La reestructuración del marco de Jerez ha sido pactada por la Administración y todos los sectores afectados

La estructura de la propiedad de la tierra en el marco de Jerez de la Frontera, con un sin fin de cruces entre propietarios individuales de tierra cuyo monocultivo básico es la viña y sociedades anónimas de gran poder en la zona, es uno de los componentes básicos para interpretar la especial situación de que se ha gozado en Jerez frente al resto de la provincia. De una situación de monocultivo selectivo con gran aceptación en los mercados exteriores se han venido beneficiando prácticamente todos los habitantes de la zona, desde los exportadores y bodegueros hasta los trabajadores de la tierra, pasando por los propietarios de la misma.El ciclo de producción en el marco de Jerez hasta la irrupción de las empresas del grupo Rumasa era claro. La producción de uva se repartía básicamente entre las grandes sociedades anónimas y los propietarios individuales ligados por lazos familiares a los propietarios de las grandes sociedades. Estas empresas adquirían la uva, que transformaban en vino de jerez y lo ponían en los mercados exteriores, donde su aceptación era creciente. Los ingresos obtenidos por este mecanismo permitía incluso una paz social importante como consecuencia del pago de fuertes salarios a los trabajadores del marco.

La lucha de José María Ruiz-Mateos por hacerse con el primer puesto entre los criadores y elaboradores de vino de jerez trastocó el equilibrio anterior, forzando un crecimiento en la superficie de la tierra destinada a la producción de uva, que ha pasado de 11.600 hectáreas en 1970 a 21.700 hectáreas en 1982. Prácticamente en una década, la superficie destinada a este cultivo se duplicó, y la producción, a partir de que las nuevas viñas entraran en explotación comercial, pasó de las 22 1.000 botas de -500 litros en la campaña 1970-1971 a las 280.000 botas en que se estima pueda situarse para la actual.

La compra de mosto para la fabricación y crianza de vino de jerez por parte de las empresas de Rumasa se ha venido haciendo tanto a las propias sociedades del grupo con actividades agrícolas como a las cooperativas de agricultores que surgieron a la sombra de la lucha desatada por lograr el control del vino de jerez y a los propietarios individuales. En los últimos años, la producción de uva ha cambiado y se puede hablar de que un tercio procede de las fincas de las sociedades anónimas, entre las que se encuentran las empresas de Rumasa; otro tercio corresponde a los grandes propietarios privados, entre los que también se encontrarían algunas de las principales marcas de vinos de Rumasa, y el resto procedía de las cooperativas de producción. La evolución creciente en la producción de uva en el marco de Jerez se vio favorecida por el precio de la misma, más alto que el normal, y que empujaba a que los agricultores siguieran su política de crecimiento de la superficie destinada a este cultivo ante la salida que tenía en el mercado su producción. El kilo de uva en Jerez en la campaña 1971-1972 costaba 6,50 pesetas, mientras que en el resto apenas si sobrepasaba las 3 pesetas. En la actualidad, el precio del kilo de la uva de Jerez está situado en 23 pesetas, mientras que en el resto de España no llega a las 10 pesetas. Esta diferencia de precios ha permitido que los salarios de los trabajadores del campo del marco de Jerez estén un 30% por encima de los salarios de los trabajadores agrícolas del resto de la provincia.

