La Iglesia española, insatisfecha con los acuerdos Estado-Santa Sede firmados en 1979

La Conferencia Episcopal española se muestra insatisfecha con la aplicación y los resultados de los Acuerdos Estado-Santa Sede firmados, en enero de 1979 en Roma, por el ministro de Asuntos Exteriores de entonces, Marcelino Oreja, y el secretario de Estado del Vaticano, Jean Villot. Esta es una de las conclusiones que se desprenden de un documento -el único- que representantes de la Iglesia española entregaron al vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, y a los ministros de Justicia y Educación, Ledesma y Maravall, respectivamente, para "renegociar" las relaciones bilaterales con el nuevo Gobierno del PSOE.

El documento, al que ha tenido acceso EL PAIS, critica la "ambigüedad" con que fueron redactados los Acuerdos de 1979, manifiesta la acusada insatisfacción de los obispos españoles por la aplicación de los mismos -en algún caso concreto, referido a la enseñanza, señala directamente "la incompetencia de la Administración"-, propone "un profundo cambio estructura" en los métodos de diálogo Iglesia-Estado, sugiere las soluciones para "terminar con esta escalada de fallos", y concluye recordando al Gobierno de Felipe González la aplicación de "criterios de generosidad y realismo político".En la última página del texto base entregado al Gobierno, los obispos incluyen una "observación final" en la que, tras alegar que lo que exponen y solicitan sólo afecta a la dimensión institucional de las relaciones Iglesia Estado, recuerdan: "Nadie ignora que la Iglesia, en el ejercicio de su misión, tiene el deber de orientar la conciencia moral de los católicos en todos los aspectos de la vida, públicos y privados, de moral individual y moral social y política" y, un poco antes, insisten en que el Gobierno debe poseer "generosidad" y "tacto histórico, cultural y político, junto a una modestia sincera, para reconocer a la Iglesia católica no una situación de privilegio, sino el sitio jurídico, público y privado que responda a lo que ella sigrifica_en la sociedad española".

A mediados del pasado mes de abril, se produjo el primer (y hasta ahora único) contacto oficial entre el Gobierno y la jerarquía católica. El vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, el ministro de Educación, José María Maravall y el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, recibieron entonces en el Palacio de la Moncloa al vicepresidente de la Conferencia Episcopal, José Delicado Baeza; al secretario general, Fernando Sebastián, y al presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, Elías Yanes. A la salida, ambas partes manifestaron que el encuentro respodía a un "deseo de racionalizar los acuerdos suscritos por el Gobierno español y la Santa Sede en l979". Si bien no trascendió en aquellos días, los representantes episcopales entregaron al vicepresidente Guerra el mencionado documento, titulado "Promemoria para un diálogo con el Gobierno sobre la actual situación de las relaciones Iglesia-Estado".

Las mayores preocupaciones de la Iglesia

La "promemoria" consta de 16 folios, mecanografiados a un sólo espacio, donde se exponen ordenadamente las mayores preocupaciones de la Iglesia y la forma que, en su opinión, deberían abordarse. Parte de una introducción de Ideas básicas en la que expresan: "La Conferencia Episcopal Española enfoca el diálogo desde unos presupuestos fundamentales que conviene aclarar desde el principio, desde lo que podría denominarse una suma de ideas básicas básicas, en lo doctrinal, en lo jurídico y en lo relativo a la política eclesiástica en la acción del Gobierno". A los dos primeros apartados dedica un folio y medio, en tanto que los restantes corresponde al tercero.

Lo doctrinal no plantea problemas. Se postula la libertad de la Iglesia sobre el derecho civil a la libertad religiosa y se ofrecen unas relaciones de positiva cooperación con el Estado; y en lo jurídico se recuerda la vigencia de los Acuerdos bilaterales y su carácter de tratado internacional, y se afirma que se ha conseguido un buen marco jurídico para "su normal y fecundo desenvolvimiento".

"Los problemas comienzan", añade a continuación el documento, "en la aplicación y cumplimiento de los Acuerdos Iglesia-Estado vigentes, ya que después de cuatro años nos hallamos todavía inmersos en en el proceso, muy desigual, de su puesta en práctica". Critican los obispos la ambigüedad del lenguaje con que están redactados los Acuerdos, hecho que, en su opinión, dificulta, su desarrollo, como también lo dificulta "la constante remisión a ulteriores negociaciones en cuestiones de gran importancia"; recuerdan que tales Acuerdos "no fueron una normal renovación" de relaciones bilaterales, sino que, al sustituir al Concordato que la Iglesia Firmó con Franco en 1953, han supuesto "un cambio profundo".

Desde esta perspectiva se adelantan a lo que ha sido después uno de los principales puntos de conflicto con el Gobierno, la libertad de cátedra, a propósito de la LODE (Ley orgánica reguladora del Derecho a la Educación), y se preguntan: ¿Cómo no va a ser difícil, por ejemplo, la aplicación de las normas concordadas, relativas a la enseñanza de la religión, en donde se intenta conjugar la libertad religiosa de los profesores con el derecho de los padres a determinar en la escuela la formación de la formación religiosa y moral de sus hijos, de acuerdo con sus propias convicciones, y ello a través de la mutua cooperación de Iglesia y Administración pública?. "El problema podría ejemplarizarse en otros muchos supuestos similares", subrayan.

Parten los redactores del documento de "un doble contexto de lo que podríamos denominar dificultades jurídicas y dificultades históricas de origen" antes de ofrecer a la Administración "los cauces convenientes de diálogo para una ejecución bilateral, diligente y amistosa", así como "propugnar un método inductivo y progresivo en el tratamiento de los asuntos, atendiéndose a la mayor o menor gravedad y urgencia de los mismos". Señalan como "más graves problemas pendientes de solución", la mayor parte de los acuerdos sobre enseñanza, que ellos mismos definen como "el área más importante por su volumen y complejidad", los relativos al Patrimonio Histórico-artístico propiedad de la Iglesia, y lamentan que sólo se ha llegado a iniciar conversaciones con Justicia y Sanidad para regular la asistencia religiosa en los centros de la Seguridad Social y los capellanes de las prisiones, así como su presencia en los medios de comunicación social del Estado. En este punto, critican el acuerdo con televisión sobre programación religiosa, del que dicen "no nos satisface plenamente", y reclaman mayor presencia en "los otros medios de comunicación del Estado que no son la televisión".