de Comunicación Social. Esta novedad se añade a la modificación de criterios sobre estas ayudas, contenidos en un decreto que aprobará el Consejo de Ministros del próximo día 21.Hasta la aprobación de la ley de Ayudas a la Prensa, que será remitida a las Cortes antes de fin de año, el Gobierno ha redactado un decreto que fijará los criterios para atender a las ayudas por difusión y por papel. En este decreto se mantienen los criterios vigentes para ayudas por papel consumido, en el sentido de proteger la industria papelera española frente al exterior.

En cuanto a la difusión, se fijan criterios más proporcionados y objetivos, de manera que van a recibir ayudas tanto los periódicos grandes como los medianos y pequeños.

La partida presupuestaria para ayuda a la Prensa ha subido de 1.000 millones en los presupuestos de 1983 hasta 1.200 millones en los correspondientes a 1984.

Por difusión en el extranjero, las ayudas van a aumentar un 50%, de manera que se abonarán 12 pesetas por ejemplar vendido, frente a las 6 pesetas que se pagaban antes. En el decreto, que tienen previsto estudiar hoy los subsecretarios, se establecen los criterios para ayudas por reconversión tecnológica, especificando los elementos por los que un periódico podrá solicitar subvención del Estado.

En cuanto a la medida de descontar las cantidades impagadas por sentencia de Magistratura, favorables a los trabajadores, o deudas firmes, líquidas y exigibles, a la Seguridad Social, se debe, según Virseda, a que "se pretende el saneamiento de las empresas periodísticas".

Finalmente, el director general destaca que por primera vez se establecen garantías jurídicas para los perceptores de las ayudas, de modo que existirán mecanismos para que aquel periódico que no esté de acuerdo con la ayuda recibida pueda recurrir al Estado, e incluso pueda llegar a plantear el, tema ante los tribunales.