Un empresario cede a ocho trabajadores bienes embargados

Los bienes de una pequeña empresa de la localidad de Montesquiu, próxima a Vic, valorados en 30 millones de pesetas, han sido cedidos por el empresario a ocho trabajadores dos días después que la Magistratura de Trabajo número 17 de Barcelona ordenara el embargo de los mismos, por créditos salariales de la casi totalidad de la plantilla. La nueva irregularidad sucede a un complicado mecanismo anterior por el que los mismos bienes fueron autoadjudicados por el empresario, mediante un tercero, a través de una subasta realizada en la Magistratura Especial de la Seguridad Social. Tras el descubrimiento del hecho, el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona ordenó el procesamiento del empresario Federico Trapé; del abogado de la empresa, José Pablo Sánchez Migo y del conocido subastero Rafael Grau.

El conflicto originó el pasado martes la intervención de la Guardia Civil de Vic, después que los trabajadores perjudicados por el supuesto alzamiento de bienes quisieran impedir la entrada de los otros ocho obreros a la empresa.Un mando de la fuerza pública ordenó el abandono del lugar al grupo mayoritario, a pesar de estar vigente el procesamiento del empresario y de sus asesores y de haberse abierto un sumario independiente, con el número 82/ 83, en el juzgado de Barcelona que instruye en la actualidad las irregularidades cometidas en subastas de la Magistratura Especial.

Anulación de la primera subasta

José Pablo Sánchez Íñigo, abogado del empresario en la primera operación y Rafael Grau, subastero que se adjudicó los bienes, abandonaron la prisión Modelo en situación de libertad provisional el pasado 22 de agosto.A raíz de conocerse la apertura del sumario, la Magistratura Especial certificó que la primera subasta se había anulado con fecha 30 de enero, aunque dicha comunicación no se hizo pública hasta final de junio, lo que no es habitual.

La cesión de bienes efectuada ahora por el empresario Trapé, de no ser nuevamente anulada, impedirá que 21 trabajadores despedidos hace varios meses bajo la alegación de haber participado en una huelga ¡legal puedan materializar el embargo instado por ellos ante la Magistratura de Trabajo que declaró en el pasado mes de junio la improcedencia de los despidos.

Otro grupo de ocho trabajadores, que aceptaron la propuesta de la empresa dirigida a una operación de recompra y cambio de nombre de la entidad, suscribieron, dos días después del embargo de sus compañeros, una sorpresiva conciliación ante el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación (IMAC) de Manresa. La cesión no fue autorizada por los interventores nombrados en la suspensión de pagos de la entidad.

Por el nuevo documento, el empresario cede sus bienes a los trabajadores fieles, en pago de una indemnización supuestamente adeudada por rescisiones de contratos.