El edificio construido junto al Acueducto de Segovia será expropiado si no hay acuerdo entre empresa y ayuntamiento

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La historia de la construcción de la plaza Oriental del Acueducto de Segovia -ahora llamada plaza de la Artillería- ha sido una sucesión de controversias, discusiones, parches, pastiches y sagas de familias vinculadas a la construcción y a cargos públicos. Ha sido una sucesión de política de pasillos, burocracia administrativa, amiguismo, desinterés de los afectados e irresponsabilidad de los organismos competentes.Hasta 1960, la zona oriental del Acueducto estuvo ocupada por edificaciones de diversas épocas, incluso del siglo XV. La demolición de estas casas se permitió con el fin de crear una "plaza Oriental" que conservara el entorno del monumento. Aquí comenzaron las polémicas. Unos pensaban que lo mejor era limpiar la plaza para no dificultar la visión del Acueducto, mientras otros creían que la construcción de edificios en la zona haría resaltar el monumento.

En 1966, se tramita un plan parcial de esa zona y, en 1973, el pleno del Ayuntamiento de Segovia decide encargar una revisión de ese plan a Alberto García Gil, arquitecto del edificio paralizado ahora; José Miguel Merino de Cáceres, vinculado posteriormente a la dirección provincial de Bellas Artes, y Jaime Llorente López, actual arquitecto municipal, que desempeñaba ese cargo también en esa fecha. En 1975, el pleno encarga la redacción del plan a estos tres arquitectos, uno de los cuales, José Miguel Merino, accedió ese año al cargo de arquitecto de la dirección provincial de Bellas Artes.

Alberto García Gil, presidente del Colegio de Arquitectos de Segovia desde 1969, lleva varios años dándole vueltas a la idea de construir en la plaza Oriental y tiene en mente un proyecto ambicioso. Además, al ser uno de los participantes en la redacción del plan de la plaza Oriental, conoce muy bien las posibilidades que ofrece la zona. Su padre, Alberto García Herranz, es propietario de terrenos en la plaza. La idea va tomando forma. En 1979 se crea la empresa Inprogarsa, Inmobiliaria y Promotora García, SA, que comienza sus operaciones el 13 de julio de ese año, según consta en el registro de la propiedad mercantil.

Saga de familias

El presidente de Inprogarsa es Alberto García Herranz, padre del arquitecto. El vicepresidente de la empresa es Ignacio García Martín, familiar directo del actual vicepresidente de la diputación provincial y concejal del ayuntamiento por la Coalición Popular, Ignacio García. Estas dos personas son los principales accionistas de la empresa que ahora ha visto paralizado su proyecto de construcción. La secretaria de Inprogarsa, que tiene alrededor de un 8% de acciones en la empresa, es Nicolasa Lorenza García Martín, madre del actual delegado provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Javier Reguera. La saga de las familias.

La sociedad inicia sus operaciones con un capital social de cien millones de pesetas. A partir de ahí comienza una larga carrera administrativa que supera los filtros de los técnicos del ayuntamiento y de Bellas Artes. Pero la historia tiene un desglose significativo.

Alberto García Gil, arquitecto del edificio paralizado que ha levantado un sinnúmero de polémicas, incluso a nivel internacional, fue consejero provincial de Bellas Artes en Segovia en 1970 y ese mismo año fue nombrado jefe del Servicio de Monumentos del Patrimonio Artístico Nacional de Bellas Artes. Sus detractores le han achacado que sus influencias en la santa casa le permitieran realizar proyectos como el actual sin problemas para conseguir las correspondientes licencias.

En julio de 1981, el ayuntamiento permite la demolición de varias casas que se encontraban en la plaza Oriental, muy próximas al Acueducto, lo que provoca, unido a una serie de fugas de agua del subsuelo, desplomes y movimientos de terreno. El problema es tan grave, dada la proximidad de los corrimientos de terreno al monumento, que el entonces director general de Bellas Artes, Javier Tusell, envía el 22 de diciembre de 1981 un telegrama a las autoridades competentes ordenando urgentemente la paralización provisional de las obras de derribo, excepto las de apuntalamiento necesarias para evitar otros posibles movimientos.

