El miedo de los militares latinoamericanos al revanchismo

En los procesos de democratización que atraviesa el continente latinoamericano, hay una palabra que deja a los militares, sean argentinos, brasileños, chilenos o uruguayos, sumidos en un mismo pánico corporativo: revanchismo. La posibilidad de que las instituciones castrenses tengan que rendir a la justicia cuentas de su actuación como poder político y represivo cuando detentaban el poder es una idea que los cuarteles rechazan con energía.En Brasil, una ex prisionera política, Inés Etienne, localizó la casa de Petrópolis (cerca de Río de Janeiro) en la que había sido torturada por los servicios militares y apuntó el nombre de los militares que la habían transformado en un centro de torturas. Inmediatamente, los tres ministros militares brasileños se pronunciaron públicamente y afirmaron categóricamente que la amnistía tenía que ser efectiva para todos.

Los militares latinoamericanos consideran que las guerras internas fueron hechas para defender un sistema de valores y que no hay combate sin muertos. Sin embargo, los militares profesionales, fuera o dentro de los cuarteles, no ocultan el peso de que las fuerzas militares hayan mantenido miniejércitos paralelos.

El atentado que costó la vida al general retirado Carol Urzúa, gobernador de Santiago de Chile, y que, de confirmarse la reivindicación hecha por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), estaría dentro de una acción de hostigamiento y ataque a los principales colaboradores de Pinochet preocupa a los cuarteles y a un abanico muy variado de fuerzas de la oposición.

La seguridad nacional

La década de los setenta vio en América Latina el auge de la doctrina de la seguridad nacional, que practicada con mucha violencia por los militares costó hasta ahora, según datos que recogieron organismos internacionales, más de 140.000 muertos en todo el continente. Esa doctrina, basada en la defensa de los valores occidentales contra el virus comunista dentro de las sociedades, se aplicó, indiscriminadamente, contra cualquier persona que no aceptara la ocupación militar del poder.

Cuando los exiliados uruguayos Lilian Celiberti y Universindo Díaz fueron secuestrados en Porto Alegre, capital del estado sureño de Río Grande del Sur, que hace frontera con Uruguay, por policías brasileños del servicio de Orden Político y Social, órgano oficial pero de actuación paramilitar, las autoridades brasileñas dijeron que iban a hacer investigaciones para encontrar a los culpables. Los encontraron y no pasó nada.

De haber ocurrido, los argentinos hubiesen protestado porque ayudaron a los militares brasileños cuando secuestraban exiliados de ese país en Buenos Aires. Los chilenos podrían contar cómo funcionó la asesoría brasileña de represión política con relación al golpe de 1973, y los bolivianos se sentirían inseguros y podrían dar detalles de los variados golpes que Brasil estimuló y apoyó en ese país contra el general Torres, por ejemplo. Al mismo tiempo, se tendría que contar cómo los argentinos secuestraban en el aeropuerto de Río de Janeiro o en Foz de Iguazú.