Austeridad en Portugal

POR SEGUNDA vez desde el restablecimiento de la democracia, en abril de 1974, Portugal acude al Fondo Monetario Internacional (FMI) para tratar de poner orden en sus finanzas públicas y evitar la bancarrota. El Estado Novo de Salazar se inauguró, en abril de 1928, con el rechazo de un empréstito de la Sociedad de Naciones y con el establecimiento de un programa de austeridad del que no se apartó ni siquiera cuando la evidencia del desarrollo económico español demostraba las extravagancias de la disciplina del profesor de Economía Política de Coimbra.En abril de 1974, el nuevo régimen democrático pretendió quemar las etapas del desarrollo asignando a sector público el papel de motor de la economía. El frágil equilibrio económico portugués iba a hacer frente a la primera crisis del petróleo precisamente cuando tenía que acoplar una población de 700.000 repatriados procedentes de Angola y Mozambique y cuando ya no podía contar con el flujo de materias primas de sus dos grandes ex colonias. Una primera negociación para la obtención de un préstamo del Fondo Monetario Internacional fracasó como consecuencia de la errática política económica de los primeros Gobiernos socialistas de Mario Soares, acosados tanto desde la derecha como desde los sindicatos procomunistas.

La situación económica no facilitaba las cosas al régimen democrático. El accidente mortal de Francisco Sa Carneiro aumentaría las dificultades en el momento en que se intentaba impartir tranquilidad a los empresarios y disciplina a los partidos políticos de la coalición de centro. Pinto Balsemão se vería finalmente obligado a arrojar la toalla ante la imposibilidad de establecer el orden en las filas de socialdemócratas, cristianodemócratas y el pequeño partido monárquico. Sin embargo, él y sus colaboradores consiguieron reformar la Constitución y suprimir la servidumbre por la que el Consejo de la Revolución, es decir, un organismo militar creado en 1976, tenía poder de veto sobre las decisiones del Parlamento. A partir de ahí, ya era posible acometer las reformas económicas encaminadas a modificar el cuadro institucional portugués, en el que la iniciativa privada había quedado ahogada por el peso abrumador del sector público. Ambiciosos proyectos de industrialización, frecuentemente modificados, con enormes exigencias de capital, en gran medida suministrado desde el exterior, protagonizaban una actividad económica en la que los desequilibrios -precios y balanza de pagos- han acabado asfixiándola.

Los resultados de las cuentas de 1982 demostraban la exactitud de la alarma lanzada por Pinto Balsemão en el momento de su dimisión, el pasado diciembre: "Se precisa la inmediata constitución de un Gobierno que afronte la dramática situación financiera del país". El déficit de la balanza de pagos representa el 14% del valor de la producción de bienes y servicios (2,5% en el caso español); el déficit del sector público, aunque se mantiene en las mismas cifras que en 1981, asciende al 9,5%. del PIB (6% en España), y los precios interiores crecen a una tasa en torno al 23% anual. El nuevo primer ministro, el socialista Mario Soares, tendría, así, que decirle al país la gravedad de la situación y anunciarle el inicio de nuevas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para impedir la bancarrota de los pagos con el exterior.

El elemento determinante del desequilibrio exterior es el sector público portugués, con sus 55 conglomerados deficitarios. Las empresas públicas instaladas en sectores industriales -cemento, fertilizantes, astilleros-, sectores de servicios -bancos, compañías de seguros, líneas marítimas y aéreas-, son todas ellas recurrentemente deficitarias. Sin embargo, su saneamiento se viene posponiendo año tras año, mientras continúa el pago de unas nóminas crecientes a cambio de un fuerte absentismo, una baja productividad e incluso la aparición de niveles de corrupción cada vez más palpables. Este sector público ha generado una corriente de importaciones de mercancías y capitales para asegurarse su funcionamiento, pero ha sido muy poco eficaz como suministrador de exportaciones competitivas hacia el mercado internacional. El déficit comercial portugués ha coincidido con una prolongada caída en el renglón principal de ingresos de la balanza de pagos de Portugal: las remesas de sus emigrantes. Lo sorprendente es que el consumo privado interior, desprovisto por completo de las remesas de los portugueses emigrados, ha crecido de un modo espectacular en los últimos años.

El punto débil de toda esta cadena son las cuentas exteriores, que no acaban de cuadrar. Portugal necesita desesperadamente, como las propias autoridades socialistas han subrayado, créditos en divisas para no incurrir en una moratoria de pagos, y de modo simultáneo, una radical reducción de los gastos interiores.

El plan de estabilización negociado con el FMI pretende situar el crecimiento de los salarios varios puntos por debajo de los niveles de alza de los precios, devolver al sector privado una parte importante de las actividades gestionadas por el Estado y sanear las empresas públicas de manera drástica, bajo el argumento de que resúlta preferible conceder vacaciones o jubilar anticipadamente a una parte importante de los efectivos antes de mantener un funcionamiento infinanciable. A corto plazo y después de la depreciación del año pasado, el escudo se ha vuelto a devaluar, con la intención de desanimar las importaciones, estimular las exportaciones y también el envío de las remesas de emigrantes y la vuelta de los capitales nacionales y extranjeros. Las subvenciones a los artículos de primera necesidad se han suprimido, y, de manera simultánea se han elevado los precios de los servicios públicos, los aranceles y los impuestos al consumo. En definitiva, un duro plan de estabilización, que, no obstante, es sólo el comienzo de un programa de modernización a medio plazo, que promueva una mayor competitividad de la economía portuguesa, si de verdad este país mantiene su opción de integrarse en áreas industriales más avanzadas.