La crisis y el pacto social

El último pacto social, el Acuerdo Interconfederal, negociado entre patronal y sindicatos, vino a continuar una política de concertación iniciada en 1977 con los Pactos de la Moncloa. A diferencia del Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE), el Gobierno no quiso aparecer como garante del compromiso, a pesar de que su influencia estuvo pesando a lo largo de las negociaciones. El nuevo Gabinete mostró un especial interés por no interferir en un campo que en aquellos momentos juzgaba de exclusiva competencia de las fuerzas sociales.El ANE fue la culminación de una política, hasta entonces inédita en nuestro país, de concertación entre las fuerzas sociales y el Gobierno, que en la última legislatura de UCD venía a añadirse, en materia laboral, a la promulgación del Estatuto de los Trabajadores y la ley Básica de Empleo. Él Acuerdo Marco Interconfederal (AMI), firmado por UGT y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), supuso la consolidación del sindicato socialista, que consiguió imponer los criterios pactados en la negociación colectiva durante dos años, en detrimento de CC OO, que eligió quedarse al margen.

Con el ANE, suscrito el 5 de junio de 1981, CC OO y UGT consiguieron, a cambio de la moderación salarial, su reconocimiento pleno como interlocutores válidos, mayor consolidación y un protagonismo institucional del que hasta entonces carecían. Por primera vez, los sindicatos plantearon como objetivo prioritario, por encima de las reivindicaciones puramente salariales, la política de empleo y la solidaridad con los trabajadores en paro.

Con la instauración de la democracia, los sindicatos recobraron su papel de interlocutores válidos en los temas económicos y salariales. Desde entonces, y a lo largo de los últimos seis años, la negociación colectiva ha sido fruto de interlocución y, casi siempre, del acuerdo. Los Pactos de la Moncloa, firmados el 25 do octubre de 1977, constituyeron un compromiso conjunto -en el que participaron las fuerzas políticas- para dar una salida a la crisis.

El tope máximo de la subida salarial fue fijado en el 22%. Este acuerdo amplio no tuvo continuidad y el Gobierno dictó para 1979 un decreto-ley que establecía una banda salarial del 11%-14%, dentro de unas previsiones de inflación del 10%, aunque finalizado el año ésta se situó en el 15,6%.

UGT y CEOE iniciaron el "abandono del intervencionismo de la Administración" en materia de negociación colectiva, en un intento de incorporarse a la práctica habitual en la mayoría de los países de Europa occidental. Fruto de este acuerdo fue la firma, el 5 de enero de 1980, del AMI, en el que se recogía una subida salarial entre un mínimo del 13% y un máximno del 16%, aparte de incrementos de productividad y condiciones especiales en el caso de empresas en crisis. El pacto fue prorrogado para 1981, con una banda comprendida entre el 11% y el 15%. La inflación fue en 1980 del 15,2% y del 14,4% en 1981.

El año pasado, ya con el ANE, el índice de precios al consumo subió un 14%, mientras la negociación de las alzas salariales se movió entre los límites del 9% y el 11%. La tónica de moderación en los aumentos salariales como principal cauce para contener la inflación volvió a repetirse este año. Centrales y patronal suscribieron en el Acuerdo Interconfederal el compromiso de incrementar los salarios entre el 9,5% y el 12,5%, mientras que las previsiones de subida de precios son del 12%.