Reagan envía 2.000 nuevos 'marines' a Líbano y les autoriza a solicitar apoyo aéreo

El presidente Ronald Reagan ha incrementado su compromiso en Líbano al autorizar a los marines estacionados en Beirut a contraatacar y a pedir, si es necesario, el apoyo de los cazabombarderos del portaviones Eisenhower contra las fuerzas que bombardeen sus posiciones, las de la fuerza multinacional o pongan en peligro a personal diplomático norteamericano. Esta concesión, junto al envío de 2.000 nuevos marines a Líbano, es contemplada no sólo como una medida de protección militar, sino como un intento de demostrar a los países amigos en el área que Estados Unidos es un aliado digno de confianza. En medios oficiales se señala que la medida debe ser considerada también como una advertencia a Siria.Fuentes no identificadas citadas por The Washington Post declaran que la decisión de recurrir a los aviones del Eisenhower "sin tener que pedirlo a Washington" tiene por objetivo "advertir a Siria que Estados Unidos está dispuesto a incrementar su potenpcia de fuego en Líbano".

Según fuentes oficiales citadas por el Post, el principal patrocinador de la decisión de Reagan es Robert McFarlane, enviado personal del presidente a Oriente Próximo, para quien "no sólo los marines han de estar más protegidos mediante el recurso de llamar a los cazas Harrier y a los bombarderos A-6 del Eisenhower, sino que el Gobierno norteamericano debe demostrar a las naciones árabes que es un aliado serio".

En este marco ha de incluirse el desembarco de 2.000 nuevos marines en las costas libanesas. Con este refuerzo, las tropas norteamericanas actualmente estacionadas en el país son de 3.200 hombres.

Reticencias

Este incremento de la presencia militar norteamericana en una zona conflictiva suscita crecientes reservas en la opinión pública norteamericana y en los medios políticos de Washington, por lo que la Casa Blanca ya se ha visto obligada a informar a los líderes del Congreso y particularmente a Thomas O'Neill, presidente de la Cámara de Representantes, que el presidente no contempla la posibilidad de invocar la ley de Poderes de Guerra de 1973, que le obliga a consultar con el Congreso el envío de soldados a zonas bélicas y cuyas disposiciones le llevarían a retirar los soldados en un plazo de 60 a 90 días. El Gobierno sostiene que la aplicación de la ley no ha lugar en las presentes circunstancias dado que los marines no se encuentran en una situación de "inminentes hostilidades".

El presidente quiere mantener su capacidad de maniobra y, consciente tanto del malestar existente en el Congreso por la prolongación y el incremento de la presencia militar como de las dificultades que surgirían ante nuevas pérdidas de vidas, se dispone a aceptar un compromiso. Aceptará que el Congreso tome la iniciativa, como estipula la referida ley, y presente una resolución que limite a 18 meses la misión de los marines.