Estancamiento de exportaciones

Esta situación de auge en el marco, que permitía obtener ganancias suplementarias a todos los implicados en el proceso productivo del vino de jerez, empezó a entrar en decadencia una vez que la crisis de ventas de los caldos se ha mostrado con toda su crudeza en los mercados exteriores. En la última década, el consumo de vino de jerez en España apenas si ha experimentado variación, y ha pasado de 33.000 botas en 1970 a 35.000 en el año actual. Las exportaciones han pasado, en el mismo período, de 151.000 botas a 265.000 en la actualidad. Pero esta cifra está prácticamente estabilizada desde hace siete años, cuando se exportaron 257.000 botas de vino de jerez. Incluso en algunos años se ha logrado vender en el exterior cantidades superiores. La crisis económica que ha afectado a los países industrializados, especialmente al Reino Unido, se ha dejado notar claramente en el consumo de artículos de lujo, entre los que se encuentra el jerez. Este estancamiento en las ventas interiores y exteriores contrasta con el aumento de producción de vino, lo que se ha traducido en un sustancial incremento de las existencias sin salida a los mercados. En 1970 había unas existencias que no llegaban a las 600.000 botas, mientras que en la actualidad rondan el millón de botas de 500 litros. La crisis de las grandes empresas bodegueras y exportadoras, con graves problemas financieros para sufragar los gastos de almacenamiento, es la traducción monetaria de este exceso de producción, en función de las salidas existentes en los mercados. Estos problemas han llevado a que en los últimos años algunas de las grandes empresas cambiaran de dueños o pasaran a Rumasa directamente o a través de fiduciarios, con lo que se mantenía la lucha por la concentración y parecía irse haciendo realidad el sueño de Ruiz-Mateos por controlar el vino de jerez y acercarse a su sueño dorado: el control de Domecq.

La expropiación de Rumasa y el ser el sexto año consecutivo de crisis de ventas en el exterior planteó que en la primavera pasada se iniciaran los primeros intentos de negociación con la Administración para buscar una salida a la situación. En un primer momento, la idea que se tenía era que los que sufrirían básicamente los costes de la crisis serían los miembros de las cooperativas agrícolas de producción, que no encontrarían salida a su uva, ya que las grandes sociedades anónimas utilizarían en primer lugar su propia uva, después la de las fincas con cuyos propietarios tienen vínculos familiares y sólo en tercer lugar la de las cooperativas. Comoquiera que ya no pueden seguir almacenando en sus bodegas, esta uva sería muy difícil de vender. El descenso de producción tendría repercusiones claras en el empleo de la zona y la reestructuración parcial que se proponía tenía todos los tintes de convertirse en un reparto inversamente proporcional a los beneficios.

Crisis estructural

La idea primitiva de la que partían los cosecheros y exportadores era que la crisis era coyuntural, mientras que la Administración entendía que tenía características estructurales y que se debía proceder a un nuevo ordenamiento del marco de Jerez en su conjunto. El hecho de que las empresas de Rumasa sean en la actualidad de propiedad pública ha jugado un papel importante en la resolución toma da, que exige compromisos y sacrificios en todas partes.A la pretensión de que fueran las empresas cooperativas las que cargaran con la mayor parte de la crisis, la Administración ha respondido de manera velada que ello podría provocar que la uva que necesitaran las empresas del grupo podría proceder de forma exclusiva de sus propios viñedos y de las cooperativas, lo que dejaría en mala posición a buena parte de los grandes agricultores privados que colocaban su uva en las empresas de Rumasa.

El plan de reestructuración del marco de Jerez contempla compromisos referentes a incrementos moderados en los salarios, tanto de los trabajadores de la tierra como de los que lo hacen en las bodegas, ya que sus salarios no crecerán por encima del índice de precios al consumo en los tres próximos años y, en cualquier caso, se aceptaría el porcentaje resultante de cualquier pacto o acuerdo marco. En el caso concreto de los trabajadores de empresas bodegueras, éstos deberán asumir una moderación salarial específica para las empresas que funcionan con déficit o pérdidas, de acuerdo con las directrices que se señalan en los acuerdos marco entre organizaciones patronales y sindicales.

Los viticultores, por su lado, se comprometen a moderar el crecimiento del precio de la uva y a su congelación para la vendimia de 1983. La Administración concederá estímulos por valor de 150 millones de pesetas para que se proceda al arranque de 1.500 hectáreas de viña y vigilará las replantaciones que se hagan con el fin de que se introduzcan variedades necesarias para determinados vinos y que tienen que adquirirse fuera del marco por su inexistencia en él.

El principal sacrificio que se les pide a los viticultores, en cualquier caso, es que acepten que cada año se descalificará un volumen de uva, aplicable proporcionalmente a la producción de todos los viticultores, equivalente a la mitad de la diferencia entre la producción y la que se corresponda a la producción de mosto que se considere debe entrar en crianza.