El juez fija 100.000 pesetas de fianza a cada uno de los jornaleros del SOC ingresados en prisión

El ingreso en prisión de ocho jornaleros del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), ordenado por el juez de Morón de la Frontera como consecuencia de su encierro en el Ayuntamiento de El Coronil, plantea un problema delicado al Gobierno andaluz, que se encuentra atrapado entre el interés político de su puesta en libertad y la necesidad de respetar el libre curso de la justicia. El juez exige 100.000 pesetas de fianza por la libertad provisional de cada uno de ellos. Ni los detenidos ni el propio SOC están en condiciones de entregar esa suma.

José Rodríguez de la Borbolla, vicepresidente del Gobierno andaluz, recibió ayer a Francisco Casero, uno de los más destacados líderes del SOC. De la entrevista salió el ofrecimiento de unas reuniones de trabajo entre la Junta y el SOC para estudiar las fórmulas que propone este sindicado.Pero el ofrecimiento no resuelve la situación de los ocho jornaleros detenidos, ingresados en la prisión provincial por orden del juez de Morón de la Frontera, que exige 100.000 pesetas por la libertad provisional de cada uno de ellos. El SOC considera inaplazable su libertad, y sus principales dirigentes se encontraban ayer reunidos en el Ayuntamiento de El Coronil, justamente el lugar donde se produjo la detención de los encarcelados, que se habían encerrado allí. El encierro obedecía a su protesta por haber sido excluidos del paro comunitario tras participar en la ocupación de una finca.

Según pudo saber EL PAÍS, la Junta tiene interés, para evitar crispaciones, en alcanzar una solución al problema del encarcelamiento de estos ocho jornaleros, dos de los cuales, Diego Cañamero y Manuel Lara son destacados directivos del SOC. El sindicato no puede hacer frente a la fianza, y mucho menos los propios detenidos. El hecho de que la detención se produjera previo ataque con explosivos a la puerta del ayuntamiento, que los encarcelados tenían atrancada, ha creado indignación entre los jornaleros.

Como contrapeso, a últimas horas del martes finalizó la ocupación de la finca Navacerrada, que hoy será visitada por técnicos de la Delegación Provincial de Agricultura para estudiar la viabilidad de los cultivos sociales propuestos por el SOC. En realidad, el fin de la ocupación responde, más que nada, a la necesidad de muchos de los ocupantes en salir hacia Francia para participar en la vendimia.

CC OO sigue con su marcha, que ayer, llegó a Lebrija, y cuyo eco por el momento no es grande. UGT ha emitido un comunicado en el que llama a los demás sindicatos a una actitud de debate, sin gestos de este tipo. Por su parte, la Asociación de Agricultores y Ganaderos emitió una dura nota en protesta por las ocupaciones de fincas.