Las gasolineras ofrecen descuentos ilegales en Francia

La llamada guerra de la gasolina enfrenta este verano a consumidores y estaciones de servicio que ofrecen descuentos ilegales, por un lado, contra una Administración que asegura proteger al consumidor defendiendo la actual red de distribución petrolera en Francia. En el fondo de la disputa está el principio del precio libre de la gasolina, no respetado por el Gobierno francés, en contradicción con el Tratado de Roma. Detentador del monopolio de importación desde 1928, el Estado concede licencias temporales a las grandes compañías y a pequeños distribuidores, algunos de los cuales han sido ahora sancionados por ofrecer precios más competitivos a los automovilistas. A finales de año, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo se pronunciará sobre las infracciones de Francia a la legislación comunitaria en materia de libre competencia.

Para entender la polémica batalla de la gasolina, en la que las asociaciones de consumidores se han manifestado contra la reglamentación gubernamental, hay que empezar conociendo la red de gasolineras en Francia. De las 39.000 estaciones de servicio existentes, unas 7.000 (el 18%) están en manos de las grandes compañías, entre las que se encuentra la nacionalizada Elf-Aquitania y las multinacionales Shell o Exxon. Su cifra de ventas representa el 35% del volumen anual total.Ese mismo porcentaje es alcanzado por los pequeños, que son alrededor de 26.000, el 70% de las gasolineras francesas. Entre unos y otros, existe en Francia un sector representado por super e hipermercados (Carrefour o Manimounth, por ejemplo), que, junto con pequeñas agrupaciones de distribución y venta independientes, ofrecen la gasolina más barata de lo que permite la ley.Legislación que es juzgada irracional por consumidores y vendedores afectados. Denunciada ante el tribunal europeo, esa ley podría ser modificada próximamente si las autoridades francesas consiguen sentar en la mesa de negociaciones a las partes implicadas. Hay que decir que Francia es el único país del Mercado Común que no permite el precio libre de los productos petrolíferos desde que, en 1973, un decreto ministerial fijara los descuentos máximos permitidos.

Esa limitación, que autoriza rebajas de hasta 1,9 pesetas por litro, viene siendo burlada por 1.500 grandes establecimientos y por el circuito de casi 4.000 gasolineras asociadas, quienes llegan a ofrecer un descuento de 6,65 pesetas por litro de super, cuyo precio oficial es de 94 pe setas.

Suspensión de licencias

El monopolio estatal de importación de crudo se reglamenta por la ley de 1928. Desde entonces, el Estado concede a las grandes compañías licencias de 10 años, renovables; los pequeños importadores no pueden solicitar sino licencias por tres años, igualmente ampliables.Uno de ellos, Michel Leclerc, en cabeza de la campaña a favor del precio libre y practicante del descuento ilegal, ha sido suspendido provisionalmente de su licencia de exportación, que utilizaba para abastecerse del 20% de la gasolina que vendía él mismo o sus socios. Antes de la intervención gubernamental, bajo presiones del lobby petrolero, la justicia había sancionado con multas de 19.000 a 190.000 pesetas a los infractores.

Las grandes compañías, multinacionales en gran parte, han comenzado tímidamente a practicar la rebaja legal del 10% en su red nacional de estaciones de servicio. Circuito considerado por el responsable de la Energía, Jean Auroux, como "importante para el servicio público". El ministro pretende, frenando los precios salvajes, disminuir el consumo de gasolina y evitar que desaparezcan los puntos de venta rurales, que se dicen amenazados por los practicantes del descuento ilegal.

De las 94 pesetas que cuesta el litro de super, los vendedores que controlan la distribución tienen un margen de beneficio de 6,27 pesetas, que resulta sustancialmente mayor en el caso de las grandes superficies, ya que los gastos de almacenaje pueden ser cargados a cuenta de los generales. Eso es posible porque la venta competitiva estimula la compra de otros productos.

Las asociaciones de consumidores reclaman el precio libre de la gasolina porque de esa manera el automovilista podría ahorrar, en el caso francés, una media que se acerca a las 6.000 pesetas anuales. La aplicación de ese principio estimularía el dinamismo comercial, aseguran, aunque es evidente que provocaría el cierre de numerosas gasolineras. "No podemos permitir", ha declarado Auroux, "que en las zonas rurales nos quedemos con una estación cada 150 kilómetros; eso provocaría un derroche de carburante al tener que desplazarse inútilmente el usuario".

Desaparición de gasolineras

Los grandes, por otra parte, podrían estar favoreciendo la desaparición de las gasolineras con bajo volumen de ventas. Es preciso señalar que los paladines del precio libre se abastecen principalmente en las refinerías de las grandes compañías, que tienen medios más rentables de almacenaje y transporte, recurriendo al mercado libre de Rotterdam sólo en contadas ocasiones.Hace una quincena de años, tanto Francia como Alemania Occidental y el Reino Unido tenían alrededor de 46.000 estaciones de servicio cada una. En la actualidad, Francia se ha quedado en las 39.000, mientras en los otros dos países comunitarios oscilan alrededor de las 18.000. Todo indica que también en suelo francés la tendencia a la concentración va a continuar, aunque la gasolina barata sea mal vista por las autoridades, que dicen luchar contra la inflación al mantener un precio político alto.

La filial de Shell en Francia ha sido presionada por el Gobierno para que no venda gasolina a las estaciones Leclerc, abanderadas del movimiento. Otras compañías importadoras han sido advertidas de la inconveniencia en facilitar productos a quienes no respeten la ley. 450 denuncias de infracción han sido contabilizadas por los organismos competentes desde abril pasado. Por su parte, media docena de asociaciones de consumidores, algunas de ellas propietarias a su vez de gasolineras, han denunciado en los tribunales el rechazo de abastecimiento que padecen.