Hacienda investiga otra vez las entregas de dinero de Rumasa a personas del Opus Dei

Varios inspectores de Hacienda han investigado a fondo, por segunda vez, las entregas financieras ordenadas por Ruiz-Mateos al Instituto de Educación e Investigación (IEI), promovido por diversas personalidades del Opus Dei. La inspección fue abierta de nuevo por sugerencia de los fiscales encargados de denunciar los aspectos penales del caso Rumasa, después de apuntar que en la operación se pudo incurrir en delito fiscal penado con la cárcel. Si prosperara tal calificación, una de las. consecuencias más probables, según medios jurídicos, sería lla eventual implicación del ex ministro Gregorio López Bravo, gestor de tales apoyos y presidente del IEI.El trabajo encomendado a los inspectores, de acuerdo, con la información confirmada en medios de la Administración, ha sido analizar la gestión y vincula ciones que rodearon a la entrega de letras por valor de 1.500 millones de pesetas, cantidad de la cual fue cobrada una parte.

Tras analizar la documentación recibida, los fiscales observaron la necesidad de profundizar en los datos. No obstante, apuntaron, según las versiones disponibles, que se hablaba en los mismos de donación. Este acto jurídico debe ser gravado con elevados impuestos, que superan la mitad del valor de los bienes transmitidos si no hay vinculación de parentesco entre los transmisores. Y los fiscales recordaron que no se habían comprobado pagos a Hacienda.

Las dificultades para llegar a conclusiones determinantes parecen ser, sin embargo, numerosas. Rumasa Mateos, había contabilizado la transmisión como "donación", según consta en los apuntes descubiertos por los administradores nombrados por el Gobierno. Pero se ha sabido que el Instituto de Educación e Investigación la había registrado como préstamo, no susceptible de dicho impuesto.

Comprobaciones

De momento, el primer paso ordenado desde Economía y Hacienda consiste en inducir la calificación jurídica de las ayudas, para distinguir si fueron préstamo o donativo. Luego se trataría de concretar, en su caso, quién debería pagar.

Según fuentes allegadas a la inspección, también está resultando complicado avanzar en la obtención de conclusiones inmediatas, porque los administradores del instituto tenían mucha experiencia en la constitución de sociedades. Junto a López Bravo figuraban el notario Víctor Manuel Garrido de Palma, el banquero Enrique Sendagorta (consejero del Vizcaya, presidente de Induban y presidente de honor de Petronor), el catedrático de Química Agrícola Octavio Carpena Artes, el abogado Ramón Mas y Calvet y el catedrático de Política Económica Javier Irastorza Revuelta, jefe del gabinete de estudios de la Comisaría del Plan de Desarrollo y luego jefe de la asesoría económica de la Presidencia del Gobierno.

Otras dudas proceden de que el IEI no había realizado hasta el momento ninguna actividad, así como de su aparentemente escasa vinculación a otras empresas del grupo. Constituido el 15 de diciembre de 1981, su capital de 50 millones fue desembolsado en junio de 1982 (el 25% por el Instituto británico), siendo éste su primer ejercicio. En cuanto a sus relaciones con el grupo Rumasa, ha trascendido que las tuvo con una empresa del holding, en fase muy inicial, por lo que se limitaron a la matriz y, fundamentalmente, al propio Ruiz-Mateos.

Las ayudas descubiertas en mayo pasado por los nuevos administradores de Rumasa se remontaban a mayo de 1981, cuando la inmobiliaria Hispano Alemana (40% de propiedad directa de Rumasa) libró cinco letras de 300 millones de pesetas cada una, sin contrapartida aparente. Los efectos fueron aceptados después como librado por la cabecera Rumasa y endosados al instituto. Los vencimientos eran anuales, de 1981 a 1985. Por este aplazamiento de los pagos, Rumasa se comprometió a pagar un 10% de lo no cobrado. Y el fruto de las dos letras ya vencidas fue ingresado en una cuenta de Rumasa denominada Operación Ejecutivo, que pagaba un 20% de interés. Así, el saldo en el momento de la expropiación era de 598 millones, correspondientes a los 150 millones del 10% sobre los 1.500 totales, los 300 de la letra cobrada en 1981, los 120 millones de pesetas de la segunda anualidad del 10% y los 300 millones de la segunda letra, todo ello menos retiradas de fondos por valor de 270 millones.