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El Gobierno fijará un tope salarial del 6,5% en el sector público y aconsejará subidas semejantes en el privado

El Gobierno reanudará la próxima semana sus contactos con sindicatos y patronal para exponer las grandes líneas del Programa Económico a medio plazo (1984-1986). En estas reuniones se concretará a las partes los objetivos de la política gubernamental, perfilados ayer por el Consejo de Ministros, y que serán comunicados a las Cortes en un documento de 50 o 60 folios. El documento recogerá un, límite salarial del 6,5% para el sector público, con la pretensión de que sea indicativo para el sector privado, si bien teniendo en cuenta el mayor riesgo de empleo existente en las empresas privadas. Los sindicatos CC OO y UGT ultiman su estrategia para los próximos meses, pendientes de unas reuniones cuyos resultados prácticos tienen diferente valoración para cada central. Mientras CC OO cree imposible una política de concertación y amenaza con movilizaciones, UGT confía aún en que pueden negociarse incluso aspectos recogidos en los anteproyectos de los Presupuestos del Estado.

RODOLFO SERRANO / GUSTAVO MATÍAS, Madrid

M. R., Nueva York

El Consejo de Ministros de ayer estuvo asistido durante sus sesiones de mañana y tarde, entre otros altos cargos, por los secretarios de Estado de Planificación y Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y José Sevilla, respectivamente. A lo largo del día fueron solicitados diversos informes a los redactores técnicos de los presupuestos y del programa económomico, en los que se han introducido pequeños retoques con respecto a los datos conocidos en las últimas, semanas, que en algunos casos correspondían a proyectos elaborados antes del verano.Fuentes cercanas al Ejecutivo señalaron, tras la reunión del Gabinete, que la patronal y los sindicatos, presumiblemente por separado, serán convocados para dialogar sobre tales proyectos a partir del próximo lunes. Otras fuentes señalaban, sin embargo, que estos contactos Podrían anticiparse. Ni las fuerzas sociales ni el Gobierno habían confirmado a última hora de ayer dicha convocatoria.

Según fuentes solventes, como consecuencia de estos encuentros, cabe todavía la posibilidad de modificar diversas partidas presupuestarias, aunque siempre manteniendo las grandes magnitudes que fueron concretadas ayer en la reunión del Gabinete, como déficit público (del 6% del producto interior bruto en 1983 pasará al 5,4% en 1984), inflación (8%) y crecimiento económico (2% en 198-31 215"/o en 1984 y 3,1% y 3,5% en ejercicios sucesivos).

Entre las cifras que el Gobierno podría modificar tras escuchar a los agentes sociales, destacan la aportación del Estado a la Seguridad Social (en principio, más de 625.000 millones en 1983) y las transferencias para el desempleo. En otros capítulos se dejará también abierta la puerta a reajustes, con el fin de redistribuir concertadamente el coste de la crisis y las contrapartidas a la moderación salarial. En especial, las relativas a prestaciones económicas y sanitarias de la Seguridad Social, si bien partiendo de la idea de que una excesiva expansión del gasto impediría rebajar las cotizaciones con el fin de que no penalicen al empleo.

Pese a la preparación de estos encuentros, el Gobierno ha decidido que el contenido del programa económico y sus orientaciones a los agentes sociales sean resumidos en un documento de 50 o 60 folios de extensión, que se enviaría a finales del presente mes al Parlamento junto a los proyectos de presupuestos del Estado y Seguridad Social.

Además de los grandes objetivos, en la comunicación aparecerán los criterios salariales que se aplicarán, por primera vez, en todo el sector público (incluidas las empresas), con el propósito explícito de que sirvan también de orientación para el sector privado. A este respecto, el Ejecutivo añadirá la recomendación de que, en todo caso, se premie el mayor riesgo para el empleo en las empresas privadas.