El arquitecto municipal redacta un informe para el alcalde, fechado el 29 de diciembre de 1981, en el que dice que anteriormente a estos sucesos "ya se había expuesto con toda claridad que el vaciado causante del derrumbamiento parcial de las calles de Alamillo y Ochoa Ondátegui carecía de la preceptiva y obligatoria licencia municipal".

También, según fuentes municipales, se comienza a trabajar en la construccción del edificio paralizado -cotas y cimientos- antes de aprobarse definitivamente ese proyecto.

Curioso consejero de Bellas Artes

El consejero provincial de Bellas Artes de Segovia, Alonso Zamora, que tomó posesión de su cargo el 25 de febrero de 1981, remitió recientemente un curioso comunicado a los medios de información segovianos ante la polémica levantada en torno a la paralización del edificio. Manifestaba que, "aun a riesgo de no aclarar nada", el Ministerio de Cultura había operado legalmente y se mostraba favorable a la idea de suprimir el tráfico rodado bajo los arcos del Acueducto, dejando la plaza de la Artilllería como zona peatonal, ya que "está claro que el agua que salta desde el suelo impulsada por las ruedas de los vehículos, al igual que los gases, están provocando la disolución acelerada del elemento que aglutina la piedra, es decir, los feldespatos.

Así, micas y cuarzos quedan libres, y el granito y el monumento se están convirtiendo en arena, por no hablar de los siempre posibles golpes y de las vibraciones incesantes a que actualmente se ve sometida la construcción". Sin embargo, Alonso Zamora permitió el vaciado de los edificios próximos al Acueducto, lo que provocó un corrimiento del terreno y, sin realizarse un estudio geotécnico de la zona, se permitió barrenar la zona para levantar los cimientos del edificio paralizado, que se encuentra a menos de doscientos metros del Acueducto.

La licencia definitiva de la construcción del edificio ahora paralizado fue aprobada por unanimidad el 7 de diciembre de 1982. Los cinco concejales de UCD y los tres del PSOE aprobaron ese proyecto. La Dirección General de Bellas Artes aprobó la ejecución del proyecto nueve días después. Todos tenían el proyecto ahora paralizado en sus manos y lo aprobaron.

Contradicciones e irresponsabilidades

Siete meses después, con el PSOE ya en el gobierno municipal tras la celebración de las elecciones, los socialistas, que antes habían dicho sí al proyecto, se asustaron al observar la estructura del edificio. La comisión permanente del ayuntamiento ordena la paralización de las obras el 13 de de julio de este año. El 29 de julio, el alcalde socialista de Segovia, Miguel Ángel Trapero, visita al ministro de Cultura, Javier Solana, para informarle de la situación, y el 1 de agosto la Dirección General de Bellas Artes reafirma la paralización de las obras y anuncia la expropiación parcial del edificio. Parece que los técnicos municipales y de Bellas Artes no hubieran estudiado el proyecto y sólo se dieron cuenta del problema cuando vieron levantadas la estructura de las cinco plantas del edificio.

La irresponsabilidad de los organismos competentes que dieron luz verde al proyecto para ahora paralizarlo costará un serio perjuicio a los segovianos y a la Administración, que deberá pagar una indemnización por esta decisión, dado que la empresa tiene sus licencias absolutamente legales. También la empresa ha sufrido ya un grave perjuicio económico y todo dependerá de si se logra un acuerdo. En caso contrario, comenzará un largo proceso jurídico y las estructuras paralizadas pueden permanecer allí durante años.

Giuliano Cannata, experto en urbanismo, concejal del Ayuntamiento de Roma de 1976 a 1979 y admirador de Segovia, a la que visita desde 1965, escribió recientemente en el periódico local un artículo en el que atacaba duramente la construcción del citado edificio. "Es criminal", decía, "la sucesión bien estudiada de hechos (plan de ordenación, proyecto, permiso de obra y distintas autorizaciones) que han permitido su realización. Criminal es la sustracción a todos (segovianos, los españoles, el mundo) de un patrimonio único y común a favor de unos cuantos metros cúbicos más para unos pequeños, ridículos especuladores de provincia".