El Gobierno vasco insiste en la falta de datos fiables para establecer valoraciones objetivas de las pérdidas

El Gobierno civil de Vizcaya y la diputación foral de esta misma provincia han remitido a los municipios vizcaínos sendos formularios en los que se pregunta por el alcance y cuantía de los daños producidos por la reciente riada. Las respuestas permitirán establecer las primeras aproximaciones relativamente fiables sobre el monto total de los perjuicios económicos causados por las lluvias torrenciales que se produjeron la pasada semana. Las cifras de las que actualmente se dispone continúan siendo fragmentarias y, en algunos casos, su fiabilidad es puesta abiertamente en tela de juicio, tanto por los representantes de la Administración central como por el Gobierno vasco, cuyo consejero de Economía y Hacienda, Pedro Luis Uriarte, insistía en la falta de datos fiables para establecer valoraciones objetivas.

Aparentemente, se está pretendiendo evitar, o al menos aplazar, el inicio de una guerra de cifras, que incluso técnicos como es el caso de Juan Ignacio Jiménez Echevarría, director regional de una de las grandes entidades bancarias del País Vasco, califican de exentas de sentido en el momento actual, ante la imposibilidad material de establecer balances de daños económicos en unos momentos en los que no se han terminado las tareas de limpieza y, por tanto, se desconoce, en muchos casos, el alcance real de los daños producidos por la riada.No obstante, algunas empresas han comenzado a dar a conocer sus balances particulares de la catástrofe. José Antonio Carrilero, delegado provincial de la compañía Telefónica, cifró las pérdidas en instalaciones en unos 315 millones de pesetas, a los que habrá que sumar 500 millones más en materiales perdidos, y otros quince en vehículos. La Telefónica, según palabras de Carrilero, tenía en la tarde de ayer restablecido aproximadamente el 90% del servicio urbano y consideraba que se podrá normalizar la totalidad de las líneas en un plazo máximo de 15 días.

Por su parte, el consejero delegado de Echevarría, Vicente Carretero, manifestó que las pérdidas totales de su empresa se elevan a 3.751 millones de pesetas. En un resumen bastante pormenorizado de la situación, el primero que presenta públicamente una empresa instalada en Vizcaya, se establecen tres partidas fundamentales que componen ese total: 512 millones de pesetas que representarán las tareas de desescombro y limpieza, 825 millones que suman las pérdidas materiales propiamente dichas, y 2.414 más que deberán destinarse a reparaciones y repuestos. A estas cifras habrá que añadir algo más de mil millones de pesetas como consecuencia de las pérdidas que representan los retrasos en la producción. No obstante, Carretero manifestó que ha recibido ofertas de solidaridad de otras empresas, que les permitirán atender los pedidos más urgentes de sus clientes, sin que se produzcan graves perjuicios en este capítulo.

Regulación de empleo

En la mañana de ayer Echevarría presentó un expediente de regulación temporal de empleo de 2.606 trabajadores por un plazo de tres meses, acogiéndose a las medidas extraordinarias anunciadas el pasado martes por el director general de Empleo en Bilbao. Según estiman fuentes de la propia empresa, la producción podrá recobrar su ritmo normal dentro de unos dos meses.En cuanto a las medidas de ayuda que van a iniciarse, José María Makua, diputado foral vizcaíno, manifestó que estaba dispuesto a arruinar su diputación para salvar la provincia y la capital. Fuentes próximas a la propia diputación señalaban que tan pronto como esté realizada la estimación de pérdidas, cuyo primer avance esperan tener el próximo fin de semana, se establecerá un presupuesto extraordinario, a base de los fondos de la propia administración, de los conciertos que puedan establecerse con bancos y cajas de ahorros, de las subvenciones y donativos, así como de la propia capacidad de endeudamiento de este organismo.

Por su parte, el Banco de Bilbao anunció en la tarde de ayer la instrumentalización de una serie de medidas internas para ayudar a los damnificados por el desbordamiento de los ríos. En concreto, se establecerán moratorias en las amortizaciones y pago de interés de los créditos a medida que vayan venciendo, así como de los efectos comerciales y letras de cambio. A la vez sus responsables se comprometieron a establecer unas líneas especiales de crédito, cuatro o cinco puntos por debajo de los tipos actuales de interés para gastos de reconstrucción.