Dos 'subasteros', un abogado y un empresario, procesados por estafa e irregularidades en una subasta de la Seguridad Social

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona ha ordenado el procesamiento de cuatro personas relacionadas con una subasta celebrada por la Magistratura de Trabajo Especial de Ejecuciones Gubernativas, a requerimiento de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social de Barcelona. Los procesados son el abogado mercantilista José Pablo Sánchez Iñigo, el subastero Rafael Grau, el hijo de éste y el empresario Federico Trapé. Los dos primeros se encuentran ingresados, desde el primero de julio, en la prisión Modelo de Barcelona, en situación de prisión incondicional, mientras que el juez ordenó a mediados de julio la libertad provisional con una fianza de 100.000 pesetas para el empresario procesado y la libertad provisional sin fianza para el hijo de Grau, de 30 años.

Las actuaciones judiciales se inscribieron inicialmente en las diligencias previas 702/83 del mismo juzgado instructor, abiertas para averiguar presuntas actividades delictivas de varios grupos de subasteros en las subastas convocadas por la Seguridad Social. Entre las personas que se adjudican en práctico régimen de monopolio los bienes ejecutados, destaca el ultraderechista Alberto Royuela. La investigación judicial, que se prolonga desde hace varios meses, se dirige a establecer varios posibles delitos conjuntos, que tienen como elemento común, pero no único, la existencia de maquinaciones para alterar el precio de las cosas, figura jurídica, sin embargo, escasamente penalizada en España.

Sumario individualizado

El sumario incoado a partir de estos primeros cuatro procesamientos ha sido individualizado respecto a las diligencias generales que prosiguen para la averiguación de la posible comisión de otros delitos. Está prevista la acumulación de varios expedientes actualmente en trámite en distintos juzgados de instrucción de la provincia de Barcelona.El punto de conexión entre ellos sería la repetición de un engranaje que posibilita la defraudación a empresarios, trabajadores y, en especial, a la propia Seguridad Social. En las citadas operaciones participan profesionales que, de común acuerdo con los llamados subasteros, ofrecen soluciones de carácter irregular a los empresarios afectados por ejecuciones de la Seguridad Social, a cambio de un precio en el que, al parecer, participarían diferentes personas del engranaje.

El abogado de empresas José Pablo Sánchez Iñigo, colegiado en Zaragoza y en otros varios colegios de abogados de España, es el primer letrado que ha sido encarcelado por su presunta actuación ilegal profesional, que ha sido calificada inicialmente como estafa en el auto de procesamiento. Sánchez Iñigo intervino en la adjudicación de los bienes del empresario Federico Trapé, también procesado y propietario de una industria dedicada a la fabricación de maquinaria en la localidad de Montesquiu, próxima a Vic. La empresa se encontraba en situación de insolvencia provisional, mientras se tramítaba un expediente de stispensión de pagos ante el juzgado de Vic. La Seguridad Social, por, su parte, embargó la mayor parte del activo de la empresa, por ímpago de cuotas de los trabajadores.

En este caso, la operación, popularmente conocida entre determinados empresarios como recompra, fue encomendada al subastero Grau, asiduo visitante de las subastas de la Magistratura de Trabajo.

La maquinaria fue cedida en segunda adjudicación al abogado, que debía iniciar los trámites para formar una nueva sociedad anómina. La insolvencia de la primera empresa, frente,a acreedores de la suspensión de pagos y frente a los créditos salariales, sería el resultado de la citada adjudicación.

Otros numerosos casos de idéntica naturaleza se encuentran actualmente sujetos a investigación, después de ser denunciados por los perjudicados.