El tope fijado en el sector público será del 6,5%, si bien queda abierta la posibilidad de que las empresas con pérdidas o aquellas que en los últimos años han registrado mayores subidas salariales, el incremento sea menor o no haya revisión. Para asegurarse del cumplimiento de esta política, todos los convenios de empresas públicas, que hasta ahora se han negociado de forma autónoma, deberán ser estudiados y aprobados por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. El Gabinete adoptará medidas rigurosas para que el coste total no aumente más de un 8%. En 1983, la subida del 9,5% garantizada a los funcionarios fue superada en muchas empresas públicas.

Las dudas de los sindicatos

Se mantendrá el compromiso de crear 800.000 puestos de trabajo hasta finales de 1986, en coherencia con las hipótesis de expansión económica, aumento de las inversiones, del consumo y de las exportaciones. Sin embargo, podrá advertir sobre la imposibilidad de cuantificarlo temporal y geográficamente.Los planes del Gobierno respecto al programa económico a medio plazo y su intención de convocar a las partes sociales, despeja las dudas sobre la posibilidad de una cierta concertación social. Las dos grandes organizaciones sindicales han venido mostrando en los últimos días su pesimismo en cuanto a que el Ejecutivo tuviera intención de negociar con los sindicatos las líneas maestras de su programa. Tanto CC OO como UGT habían insistido en la necesidad de que los Presupuestos del Estado recogieran una serie de contra prestaciones que hicieran posible asumir una moderación del salario real para el próximo año.

El pesimismo había venido aumentando a medida que se iban concretando las grandes partidas de los presupuestos. Ayer mismo, Marcelino Camacho, secretario general de CC OO, explicaba lo tratado en la reunión del secretariado y mostraba su convencimiento de que ya era imposible la concertación social. La intervención de Camacho es tuvo cargada de duras críticas y argumentó que el grado de concreción de los presupuestos impedían cualquier negociación en este sentido.

Para CC OO, tal como explicaba gráficamente Agustín Moreno, el Gobierno había matado la concertación social y "el Gobierno tendrá que enterrar a sus muertos". Aunque los representantes de CC OO confíaban aún en que serían llamados por el Gobierno para reanudar las conversaciones, mostraban también un acusado desaliento respecto al resultado de las mismas. Camacho anunció la intención del sindicato de convocar movilizaciones a finales de este mes, como protesta por los criterios con que se ha aplicado la jornada de 40 horas, la flexibilización del mercado de trabajo, y la defensa del poder adquisitivo.

Las reivindicaciones de los sindicatos, al margen de su participación en el programa económico, se centran con carácter inmediato en los objetivos para 1984. CC OO y UGT consideran imprescindible que los Presupuestos del Estado recojan las contrapartidas necesarias para la moderación salarial: pensiones, cobertura de paro, empleo comunitario y mejores prestaciones sanitarias.

La fórmula que el Gobierno ofrece a los sindicatos -presupuestos, abiertos susceptibles de modificación- parece coincidir con la confianza demostrada ayer por la ejecutiva de UGT que, tras una reunión que se prolongó durante dos días, reafirmó su confianza en que aún se podía actuar sobre los presupuestos, que consideraban no cerrados.

Las declaraciones y el comunicado oficial de la ejecutiva de UGT no se hicieron públicos hasta que no hubo finalizado el Consejo de Ministros y se supo que la referencia oficial no recogía nada en este aspecto. Un miembro del sindicato llegó a comentar en un aparte que el comunicado "hubiera sido distinto si hoy (por ayer) el Consejo de Ministros hubiera hechos públicos los presupuestos".

El comunicado de UGT insiste en las afirmaciones que en las últimas semanas han venido haciendo destacados dirigentes de la central socialista: necesidad de defender el poder adquisitivo global de los salarios, incluyendo las contrapartidas necesarias, subida de pensiones por encima del índice de precios al consumo (IPC), negociación de la política salarial, tanto en el sector público como en el privado, mayor cobertura de desempleo y negativa a una mayor flexibilidad del mercado de trabajo.

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