El PSOE acusa al PCE de la bancarrota municipal de San Fernando de Henares

El grupo de concejales socialistas de San Fernando de Henares desmintió ayer las declaraciones efectuadas a lo largo de estos dos últimos meses por el alcalde de la localidad, el comunista Enrique Guerra, según las cuales el ministerio de Hacienda es responsable de la angustiosa situación económica por la que atraviesa el ayuntamiento. Los socialistas, sin descargar de responsabilidad al ministerio, hacen hincapié en que el ayuntamiento no se ha preocupado, en cinco años seguidos de gestión, de actualizar el censo de contribuyentes, lo que origina que un número elevado de vecinos del pueblo no paguen la contribución urbana desde hace años.Por citar un ejemplo concreto, el grupo socialista describió la irregular situación de las 3.000 familias que habitan la urbanización conocida como Parque Henares, que constituye por sí sola casi el 30% del parque de viviendas total de la localidad. Habitada desde cinco años atrás, aproximadamente, la inmobiliaria facilitó a Hacienda datos erróneos, que motivaron que unos vecinos pagaran cantidades mucho más elevadas que otros que estaban en idénticas condiciones. Los contribuyentes protestaron y Hacienda decidió darles de baja en tanto no se cuantificaran las cantidades concretas a pagar por cada vecino. María Paz Muñoz, concejala socialista, reconoció que Hacienda tiene responsabilidades en el tema, desde el momento en que la competencia recaudatoria le pertenece, pero tampoco exonera al ayuntamiento, ya que debía haber sido el primer interesado en regularizar el censo para facilitar el cobro.

Por otra parte, la concejala socialista rechazó la cifra de 220 millones, citada por el alcalde, como la cantidad que el Ministerio de Hacienda adeuda al ayuntamiento. Al contrario, es la corporación quien debe 33 millones a aquél, en virtud de unas entregas a cuenta realizadas por el ministerio que luego se demostraron como superiores a Io realmente recaudado.

Los concejales socialistas manifestaron sus sospechas de que las denuncias contra Hacienda de los comunistas sean una coartada para justificar el alto número de obras y proyectos sociales paralizados, muchos de ellos iniciados precisamente en los meses anteriores al comienzo de la campaña de las elecciones locales.